España encara el final de los fondos europeos con 25.862 millones aún pendientes tras haberse embolsado 78.000 millones

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia entra este lunes en su recta final. El 31 de agosto marca, según el calendario europeo, la fecha límite para que España haya ejecutado los hitos y objetivos comprometidos a cambio de los fondos comunitarios. El Gobierno dispone de un mes adicional, hasta el 30 de septiembre, para presentar formalmente la solicitud del último desembolso.

España ha recibido hasta ahora 78.000 millones de euros en seis pagos, el equivalente al 76,5% de los 102.000 millones asignados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Para acceder al último tramo deberá acreditar el cumplimiento de otros 148 hitos y objetivos. En juego están 21.462 millones de euros en transferencias y otros 4.400 millones en préstamos, un total de 25.862 millones.

La aprobación del séptimo desembolso permitiría que España superase los 100.000 millones de euros recibidos antes de que concluya 2026. El último pago será, por tanto, el cierre financiero de un programa extraordinario concebido en plena pandemia para sostener la recuperación y acelerar la transformación de las economías europeas.

Más de 1,5 millones de beneficiarios

El último desembolso llega después de que España haya cumplido 338 hitos y objetivos. El sexto pago, recibido este mismo mes de agosto, ascendió a 6.234 millones de euros: 4.962 millones correspondieron a transferencias —incluidos 265 millones pendientes del quinto desembolso— y 1.008 millones a préstamos. En esta fase final, además, tres hitos vinculados al sexto pago serán reformulados mediante una adenda técnica para facilitar su incorporación a la última solicitud.

El Gobierno sostiene que el impacto del plan se ha concentrado especialmente en la transición energética y la digitalización. Dos de cada tres euros del programa se han destinado a estas áreas y el número de beneficiarios alcanza ya los 1,5 millones. El 68% son pymes y microempresas, uno de los colectivos a los que Bruselas y el Ejecutivo español han tratado de hacer llegar buena parte de los recursos.

Uno de los programas más visibles ha sido el Kit Digital. Según los datos del Gobierno, 921.962 pymes y autónomos han recibido estas ayudas, presentes en el 90% de los municipios españoles. A ellos se suman 23.429 beneficiarios del Kit Consulting y otros 54.676 pymes y autónomos que han accedido a garantías financieras de CERSA.

La apuesta por la formación y las empresas

El plan también ha financiado la creación de 400.000 nuevas plazas de Formación Profesional, más de una cuarta parte de ellas vinculadas a ámbitos digitales. El Ejecutivo considera que esta ampliación ha contribuido a mejorar la empleabilidad y destaca que España registra actualmente su tasa de desempleo juvenil más baja desde 2008.

En el ámbito empresarial, la Ley Crea y Crece, incluida en la agenda de reformas del Plan de Recuperación, ha coincidido con un aumento del 50% en el ritmo de creación bruta de empresas, hasta unas 13.000 al mes, según el balance gubernamental. La Ley de Startups, por su parte, habría multiplicado por 2,3 el desarrollo del ecosistema innovador.

El Ejecutivo defiende también que los fondos han contribuido al crecimiento económico de los últimos años. “España fue por segundo año consecutivo la economía desarrollada con mayor crecimiento en 2025 y de nuevo el motor económico de la UE. Duplica el crecimiento de la zona euro y aporta el 40% del crecimiento y casi la mitad de la generación de empleo en la zona euro. Gracias al Plan de Recuperación, España es hoy la economía europea que más ha crecido desde los niveles precovid, con un avance del 8,5%, lo que supone un 40% más que la media de la eurozona y 22 veces más que Alemania”, destacan desde el Gobierno.

El plan nació tras el desplome del 10% del PIB

El origen del programa se encuentra en el desplome económico provocado por la pandemia. El PIB español cayó más de un 10% en 2020, una contracción especialmente intensa por el peso del turismo y de otras actividades muy afectadas por las restricciones de movilidad. La respuesta europea rompió con algunas de las reglas habituales de las crisis anteriores.

En julio de 2020, los líderes de la UE acordaron crear el Next Generation EU, inicialmente dotado con 750.000 millones de euros. El instrumento combinó transferencias y préstamos y vinculó los desembolsos al cumplimiento de reformas e inversiones, introduciendo una fórmula inédita de financiación conjunta mediante deuda europea.

España partió con una asignación de unos 160.000 millones para el periodo 2021-2026, divididos aproximadamente a partes iguales entre transferencias y préstamos. Sin embargo, el Gobierno ha reducido de forma sustancial el recurso a los créditos europeos: finalmente ha solicitado unos 21.500 millones, alrededor del 25% de los préstamos inicialmente disponibles, al considerar que podía financiarse en los mercados a un coste menor.

De la recuperación europea a ‘España Crece’

Las estimaciones iniciales apuntaban a que el Plan podía elevar el PIB español más de un 2% durante los primeros cuatro o cinco años. Las previsiones a más largo plazo elevan ese efecto acumulado hasta tres puntos adicionales de PIB en 2030. Hasta el 30 de junio, según la plataforma pública Elisa, se habían convocado más de 95.000 millones, asignado casi 80.000 millones y resuelto más de 70.000 millones.

Con el final del Next Generation a la vista, el Gobierno prepara ya un mecanismo para prolongar parte de su capacidad inversora. El fondo soberano ‘España Crece’ partirá de 10.500 millones procedentes del Plan de Recuperación y tendrá como objetivo movilizar hasta 120.000 millones mediante la participación de capital privado, inversores nacionales e internacionales y financiación bancaria.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) será el encargado de gestionar este nuevo vehículo, que podrá invertir mediante préstamos, avales e instrumentos de capital. La intención es concentrar los recursos en sectores considerados estratégicos para la economía española: vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructuras, agua y saneamiento y seguridad.

El diseño pretende que los 10.500 millones de euros iniciales permitan al ICO movilizar unos 60.000 millones de forma directa. Si se suma la financiación adicional aportada por bancos y otras entidades, el Gobierno calcula que la capacidad total de inversión podría alcanzar los 120.000 millones.

El cierre del Plan de Recuperación no supone así el final de las inversiones que se pusieron en marcha durante la pandemia, pero sí el fin de una etapa excepcional de financiación europea. España afronta ahora el último examen de Bruselas: 148 hitos pendientes y hasta 25.862 millones de euros en juego antes de completar el programa que ha transformado una parte relevante de la política económica española.