El 86% de los diputados del Congreso declara al menos una vivienda en propiedad y 65 de los 350 parlamentarios perciben ingresos por alquileres, según dos recuentos realizados por Europa Press a partir de las declaraciones de bienes presentadas ante la Cámara. Así, casi uno de cada cinco representantes que legislan sobre los derechos de los inquilinos, a su vez, recibe rentas por arrendar inmuebles. Las declaraciones no siempre aclaran si se trata de pisos, locales comerciales, plazas de garaje o fincas rústicas.
Los datos adquieren especial relevancia tras el rechazo de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, el pasado 2 de octubre. Las normas incluían medidas dirigidas a los inquilinos, como prórrogas extraordinarias de contratos y mecanismos de protección frente a los desahucios de hogares vulnerables.
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65 diputados con rentas de alquiler
La última revisión de Europa Press eleva a 65 los diputados que declaran ingresos procedentes de arrendamientos. La cifra supone alrededor del 19% de los escaños y se basa en las declaraciones de bienes entregadas al inicio de la legislatura o actualizadas durante ella.
El Partido Popular concentra el mayor número de parlamentarios con este tipo de ingresos: 30 de sus 137 diputados, el 22% del grupo. En el PSOE, 17 de sus 121 representantes -el 14,09%- han declarado rentas de alquiler. Por su parte, la formación de extrema derecha Vox suma nueve diputados de un total de 32, el 28,12%.
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Por proporción dentro de cada grupo, Junts encabeza la lista: tres de sus siete diputados, el 42,85%, han registrado ingresos por alquileres de viviendas o locales. EH Bildu tenía dos parlamentarios en esta situación, el Partido Nacionalista Vasco uno y Sumar dos.
Según la agencia, Esquerra Republicana no contaba con diputados que declarasen rentas de alquiler. Tampoco figuraban ingresos de este tipo entre los representantes de Podemos, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Compromís.
El diputado Gabriel Rufián utiliza un billete de 50 euros y unas llaves para simbolizar el debate político actual, criticando a sus oponentes por, según él, priorizar el dinero sobre las necesidades básicas de la ciudadanía como la vivienda.
Sánchez y Feijóo reciben ingresos anuales por arrendar inmuebles
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró dos viviendas y 12.845 euros de ingresos anuales por alquiler. Su principal oponente político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consignó tres viviendas, una finca rústica y 5.584 euros al año como rendimiento de sus inmuebles.
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También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró 11.797 euros anuales por el alquiler de un piso, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, incluyó 2.656 euros por la renta de un apartamento.
Asimismo, Europa Press sitúa las rentas más altas declaradas dentro del Partido Popular en una horquilla de entre 19.000 y 36.000 euros anuales.
Casi nueve de cada diez diputados tienen al menos una vivienda
La agencia de noticias publicó en febrero de este año una primera radiografía de las declaraciones de bienes de los diputados del Congreso y destacó que el 86% de los diputados tenía al menos una vivienda en propiedad, es decir, casi nueve de cada diez parlamentarios. Solo el 13,86% restante no declaraba ninguna.
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En este sentido, la propiedad inmobiliaria es mayoritaria en el Congreso y una parte de los diputados obtiene ingresos de ella. Sin embargo, solo revisando cada declaración y separando viviendas de locales, garajes, terrenos, fincas rústicas y participaciones compartidas se podría afirmar que la mayoría de la Cámara tiene varias viviendas.
Los decretos rechazados incluían medidas para inquilinos y propietarios
Los dos decretos de vivienda rechazados esta semana incorporaban una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028, cambios en el alquiler de temporada y por habitaciones, y nuevas condiciones para la protección frente a desahucios de hogares vulnerables.
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También contemplaban beneficios fiscales para propietarios que rebajaran la renta a sus inquilinos y una reducción de esas ventajas en determinados supuestos de subidas elevadas. El primer decreto cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor; el segundo, por 184 votos en contra y 166 favorables.
El Congreso rechazó ambos textos con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. El Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria se sumaron al rechazo del segundo decreto, que introducía la renovación automática de determinados contratos de alquiler.
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