El Gobierno se resiste a crear una autoridad plenamente independiente para supervisar la actividad de los lobbies. Tras un año de bloqueo en el Congreso, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto para aprobar la ley que pretende dotar de transparencia la actividad de los grupos de interés y sus relaciones con los responsables políticos.
El núcleo de la ley de lobbies es un principio tan básico como la creación de un registro estatal de acceso público y obligatorio en el que se podrá consultar quién pretende influir en quién y sobre qué materia. Y hasta aquí todo el mundo ha estado de acuerdo, desde Vox hasta Podemos. La regulación de los grupos de presión es una asignatura que España lleva arrastrando desde hace muchos años. El propio sector ha demandado la necesidad de que existan líneas rojas en la actividad de los altos cargos y asesores eventuales a la hora de influir en las administraciones. El estallido del caso Santos Cerdán abrió este melón el pasado 2025 y la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero reactivó la urgencia por aprobar la ley.
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El problema es que uno de los principales obstáculos con los que ha tropezado esta ley tiene que ver con la independencia del organismo designado para la gobernanza y gestión de este registro. En este sentido, el Gobierno planteó inicialmente que fuese la Oficina de Conflicto de Intereses, un organismo que dependía en última instancia del ministerio de Transformación y Función Pública dirigido por Óscar López.
Sumar, Bildu, PP y Vox enmendaron la ley por falta de garantías
Los grupos, entre ellos Sumar, Bildu, PP y Vox, se opusieron a la medida criticando que fuese el Gobierno quien acabase fiscalizando la corrupción en el propio Ejecutivo y presentaron enmiendas parciales a la ley en las que abogaron por encargar esta tarea a un órgano plenamente independiente; que no pueda recibir instrucciones políticas y que esté dotado de medios suficientes para realizarla.
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Sumar planteó que la persona al frente de este organismo tuviese rango de director general y fuese nombrada por las Cortes por un mandato de seis años no renovable. Por su parte, la formación abertzale propuso crear un nuevo órgano que sustituya a la Oficina de Conflicto de Intereses, cuyo director es elegido a proposición del ministro de Función Pública y ratificado por el Consejo de Ministros, para que la integren en su lugar funcionarios y/o personal especializado dirigidos por un miembro del funcionariado con más de diez años de experiencia en la administración.
Como parche temporal, PP y Sumar reclamaron que el control recayese sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya presidencia es propuesta por el Ministerio de Transformación y Función Pública, pero que debía ser aprobada por el Congreso de los Diputados. Y eso es precisamente lo que se ha acabado haciendo, pero el texto de la normativa no contempla ese futuro organismo.
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La agencia independiente diseñada por Sánchez que vuelve a pecar de falta de autonomía
El texto hace mención al Plan de Lucha contra la Corrupción que Sánchez lanzó el pasado 2025 y que diseñó la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública como órgano de supervisión. La agencia agrupará la Oficina de Conflictos de Intereses, la Autoridad Independiente de Protección del Informante y el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, tres organismos que, de nuevo, dependen del nombramiento directo del ministerio de Óscar López.
Una información publicada por el diario El Confidencial el pasado mes de mayo detalló que la OCI llevaba tres años (2023, 2024 y 2025) sin resolver una sola sanción, basándose en la documentación facilitada por el Ministerio para la Transformación Digital. La oficina, recuerda el diario, no detectó la incompatibilidad en el caso de Borja Cabezón, que fue consejero de la compañía de renovables Renerstorex SL al mismo tiempo que ejercía como embajador en Misión Especial para la Crisis Internacional del Covid-19 y la Salud Global y como consejero delegado de Enisa, la empresa pública que facilita financiación a pymes y startups.
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