
La Administración General del Estado (AGE) ha frenado la incorporación de trabajadores. El número de efectivos alcanzó en enero de 2026 los 247.320, frente a los 246.418 registrados un año antes, según UGT Servicios Públicos. Son 902 empleados más, un incremento que contrasta con el ritmo de crecimiento de los últimos ejercicios, lo que a juicio de fuentes del sindicato, “evidencian la falta de creación de empleo público neto en la Administración del Estado”.
El sindicato considera que los últimos datos de la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EDSAP) refleja la necesidad de cambiar la política de personal de la Administración del Estado. Su reclamación pasa por una planificación de las plantillas que permita anticiparse a las necesidades de los servicios públicos y garantizar el relevo generacional de unos equipos que, según la organización, afrontan una creciente presión.
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La evolución de las cifras explica este diagnóstico. Entre 2022 y 2023, la AGE incrementó su plantilla en más de 11.000 personas. En 2024, el aumento fue de casi 4.000 efectivos, y en 2025 se acercó a los 3.900. En 2026, sin embargo, la incorporación neta se ha quedado en 902 trabajadores. La distancia entre ambos ritmos refleja una desaceleración que UGT considera preocupante.

Eliminar la tasa de reposición
El sindicato reclama al Gobierno que ponga en marcha las medidas contempladas en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado en noviembre de 2025. Entre ellas figura la creación de un observatorio para el empleo público y la eliminación de la tasa de reposición, uno de los mecanismos que tradicionalmente han limitado la sustitución de las bajas y jubilaciones en las administraciones.
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Para UGT Servicios Públicos, estas medidas permitirían afrontar de manera más ordenada las necesidades de personal. La organización defiende que una planificación a medio y largo plazo serviría para reorganizar los servicios, rejuvenecer las plantillas y ajustar el número de empleados a la demanda real de la ciudadanía, en lugar de recurrir a ofertas de empleo público que considera insuficientes.
El sindicato entiende que los datos de 2026 respaldan esa posición. Considera que la subida de 902 efectivos no garantiza que la Administración pueda cubrir las necesidades derivadas de las jubilaciones, las vacantes y la evolución de los servicios públicos.
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Una propuesta de empleo público insuficiente
La evolución de la plantilla está directamente relacionada con la posición que UGT ha mantenido ante las últimas ofertas de empleo público (OEP). El sindicato decidió no suscribir la OEP de 2026 al considerar que la propuesta era insuficiente y que no garantizaba una mejora de la prestación de los servicios a los ciudadanos.
No se trata de la primera vez que la organización rechaza una oferta reciente. UGT tampoco suscribió la OEP correspondiente a 2025. En cambio, sí respaldó las de 2023 y 2024, al entender entonces que mantenían un flujo significativo de incorporación de personal de nuevo ingreso a la Administración.
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El cambio de posición responde, según el sindicato, a la evolución de las cifras y a la falta de una estrategia que permita determinar cuántos trabajadores necesita realmente la Administración y en qué áreas. Para UGT, aprobar ofertas de empleo público sin alcanzar acuerdos con la representación sindical no está contribuyendo a resolver los problemas estructurales de personal.
La organización insiste en que el debate no debe limitarse al número de plazas que se convocan cada año. El objetivo, sostiene, debería ser establecer una política de empleo público capaz de anticipar las necesidades de las plantillas, especialmente ante el envejecimiento de parte de los empleados públicos y la progresiva salida de trabajadores por jubilación.
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El reto del relevo generacional
El Acuerdo Marco firmado con el Gobierno en noviembre del pasado año constituye para el sindicato una herramienta para abordar ese escenario. La eliminación de la tasa de reposición permitiría, en su planteamiento, sustituir las salidas de la Administración atendiendo a las necesidades reales de cada servicio y no a un límite previamente establecido.
UGT vincula además la renovación de las plantillas con la calidad de los servicios públicos. La falta de efectivos no solo afecta a la organización interna de los departamentos, sino que puede repercutir en los tiempos de atención y en la capacidad de las administraciones para responder a las demandas de los ciudadanos.
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