Tokio, 19 ago (EFE).- El Gobierno de Japón tildó este miércoles de "muy lamentables" las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta de la Corta Penal Internacional (CPI), la magistrada japonesa Tomoko Akane, en el marco de la campaña de Washington para desmantelar el organismo con sede en La Haya.
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Toshihiro Kitamura, declaró que "las medidas anunciadas resultan muy lamentables" y aseguró que Japón mantendrá su compromiso de fortalecer el Estado de derecho en la comunidad internacional, mientras mantiene la comunicación con otros países", según un comunicado.
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Kitamura agregó que el país asiático "ha apoyado sistemáticamente al CPI en sus esfuerzos por enjuiciar y sancionar los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional y por defender el Estado de derecho".
Estados Unidos incluyó este martes a Akane y a un miembro de la Fiscalía, el abogado senegalés Abdoulaye Seye, en su lista de sanciones, lo que implica congelamiento de bienes, aislamiento financiero al prohibir las transacciones con entidades estadounidenses, y restricciones de entrada al país.
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Tras conocer la decisión de la Administración Trump, la CPI advirtió de que las nuevas sanciones impuestas "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional. "Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", dijo.
El tribunal con sede en La Haya rechazó estas presiones y aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Estados Unidos no es firmante del mencionado estatuto y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios de Israel, aliado clave de Washington.
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A finales de 2025, la presidenta de la CPI denunció las sanciones contra sus fiscales y jueces, al señalar que la medida les "sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes", mientras que subrayó que el tribunal no cederá "a ninguna presión" y que su independencia "permanece intacta".
En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a presionar a las autoridades japonesas a que se pronunciaran públicamente para intensificar sus esfuerzos en defensa del tribunal, sometido a "una presión extrema por parte de Estados Unidos". EFE
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