Un exministro, un fiscal, la Dirección de la Guardia Civil y altos cargos de la SEPI: todos los procesados, imputados o condenados alrededor del Gobierno de Pedro Sánchez

El Gobierno llega al parón veraniego en medio de un incendio judicial cuyos frentes se multiplican cada semana. El balance judicial para el socio mayoritario se sitúa ya en más de una decena de causas abiertas que mantienen imputados, procesados o encarcelados a altos cargos públicos, exmiembros del Ejecutivo y figuras clave en el PSOE, además del entorno familiar de Pedro Sánchez. En algunas ocasiones, las tramas y los propios personajes que las integran están entrelazados, lo que hace (todavía) más complicado entender qué se está cociendo en los tribunales y qué le puede deparar al PSOE en el siguiente curso.

Lo mejor es ir por partes. ¿Qué casos están cerrados? Por ahora —y este es el único que ha admitido Sánchez—, se conoce la sentencia que afecta al exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, José Luis Ábalos, sentenciado a la pena más alta posible (24 años de prisión) por el cobro de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. En esta trama, instruida por el Supremo, ha sido condenado también su exasesor, Koldo García Izaguirre, y el empresario Víctor de Aldama, quien consiguió eludir la cárcel por su colaboración con las autoridades.

Otra de las sentencias más sonadas fue la emitida contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado a dos años de inhabilitación por revelación de informaciones judiciales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

Ministerio de Transportes

El resto son investigaciones abiertas, que irán aumentando o reduciendo el número de implicados a medida que se vayan esclareciendo los diversos indicios. Y en este punto hay 16. La sentencia del caso mascarillas, por ejemplo, se engloba en una investigación más amplia, que involucra a Ábalos, Koldo y al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, además de una serie de cargos del Ministerio de Transportes.

Está en manos de la Audiencia Nacional y trata de averiguar si, mientras José Luis Ábalos dirigía la cartera durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, usó el cargo y su influencia para beneficiar a empresas privadas. Más allá de los contratos de material sanitario, se investigan gestiones para favorecer a empresas concretas en la obtención de licencias de obras públicas por parte del Ministerio de Transportes, ADIF y la Dirección General de Carreteras.

En cuanto a los cargos públicos del Ministerio, están imputados Isabel Pardo de Vera (expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes), Francisco Javier Herrero (exdirector de Carreteras), Jesús Manuel Gómez (exsubsecretario de Transportes), Álvaro Sánchez Manzanares (exsecretario general de Puertos del Estado), José Luis Rodríguez (subteniente de la Guardia Civil asignado en Nuevos Ministerios) y Michaux Miranda (exjefe de personal de Adif).

La SEPI

Y más sobre mordidas. La Fiscalía Anticorrupción investiga a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el instrumento público que depende de Hacienda y gestiona y controla las acciones del Estado en distintas empresas de sectores que considera estratégicos, como la energía, las comunicaciones o la defensa.

Anticorrupción detectó un “patrón estructurado” para amañar rescates y concesiones de infraestructuras durante la pandemia. Vinculado a Transportes, figuran los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra, por 615 y 53 millones de euros, respectivamente. También se investiga, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, el rescate de Tubos Reunidos o concesiones de infraestructuras renovables al Grupo Forestalia.

El juez Pedraz tiene imputadas a las tres personas que dirigieron la SEPI durante el Gobierno de Sánchez: la actual presidenta de la Sepi, Belén Gualda, y sus predecesores Vicente Fernández y Bartolomé Lora.

También figuran altos cargos como José Vicente Berlanga (expresidente de la empresa pública ENUSA); Julián Mateos Aparicio (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas); Miguel Ángel Figueroa Teva (exdirector de Participadas); Ángel Santiago Mesa (director corporativo); Rosario Martín Manzanedo (exdirectora de Participadas II y responsable del expediente de Tubos Reunidos); y el directivo Félix Azcona Lacarra.

Y más nombres: María Teresa Castillo Pasalodos (directora de Desarrollo Corporativo de Isdefe), Rosario Arévalo (militante del PSOE y exconsejera de la SEPI), Fernando Albert Aragón (expresidente de la mesa de contratación de SEPI Desarrollo Empresarial), Juan Antonio Carrillo Donaire (exconsejero electivo del Consejo Consultivo Andaluz), María de la Concepción Ortiz Fuerte (presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales) y José Ramón Sempere (expresidente de Mercasa).

La dirección de la Guardia Civil

Uno de los casos que genera más inquietud es el de Leire Díez, una investigación que trata de dilucidar si el PSOE pagó a la exmilitante para que movilizase su estructura interna, las llamadas ‘cloacas’, para torpedear actuaciones judiciales o policiales contra el PSOE y el Gobierno. Y aquí está en el foco la cúpula de la Guardia Civil.

Figuran como imputados la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y su número dos, Manuel Llamas. La investigación judicial estudia, entre otros hechos, las reuniones celebradas entre González y Díez, en las que supuestamente se solicitó la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo. Además, la instrucción incluye presuntas instrucciones de la cúpula a mandos de la UCO para que evitaran actuar con eficacia en investigaciones sensibles para los intereses políticos. Y es por eso que está investigado también el capitán de la UCO, Juan Sánchez Yepes, por presuntamente filtrar información secreta de la trama de fraude en hidrocarburos.

El hermano y la esposa

Más allá del devenir de este reguero de casos, el propio Pedro Sánchez ha querido siempre diferenciarlas de las causas que apuntan a su entorno familiar: su esposa Begoña Gómez y su hermano David Sánchez.

La primera está imputada en una causa por su actividad desarrollada en torno a su cátedra en la Universidad Complutense y por supuestamente haber aprovechado su posición y contactos; mientras que el segundo está involucrado en la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. En este caso, está también bajo investigación el expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo.

El líder del Ejecutivo ha querido cerrar filas también con el expresidente del Gobierno y líder espiritual del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el presunto cobro de comisiones por sus labores de influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, el juez José Luis Calama decidió abrir una causa separada para tratar de dilucidar el origen de las joyas halladas durante los registros en su despacho.