
Con las altas temperaturas del verano, las piscinas comunitarias se convierten en el centro de más de un conflicto vecinal. Pero, en muchas urbanizaciones, además de inquilinos y propietarios de viviendas, también hay quienes tienen en propiedad una plaza de garaje. Y, en el caso de que únicamente se tuviera dicha plaza, ¿tiene derecho a darse un baño en la piscina de la comunidad? La respuesta no es un simple sí o no, ya que depende de lo que establezca la normativa interna de cada comunidad, aunque la Ley de Propiedad Horizontal fija el marco general que regula esta cuestión.
La Ley de Propiedad Horizontal, que es la que regula la convivencia y los derechos en los edificios divididos en pisos o locales, equipara expresamente la plaza de garaje a cualquier otro tipo de local o piso a efectos jurídicos. Su artículo 1 establece que tendrán la consideración de locales “aquellas partes de un edificio que sean susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida a un elemento común de aquél o a la vía pública”. Una plaza de garaje cumple exactamente esa definición.
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A partir de ahí, el artículo 3 es el que marca la clave del asunto. Según este punto, a cada piso o local le corresponden dos derechos, que son el derecho singular y exclusivo sobre el espacio delimitado (en este caso, la plaza de aparcamiento) y la copropiedad de los elementos, pertenencias y servicios comunes del edificio junto al resto de propietarios. Esos elementos comunes incluyen, entre otros, jardines, escaleras, ascensores y, por supuesto, la piscina.
La cuota de participación y el pago de gastos
Ahora bien, ser copropietario de los elementos comunes no es gratuito. La Ley de Propiedad Horizontal vincula el uso de esos espacios a la correspondiente contribución económica. El artículo 3 establece que a cada piso o local se le asigna una cuota de participación, calculada en función de la superficie útil, el emplazamiento y el uso que se presuma que se hará de los servicios comunes. Esa cuota es el módulo que determina cuánto paga cada propietario en los gastos generales de la comunidad.
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En concreto, el artículo 9, que recoge las obligaciones de cada propietario, indica que todos deben “contribuir, con arreglo a la cuota de participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades”. El propietario de una plaza de garaje, por tanto, paga su parte proporcional de los gastos comunes, lo que incluye el mantenimiento de la piscina, y ese pago respalda su derecho de uso.
Cuándo puede prohibirse el acceso a la piscina
Sin embargo, el derecho a usar las zonas comunes no es absoluto ni inalterable. La Ley de Propiedad Horizontal prevé dos vías a través de las cuales una comunidad puede restringir o regular el acceso de los propietarios de garajes a instalaciones como la piscina.
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La primera es el título constitutivo, el documento fundacional del régimen de propiedad horizontal, que puede incluir un estatuto privativo con “reglas de constitución y ejercicio del derecho y disposiciones no prohibidas por la ley en orden al uso o destino del edificio, sus diferentes pisos o locales, instalaciones y servicios”. Si en ese título se recoge expresamente que el uso de la piscina queda reservado a los titulares de viviendas, esa restricción tiene plena validez legal, siempre que conste inscrita en el Registro de la Propiedad para ser oponible a terceros.
La segunda vía son las normas de régimen interior. El artículo 6 de la ley faculta al conjunto de propietarios a fijar estas normas “para regular los detalles de la convivencia y la adecuada utilización de los servicios y cosas comunes”, dentro de los límites que establezcan la ley y los estatutos. A través de estas normas, aprobadas en junta, la comunidad puede establecer condiciones de uso, horarios diferenciados o cualquier otra regulación sobre la piscina.
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