36.000 lechones y seis piscinas olímpicas de purines: dos macrogranjas de una misma empresa en Huesca esquivan la autorización ambiental más exigente

Aragón es, de todas las comunidades autónomas de España, la que ostenta el título de líder en cuanto a cabezas de ganado porcino: más de nueve millones. Además, Huesca encabeza la lista en cuanto a provincias, con casi cinco millones de animales dedicados a esta industria (en concreto, 4,9), por lo que representa el 14,6 % de toda la capacidad porcina de España, según la última Encuesta de Efectivos de Ganado Porcino del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Pese a estas cifras, continúan lanzándose con frecuencia proyectos en Huesca, como las dos macrogranjas de lechones que la empresa Desarrollos Ganaderos Aragón S.L.U. pretende construir en Fraga (Huesca). Estas dos instalaciones pertenecerían a la misma empresa, se tramitan de forma simultánea y se ubicarían a apenas cuatro kilómetros la una de la otra.

Sin embargo, la organización Stop Ganadería Industrial denuncia que, al registrarse como dos proyectos diferenciados, la empresa ha podido esquivar la Autorización Ambiental Integrada (AAI), el control ambiental más exigente para explotaciones ganaderas. Según la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón, esta se requiere a partir de las 361 unidades de ganado mayor (UGM), que son 18.050 lechones. En conjunto, las dos granjas sumarían 720 UGM o 36.000 lechones, pero, por separado, tienen capacidad para 18.000 lechones, lo que equivale a 360 UGM, justamente una unidad por debajo del umbral a partir del que se obliga a tramitar la AAI.

Al presentarse como dos proyectos separados, la organización señala que solamente necesitan una Licencia Ambiental de Actividad Clasificada (LAAC), “un procedimiento que gestiona el Ayuntamiento y que es más rápido y con menos controles que la AAI que tramita el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA)”.

“Nos parece una barbaridad que la legislación permita que pasen así, sin más”, señala a Infobae el coportavoz de Stop Ganadería Industrial, Toni Jorge. “Son huecos legislativos que no entendemos cómo es posible que se produzcan, a no ser, evidentemente, por las presiones de las [empresas] cárnicas”.

Desde la organización denuncian que “esta forma de tramitar supone un fraccionamiento al límite exacto de la normativa para esquivar la evaluación ambiental. Es un patrón que se repite en numerosos proyectos de Aragón y que permite eludir el análisis ambiental más riguroso y facilitar una posible ampliación en el futuro. Al final, son 36.000 cerdos más en cuatro kilómetros a la redonda, sin una evaluación rigurosa de sus efectos en el consumo de agua, producción de purines… “.

Más de 41 millones de litros de agua anuales

Según la documentación de los propios proyectos, consultada por Infobae, en conjunto ambas lechoneras consumirían más de 41 millones de litros de agua anuales, el equivalente a 16 piscinas olímpicas. El abastecimiento de las explotaciones porcinas procedería de la red de riego de la zona, perteneciente a la Comunidad de Regantes Sifón de Cardiel, cuya concesión administrativa se encuentra en trámite.

Además, se estima que se generarían cada año 14.760 metros cúbicos de purines, casi seis piscinas olímpicas. La carga conjunta de nitrógeno sería de 42.840 kilos. “Los impactos son enormes”, afirma el portavoz de la organización, preocupado por la posible contaminación de los acuíferos con nitratos. “Todos los estudios científicos hablan de que la ganadería industrial tiene una responsabilidad evidente en el tema de la contaminación de los acuíferos terrestres. Aunque nos tapemos los ojos, el problema está ahí. Los acuíferos de las zonas donde hay alta concentración de porcina cada vez están en peores condiciones”.

En la propia documentación de uno de los proyectos se indica que “la ubicación de nuestra explotación se encuentra dentro de una de las zonas vulnerables” a la contaminación por nitratos de origen agrario en Aragón, denominada “Barranco de la Valcuerna. Aluvial del Cinca”.

A solo 145 metros de una zona protegida para las aves

En Aragón, las explotaciones porcinas deben guardar una distancia mínima de 1,5 kilómetros con respecto a los núcleos urbanos de más de 3.000 habitantes, de 1 kilómetro con respecto a los núcleos de 500 a 3.000 habitantes, así como a los de menos de 500. Según la documentación de los proyectos, esto se cumple.

Sin embargo, para Jorge son límites “totalmente insuficientes”: “Estamos hablando de instalaciones que no generan empleo, que generan contaminación, que generan molestias a la población y que están beneficiando solamente a cuatro o cinco grandes empresas”.

A esto se suma el hecho de que las lechoneras se ubicarían muy cerca de enclaves protegidos o potencialmente vulnerables. La documentación de uno de los proyectos establece que la explotación se encontraría a 181 metros del cauce de agua del Barranco de Valdeciego, así como a 145 de la ZEPA Valcuerna, Serreta Negra y Liberola, una zona protegida para la conservación de aves esteparias.

“Hay impactos que nunca se valoran lo suficiente”, explica Jorge. “Por ejemplo, cuando se está valorizando las tierras de manera masiva con purines, que van acompañados de restos de antibióticos”. Esto tiene consecuencias también para la vegetación de la zona. “De todas maneras, la parte más grave es el impacto global que ocasionan [estas granjas], tanto en la economía social, de contaminación y sobre todo de sostenibilidad. Es un modelo ganadero que está arrasando nuestro territorio”.

La segunda mayor fortuna de Aragón, según Forbes

Tal y como señalan desde Stop Ganadería Industrial, Desarrollos Ganaderos Aragón S.L.U. es una filial del grupo agroalimentario Costa Food. La familia Costa, propietaria de la empresa, cuenta con un patrimonio de 355 millones de euros, según la lista Forbes de 2025 de los más ricos de España.

“El sector cárnico en general está en manos de cinco o seis empresas muy poderosas que están imponiendo sus reglas y que están provocando un desastre ambiental, como el hecho de que en España prácticamente el 50% de la superficie sea vulnerable a nitratos. Eso es una auténtica salvajada”.

Desde la organización piden al Ayuntamiento de Fraga y al Gobierno de Aragón que evalúen conjuntamente a través de una AAI el impacto acumulado de ambos proyectos, en lugar de tramitarlos como expedientes independientes.