El aval de los padres se convierte en el “pasaporte” para alquilar una habitación de estudiante: ya lo exige el 80% de los caseros

Encontrar una habitación de estudiante se ha convertido en una carrera en la que no siempre gana quien puede pagar el alquiler. Ocho de cada diez propietarios que las alquilan solicitan un aval solidario de los padres o de otro familiar, según un informe de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado (SEAG). La falta de una nómina estable y de ingresos regulares entre los jóvenes hace que la solvencia de sus familias se haya convertido en uno de los principales criterios de selección, especialmente cuando varios candidatos compiten por la misma vivienda.

La documentación que se exige para superar ese filtro también se ha endurecido. Además del aval y de la fianza, los propietarios suelen solicitar las últimas nóminas y el contrato laboral del familiar que responde por el estudiante. En determinados casos, también reclaman la declaración de la renta del avalista. A estas garantías se suma, según SEAG, otra exigencia que afecta aproximadamente a la mitad de los arrendadores: aportar una garantía económica adicional o adelantar varias mensualidades.

El resultado es que entrar en una habitación puede requerir un desembolso considerable antes incluso de comenzar el curso. La cantidad inicial puede equivaler a entre dos y cuatro meses de alquiler, al sumar la primera mensualidad, la fianza y otras garantías. Para una familia, el esfuerzo económico se produce además en un momento en el que el precio de las habitaciones continúa al alza y la oferta en las principales ciudades universitarias resulta cada vez más tensionada.

Hasta 7.000 euros por un curso

El coste varía dependiendo de la ciudad. Las estimaciones de SEAG sitúan el precio medio mensual de una habitación en unos 700 euros en Barcelona y 650 euros en Madrid. Málaga alcanza los 550 euros, mientras que Valencia ronda los 450. En Bilbao y Sevilla el precio medio se sitúa en torno a los 400 euros; Salamanca y Zaragoza, en 380; Alicante y Murcia, en 360, y Granada, en unos 350 euros.

Con estos precios, el alojamiento puede convertirse en uno de los principales gastos asociados a estudiar fuera del domicilio familiar. Para un curso de diez meses, el coste de una habitación oscila entre unos 3.300 y 7.000 euros, dependiendo de la ciudad. A esa cantidad hay que añadir suministros, transporte, alimentación y otros gastos vinculados a la vida universitaria.

La presión sobre los estudiantes no procede únicamente del precio. El temor de los propietarios a sufrir un impago está contribuyendo a elevar las exigencias para acceder a una habitación. Según los datos de SEAG, cuando se produce un impago el arrendador tarda de media 118 días, cerca de cuatro meses, en recuperar la habitación. La deuda media acumulada en estos casos ronda los 1.500 euros.

La nómina de los padres, el nuevo filtro

Ese riesgo explica, según la organización, que los propietarios presten especial atención a la solvencia de quienes respaldan económicamente al estudiante. El joven puede disponer de una beca, unos ahorros o un trabajo a tiempo parcial y, sin embargo, quedar por detrás de otro candidato si su familia no puede aportar una nómina elevada o un contrato indefinido.

“El propietario no desconfía necesariamente del estudiante, pero necesita saber quién responderá si se produce un impago”, explica Daniela Salinas, directora del Departamento Jurídico de SEAG.

Incide en que cuando el candidato no tiene ingresos propios, “la nómina de sus padres termina funcionando como pasaporte de entrada al alquiler. Esto protege al arrendador, pero también puede excluir a estudiantes cuyas familias no pueden acreditar una solvencia elevada. Cuando varios estudiantes compiten por una misma habitación, el propietario suele elegir al candidato que presenta mayores garantías de cobro”, asegura Salinas.