
Llegan a España con la expectativa de encontrar un empleo y comenzar una nueva vida, pero terminan atrapadas en redes de trata con fines de explotación sexual. La Policía Nacional ha detectado un incremento de víctimas venezolanas captadas por organizaciones criminales que utilizan falsas ofertas de trabajo como reclamo, imponen elevadas deudas y mantienen un control constante sobre las mujeres explotadas.
La inspectora Cristina del Collado, jefa del Grupo de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, ha explicado que las organizaciones latinoamericanas son actualmente las más presentes en España. Entre ellas destacan las venezolanas, colombianas y paraguayas, junto a las chinas, mientras que las procedentes de países del este de Europa, especialmente Rumanía, tienen una tendencia descendente.
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Las organizaciones venezolanas presentan una particularidad frente a otros grupos criminales: sus principales responsables permanecen en Venezuela, desde donde, según la inspectora, “monitorizan todo” el funcionamiento de la red. Aunque cuentan con colaboradores en España encargados de vigilar a las mujeres y trasladarlas entre diferentes pisos del territorio. Además, parte del dinero obtenido mediante la explotación sexual es enviado al país de origen de los responsables.
El perfil de las víctimas suele corresponder a mujeres muy jóvenes, de entre 18 y 20 años, en situaciones de especial vulnerabilidad y con una alta exposición a la manipulación. Antes de trasladarlas a España, las redes suelen enviarlas a otros países como Chile o Perú para “ponerlas a prueba” y comprobar si se adaptan al entorno de explotación sexual.
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La captación comienza con un engaño: las organizaciones ofrecen supuestos empleos en España que prometen una oportunidad económica y una salida a situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, una vez que las mujeres llegan al país, descubren que la realidad es muy distinta y quedan sometidas a las condiciones impuestas por la red. Para mantenerlas bajo control, los responsables les imponen una deuda por el traslado y la supuesta ayuda prestada, una cantidad que puede situarse entre los 9.000 y los 15.000 euros, la cifra más elevada detectada por la Policía.

Captación, deudas y amenazas para controlar a las víctimas
En el caso de las organizaciones colombianas, el funcionamiento presenta algunas diferencias respecto a las redes venezolanas. Según ha explicado Cristina del Collado en la Universidad Complutense, los responsables suelen encontrarse en España, aunque mantienen colaboradores en Colombia encargados de localizar y captar a jóvenes a las que engañan con falsas promesas de trabajo y mejores oportunidades económicas.
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Una vez trasladadas a España, las víctimas son sometidas a una deuda que oscila entre los 4.000 y los 6.000 euros, una cantidad que deben devolver mediante la explotación sexual. Además, las redes recurren a mecanismos de intimidación para evitar que abandonen la situación de explotación: les hacen firmar documentos en los que deben aportar información sobre sus familiares y sus domicilios, datos que después utilizan como amenaza si intentan escapar o dejar la prostitución.
Asimismo, la Policía también ha detectado casos en los que estas organizaciones fuerzan a las víctimas al consumo de drogas, especialmente cocaína, generando una dependencia que facilita aún más su control.
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Junto a las colombianas, las redes paraguayas también mantienen una presencia destacada en España, aunque emplean métodos de captación diferentes. En muchos casos, las víctimas son engañadas por familiares o personas cercanas, una circunstancia que aumenta su confianza y facilita que acepten viajar al país con la promesa de encontrar un empleo.
Una vez en España, las mujeres quedan atrapadas por una deuda que ronda los 4.000 euros. Para garantizar su pago, las organizaciones pueden obligarlas a firmar avales con los que comprometen bienes propios o de sus familias, como viviendas o vehículos, utilizando esa presión económica como otra herramienta de control sobre las víctimas.
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Las redes rumanas pierden fuerza, pero mantienen su presencia en España
Mientras tanto, las organizaciones procedentes del este de Europa, especialmente las de Rumanía, continúan teniendo presencia en España, aunque la Policía Nacional ha detectado una evolución a la baja en este tipo de redes en los últimos años. Pese a este descenso, los investigadores advierten de que estas estructuras siguen utilizando métodos de captación basados en la manipulación y el engaño, entre ellos la conocida técnica del ‘lover boy’.
Este método suele estar protagonizado por un hombre, generalmente de entre 30 y 35 años, con buena apariencia física y una imagen de éxito, que se acerca a jóvenes de alrededor de 18 o 19 años y establece con ellas una relación sentimental. Una vez que consigue ganarse su confianza y generar una dependencia emocional, la víctima es presionada y obligada a ejercer la prostitución, quedando bajo el control de la organización.
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Frente a estos grupos, la inspectora Cristina del Collado ha señalado que las organizaciones chinas son actualmente unas de las más complejas de investigar para las fuerzas de seguridad. Su estructura cerrada y su funcionamiento dentro de comunidades muy herméticas dificultan el acceso de los investigadores, a lo que se suman las barreras lingüísticas, sociales y culturales. Esta combinación hace más complicada tanto la identificación de los responsables como la detección y asistencia a las posibles víctimas.
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