El Oso y el Madroño aparece con pintadas, pegatinas y otros elementos vinculados a la acampada por la vivienda en la Puerta del Sol. (Infobae)
La estatua del Oso y el Madroño ha aparecido con pintadas, pegatinas y elementos vinculados a la protesta por la vivienda instalada en la Puerta del Sol, mientras el Ayuntamiento de Madrid ha activado medidas para proteger el monumento y examinar los daños. La intervención ha incorporado mensajes dirigidos a Ayuso en una plaza ocupada por cientos de tiendas de campaña.
La Dirección de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento estudia los daños que haya podido sufrir la obra, y la Policía Municipal instalará un vallado tras comunicarlo previamente a la Policía Nacional. La escultura, realizada por Antonio Navarro Santafé e inaugurada en 1967, representa los elementos principales del escudo de Madrid.
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La Delegación del Gobierno ha indicado que la noche había transcurrido sin incidentes y este miércoles permanecían en Sol más de un millar de personas repartidas en unas 500 tiendas de campaña.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de “vandalismo” la actuación sobre el monumento y ha defendido el vallado como una medida para evitar nuevos episodios. “No podemos permitir que se sigan mostrando imágenes de un monumento absolutamente vandalizado”, ha declarado.
Mensajes y símbolos en el monumento
En la base de la escultura figuran la expresión “Eat the Rich” y un mensaje dirigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Ayuso, ten cuidado”. Este último está escrito dentro del número siete y alude a las llamadas ‘7 de Somosaguas’.
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El monumento también ha aparecido cubierto con símbolos palestinos y un chaleco reflectante del Sindicato de Inquilinas. En su espalda había pegatinas de la CGT, Liberar Madrid y Feminismo Socialista y Libertario, además de adhesivos de movimientos antifascistas y contrarios a la plataforma Airbnb. La plaza cuenta además con zonas bautizadas con nombres como Maricarmen, Pedro Zerolo y Gloria Fuertes, y con un cartel instalado junto a un acceso al Metro que dice: “No violencia activa única salida”.
El Ayuntamiento ha pedido a la Delegación del Gobierno una actuación policial y el desalojo de la Puerta del Sol. Almeida ha sostenido que existe “un peligro claro para el orden público y la seguridad”, mientras el Consistorio afirma haber localizado en el campamento cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina.
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La Delegación del Gobierno ha defendido el derecho de reunión y ha mantenido que corresponde a las fuerzas de seguridad determinar las actuaciones necesarias según las circunstancias y la eventual existencia de alteraciones del orden público.
La Comunidad de Madrid ha trasladado también su preocupación por los daños en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional y edificio declarado Bien de Interés Cultural. En un escrito el Ejecutivo autonómico ha denunciado pintadas, basura arrojada contra ventanas y fachada, y restos de orina en los paramentos del inmueble.
“Resulta bochornoso tener que comunicar que también se han detectado restos de orines en los paramentos del edificio y basura arrojada contra las ventanas y la fachada”, señala el escrito. La Comunidad ha vinculado además imágenes de personas subidas a las ventanas con una supuesta falta de control de la protesta y ha responsabilizado a la Delegación del Gobierno de no actuar.
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El acuerdo con Maricarmen no frena la protesta
La acampada comenzó el pasado sábado tras las movilizaciones por el derecho a la vivienda y el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que tuvo que abandonar el piso en el que había residido durante 71 años. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos impulsó inicialmente la protesta, aunque sus representantes han explicado que el campamento ha incorporado a colectivos y participantes que operan de forma autónoma.
Maricarmen ha aceptado el acuerdo alcanzado entre la empresa propietaria, Urbagestión, y el Ayuntamiento de Madrid, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Podrá regresar a su vivienda cuando reciba el alta hospitalaria con un contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superará el 30 % de sus ingresos netos.
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El Sindicato de Inquilinas ha decidido mantener la movilización porque considera que sus reivindicaciones exceden el caso de Abascal. Las asambleas celebradas en Sol han incorporado también el debate sobre dos reales decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, cuya convalidación deberá pasar por el Congreso.
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