El Gobierno declarará Lugar de Memoria el Pazo de Meiras, el palacio que se apropió Franco y que la Justicia devolvió al Estado hace cinco años

El Pazo de Meirás, residencia vacacional del dictador Francisco Franco y su familia en A Coruña, y las islas de San Simón y San Antón, por donde pasaron 5.600 presos de la dictadura, ya se incluirán en el catálogo de Lugares de Memoria Democrática del Gobierno. El ejecutivo ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la incoación del expediente para el nombramiento del palacio y el miércoles, se publicará la el correspondiente a las islas de Pontevedra.

Ambos enclaves serán declarados Lugares de Memoria Democrática, una distinción recogida el artículo 49 de la Ley de Memoria Democrática, que reconoce los hechos de singular relevancia por “su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.

El símbolo de la “rapiña” del dictador

El Pazo de Meirás, situado en el Concello de Sada y antigua propiedad de la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, fue entre 1938 y 1975 la sede veraniega de la Jefatura del Estado. Según recoge el BOE, es un “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”. No fue hasta hace 5 años que su propiedad fue devuelta al Estado tras pasar por los juzgados. En septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó la demanda interpuesta por Abogacía del Estado para recuperar la propiedad, que fue regalada al dictador.

Dos meses después se cumplió la sentencia y, desde el 10 de diciembre de 2020, dejó de ser propiedad de la familia del dictador y pasó a ser patrimonio del Estado. La sentencia fue corroborada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el 12 de febrero de 2021, y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que, el 7 de noviembre de 2024, otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes reclamados.

El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. El BOE indica que durante el proceso de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “mediante técnicas represivas y coactivas”, que desposeyeron a los legítimos propietarios de las fincas colindantes. Además, se efectuaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.

Al ser utilizado por el dictador como residencia oficial estival, adquirió una función política, de explicación de la naturaleza del franquismo y de la represión; una función simbólica, de representación, y tuvo un gran impacto en la vida local, incluida la articulación de redes locales y provinciales del poder franquista.

Las islas de San Simón y San Antón

Las islas de San Simón y de San Antonio, situadas en la ría de Vigo, fueron un espacio utilizado por los sublevados contra la II Republica como penal durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura franquista. A partir de octubre de 1936, la isla de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.

El penal, donde, apuntan, “se amontonaban los presos”, estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.

“Desde febrero de 1939, y hasta que el penal fue desmantelado a principios de 1943, se vivió la etapa más funesta de este espacio, con la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española. Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos”, apunta el comunicado.