
El curso parlamentario entra en el tiempo de descuento. Y, como es costumbre, sus señorías tendrán que terminar las tareas pendientes antes de irse de vacaciones. Algunas asignaturas que deberán resolver este jueves antes del parón veraniego llevan rezagadas desde hace años, como es el caso de la ley para otorgar la nacionalidad española a la población saharaui nacida bajo administración española, que este jueves encara su votación en la Comisión de Justicia para poder llevarla a Pleno. Han pasado exactamente dos años y medio desde que la proposición de ley fue presentada por Sumar, una propuesta que fue planteada como una manera de saldar una deuda histórica de nuestro país.
La primera ponencia tuvo lugar el pasado 28 de abril, por lo que era necesaria una segunda reunión con la posterior votación para poder llevarla finalmente a pleno. Dicha votación estaba programada para el mes de mayo, pero la norma ha permanecido atascada hasta ahora. ¿Por qué se ha tardado tanto? Desde Sumar achacan el retraso a las reticencias del PSOE para avanzar en un asunto que manejan desde una especie de ambigüedad estratégica.
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La presión ejercida, tanto por el socio de Gobierno minoritario como por el resto de aliados progresistas, logró que el pasado 30 de junio el PSOE levantase su bloqueo y la Comisión aprobara su dictamen, que salió adelante con la abstención de Junts y los votos en contra de PP y Vox.
Fuentes de la coalición consultadas por Infobae prevén que la norma pueda llevarse a pleno el 10 de septiembre, ya que reconocen que no ha habido pleno para llevarlo a pleno antes de agosto. A pocas horas de producirse la votación, mantienen que las negociaciones siguen abiertas y el acuerdo llegará in extremis. “Estamos apretando mucho, pero aún no hay nada definitivo”, señalan.
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No obstante, desde Más Madrid se aferran a las últimas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien se mostró “totalmente favorable” a la aprobación de la norma después de evitar fijar una posición. Algunos de los socios de Investudria llegaron a acusarle de “secuestrar” la norma, una afirmación que el jefe de la diplomacia española ha negado tajantemente. Los partidos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal argumentan que la medida podría alterar los procesos de adquisición de la nacionalidad y, si bien desde el PP acostumbran a no adelantar su sentido de voto, todo apunta a que mantendrán su rechazo a la norma.
El texto consensuado en la última sesión estableció la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todas las personas nacidas en la antigua colonia española antes de septiembre de 1977, aunque no cuenten con residencia legal en España. El plazo legal otorgado a los saharauis para optar por la nacionalidad española concluyó en el verano de aquel año, momento en que su territorio fue cedido a la administración de Marruecos y Mauritania, lo que impidió que pudieran ejercer ese derecho.
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Llega el pleno ‘escoba’
Dos horas más tarde tendrá lugar una traca de votaciones en el llamado pleno escoba. La cita parlamentaria comenzará con el debate sobre la condonación de hasta 83.000 millones de la deuda autonómica. Después se llevarán a cabo diversas votaciones, entre ellas la convalidación del decreto de medidas anticrisis ligado a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la rebaja de los carburantes; y el de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas y el complemento de insularidad en Islas Baleares.
El Congreso votará las enmiendas del Senado introducidas en la transferencia de las competencias de la AP-9 a Galicia, cuya tramitación se aprobó el pasado mes de junio con los votos en contra de PP y Vox. Otro de los asuntos principales es la reforma para facilitar a los mutualistas alternativos una pasarela a la Seguridad Social. Tras su paso por el Senado con modificaciones, la Cámara Baja votará esos cambios y, si los ratifica, la norma quedará lista para su publicación en el BOE.
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Por último, se votará en el hemiciclo las enmiendas en la reforma del programa de cribado neonatal del Sistema Nacional de Salud, que busca armonizar y actualizar anualmente en todas las comunidades la llamada prueba del talón a los recién nacidos. Pese a que la norma tiene que ver con la detección de las enfermedades raras, lo que se votará este jueves es una modificación acordada entre PP, PSOE y Sumar que hará que los contratos de suministros con las farmacéuticas sean confidenciales.
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