Gobierno de Abelardo de la Espriella buscaría sacar a Colombia de la Corte Penal Internacional

Colombia estaría encaminada a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI) y a denunciar el Estatuto de Roma, tratado mediante el cual el país reconoció la jurisdicción de este tribunal internacional.

La información fue revelada este martes 18 de agosto por Caracol Radio, que señaló que fuentes consultadas en La Haya dan por segura la salida de Colombia.

Sin embargo, por ahora se trata de una versión extraoficial. No se conoce una comunicación pública de la Presidencia de la República ni de la Cancillería que confirme que el Gobierno haya iniciado formalmente el procedimiento para retirar al país del tratado.

La eventual decisión tendría además un proceso que impediría que Colombia deje de estar vinculada a la Corte de manera inmediata.

El Estatuto de Roma establece que un Estado puede denunciar el tratado mediante una notificación escrita dirigida al secretario general de Naciones Unidas y que el retiro entra en vigor un año después de recibida esa notificación.

Esto significa que, incluso si el Gobierno de Abelardo De la Espriella formalizara próximamente su intención de abandonar el Estatuto de Roma, existiría un periodo de transición durante el cual Colombia continuaría vinculada al sistema de la CPI.

La Corte todavía podría actuar durante el periodo de transición

Uno de los principales interrogantes está precisamente en lo que ocurriría durante ese año. Según una fuente diplomática citada por Caracol Radio, mientras el retiro surte efecto, la Corte Penal Internacional todavía podría abrir una investigación sobre Colombia.

Además, la denuncia del tratado no eliminaría automáticamente las obligaciones adquiridas por Colombia durante el tiempo en que fue Estado Parte. Tampoco significaría que la Corte pierda automáticamente toda competencia sobre hechos ocurridos mientras el país estuvo sometido al Estatuto de Roma.

Colombia es Estado Parte del Estatuto de Roma desde 2002. El Congreso aprobó el tratado mediante la Ley 742 de ese año y la Corte Constitucional declaró su constitucionalidad. Previamente, el país había modificado la Constitución para reconocer expresamente la jurisdicción de la CPI en los términos establecidos por el Estatuto.

¿Qué pasaría con la JEP?

Uno de los puntos que genera mayor preocupación está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y los procesos que adelanta por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado.

La CPI no reemplaza a la justicia colombiana ni funciona como una instancia de apelación de las decisiones de la JEP. Su jurisdicción es complementaria: puede intervenir bajo las condiciones previstas en el Estatuto, particularmente cuando considera que los sistemas nacionales no están actuando de manera genuina frente a crímenes de su competencia.

Por esa razón, una eventual salida modificaría el escenario de cooperación y supervisión internacional alrededor de la justicia transicional colombiana. La discusión adquiere especial importancia frente a los procesos contra integrantes de la antigua cúpula de las Farc y otros responsables de hechos ocurridos durante el conflicto armado.

La CPI tiene competencia sobre cuatro categorías de los crímenes internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Venezuela ya notificó su salida

La eventual decisión colombiana también se produciría en un contexto regional particular.

Venezuela notificó el pasado 24 de julio de 2026 a Naciones Unidas su decisión de denunciar el Estatuto de Roma. Su salida tampoco es inmediata y está prevista para hacerse efectiva un año después de la notificación, el 24 de julio de 2027.

El caso venezolano resulta relevante porque demuestra que la denuncia del tratado no implica una ruptura instantánea con la Corte ni borra las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos mientras el Estado estuvo vinculado al Estatuto.

El papel de Estados Unidos

La posible decisión de Colombia también se enmarca en una posición cada vez más crítica de Estados Unidos frente a la CPI. Washington nunca ratificó el Estatuto de Roma y, durante la administración de Donald Trump, ha intensificado sus acciones contra el tribunal.

En julio de 2026, el Gobierno estadounidense impulsó una campaña para debilitar la Corte, mientras que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pidió a países latinoamericanos que abandonen el Estatuto de Roma.

Ese contexto coincide con el nuevo rumbo de la política exterior colombiana y el acercamiento del Gobierno de De la Espriella con Estados Unidos e Israel. No obstante, por ahora no existe confirmación oficial de que Colombia haya presentado la notificación de retiro.