La familia Franco retira del Pazo de Meirás más de 400 bienes que no fueron reclamados por el Estado: de muebles a trofeos de caza y objetos decorativos

La familia Franco ha iniciado la retirada de sus pertenencias del Pazo de Meirás, en el municipio coruñés de Sada, después de que la Justicia confirmara la titularidad pública del inmueble. En total, los herederos del dictador están retirando más de 400 bienes, entre muebles, elementos decorativos y otros objetos cuya propiedad no fue reclamada por el Estado durante el procedimiento judicial que determinó qué piezas correspondían a la familia y cuáles debían permanecer bajo titularidad pública.

La operación llega después de que el Pazo de Meirás quedara inscrito a nombre del Estado en el Registro de la Propiedad, un trámite culminado este mes tras las actuaciones impulsadas por la Abogacía del Estado después de que el Tribunal Supremo confirmara, en marzo de 2026, que la finca no pertenecía a la familia Franco.

El alto tribunal avaló así la sentencia que declaró que el inmueble formaba parte del patrimonio estatal al considerar que, desde 1938, estuvo destinado al servicio de la Jefatura del Estado. La Sala de lo Civil del Supremo rechazó por unanimidad los recursos presentados por los hermanos Martínez-Bordiú Franco y concluyó que los ocupantes del inmueble no pudieron poseerlo como propietarios, al no haberse cumplido el plazo legal necesario para adquirirlo por usucapión.

Un conflicto que continuó tras la devolución del inmueble en 2020

La devolución del Pazo de Meirás al patrimonio público en 2020 no puso fin al conflicto judicial. En diciembre de ese año, la familia Franco entregó la finca después de que un juzgado de A Coruña declarase que debía volver al patrimonio público. A partir de entonces, la disputa se centró en los bienes que permanecían en el interior y en determinar cuáles pertenecían a los herederos y cuáles formaban parte del patrimonio público.

Para ello se realizó un inventario judicial que permitió catalogar cerca de 700 objetos, entre muebles, piezas decorativas, obras, elementos religiosos, trofeos de caza y otros bienes presentes en el inmueble. El objetivo era diferenciar aquellos objetos vinculados al edificio y a su uso institucional de los considerados propiedad privada de la familia.

Desde su devolución en 2020, el Pazo de Meirás ha ido recuperando progresivamente su uso público y ha abierto sus puertas a visitantes tras distintos trabajos de conservación y mantenimiento. Las visitas, no obstante, se han visto condicionadas por las obras de mejora y por el proceso de determinación de la titularidad de los bienes que permanecían en el interior.

La Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica denuncia un “expolio”

La retirada de estos bienes ha provocado la reacción de la Comisión por la Recuperación de Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña, que ha calificado la actuación de la familia Franco como un “expolio” y ha acusado al Estado de permitirlo con su “complicidad” y a la Xunta de Galicia de actuar con “total pasividad”.

La asociación sostiene que entre los más de 400 objetos que están saliendo del Pazo existen piezas vinculadas a la etapa en la que el inmueble fue residencia oficial de Francisco Franco y considera que el Estado no defendió adecuadamente su titularidad pública durante el procedimiento judicial.

La CRMH critica que los Franco retiren objetos que, a su juicio, “van mucho más allá de elementos de carácter personal” y reclama explicaciones al Ministerio de Memoria Democrática sobre la gestión del proceso.

Además, denuncia que las visitas previstas al Pazo han sido suspendidas para permitir los trabajos de desmontaje y traslado de los bienes por parte de la empresa contratada por la familia Franco. La entidad también cuestiona si la Xunta cumplió con sus funciones de control y supervisión, especialmente ante unos trabajos que requirieron incluso la instalación de andamios para retirar algunos elementos.

El traslado de estas piezas supone un nuevo capítulo en la larga disputa por el Pazo de Meirás, un inmueble que pasó de ser la residencia de la escritora Emilia Pardo Bazán a convertirse durante el franquismo en símbolo del poder del dictador y que, tras años de litigios, quedó finalmente bajo titularidad pública.