Vecinos de toda España se oponen a las plantas de biogás: la cara y la cruz de una energía renovable que les asusta por el riesgo de malos olores

En Huelves, un municipio de apenas 105 habitantes de la provincia de Cuenca, se proyecta una macroplanta de biometano que acogería cada año 233.000 toneladas de residuos agroalimentarios, una cantidad que supera con creces las cerca de 4.000 que genera la localidad. Sería, así, la más grande de la comarca.

La asociación de movimientos vecinales Pueblos Vivos Cuenca denuncia que, de llevarse a cabo, Huelves se convertiría en un “nodo de recepción masiva de residuos”, para lo que sería necesario el paso diario de decenas de camiones por vías no acostumbradas a tal tráfico. Además, justificaría posteriormente la construcción de nuevas macrogranjas, contribuyendo a un “modelo industrial de producción a gran escala contaminante y agresivo”. “Si hay despoblación, con estos proyectos le das la puntilla a los pueblos”, señala a Infobae Ana Muñoz, portavoz de la asociación. “Es una barbaridad lo que están haciendo con los proyectos de biogás a nivel nacional”.

Huelves no es el único municipio de España donde una posible planta de biogás ha despertado la oposición vecinal. A lo largo y ancho de la geografía de nuestro país, distintas organizaciones denuncian que muchos de estos proyectos son potencialmente contaminantes, demasiados en una zona reducida y con una capacidad excesiva para los residuos que se generan en la región. “Esto no tiene nada que ver con una verdadera lógica de reutilización de la materia para obtener un recurso energético”.

¿Qué son el biogás y el biometano?

El biogás se obtiene a partir de la descomposición de materia orgánica (restos agrícolas, estiércol, residuos alimentarios, purines, cadáveres, lodos de depuradora…) en ausencia de oxígeno, lo que se conoce como digestión anaerobia. Tal y como explica a Infobae Raúl Muñoz, ingeniero químico y catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente en la Universidad de Valladolid, la composición es un 50-70% metano, un 30-50% dióxido de carbono y pequeñas cantidades de vapor de agua y otros gases como el cloruro de hidrógeno.

Para convertir el biogás en biometano, se eliminan todas estas impurezas, dejando solo el metano. Así, puede inyectarse en la red de gas natural, utilizarse como combustible en vehículos o alimentar sistemas eléctricos y de calor. Es, por tanto, una energía renovable que nos permitiría reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, que contribuyen al cambio climático y contaminan el aire, entre otros múltiples inconvenientes.

Además, Muñoz señala que esta estrategia permite gestionar los residuos de una manera que no liberen de forma descontrolada a la atmósfera los gases de efecto invernadero, puesto que el metano se captura y se emplea en lugar de dejar que se escape. Incluso el dióxido de carbono (que es CO₂ biogénico, no igual que el que procede de las fuentes fósiles) también podría emplearse si se usa hidrógeno verde para producir más metano. De esta manera, se valorizaría también ese dióxido de carbono dentro de una economía circular en vez de liberarlo directamente a la atmósfera.

“En lugar de un problema medioambiental, como es el cambio climático, se puede transformar la materia orgánica en un beneficio ambiental y económico”, explica el catedrático. Sin embargo, el hecho de ser una energía renovable no implica que esté exenta de posibles impactos ambientales. Su ubicación, gestión y planteamiento son clave para evitar que lo que puede ser una herramienta para la necesaria transición energética se convierta en fuente de nuevos problemas.

El riesgo de malos olores, el origen de la mayor parte de la oposición

Uno de los principales motivos por los que se oponen los vecinos de los municipios cercanos a los lugares donde se proyectan estas plantas es el riesgo de malos olores. Muñoz defiende que “gestionar bien los residuos evita la formación de olores dispersos”, pues eliminar “rápidamente los purines de las granjas quita huella de olor al entorno”.

Además, indica que a día de hoy existen tecnologías de biofiltración para evitar “las molestias a las comunidades cercanas”. “Tecnología hay; lo que hay que hacer es obligar a las empresas que van a sacar un beneficio económico a instalarla para proteger el medioambiente y a los ciudadanos”. “Yo siempre pongo el ejemplo de una de las plantas experimentales de biogás que ha habido aquí en España, que justamente es en mi pueblo, en Almazán”, explica el catedrático. “No generaba olores, no generaba problemas, nadie sabía que estaba”.

Sin embargo, esta no es la experiencia que han tenido los vecinos de Casasbuenas, en Toledo. Desde el verano de 2025 hay una planta de biogás en el paraje del Cerro Pelao, en el término municipal de Noez y a 1,9 kilómetros de Casasbuenas. “El día 10 de agosto, a las dos y media de la madrugada, estábamos durmiendo con las ventanas abiertas y eso fue horroroso. La peste que entró, no sabemos si era gas, era un olor muy extraño”, explica a Infobae el alcalde del municipio, Juan Antonio Camuñas. “No había forma de sacarlo de la vivienda. Fue una noche de miedo. A raíz de ahí, la psicosis que nos entró en todo el pueblo fue tremenda”.

El Ayuntamiento ha recibido más de 200 quejas. “Tengo incluso informes médicos porque la gente iba al médico con dolores de cabeza, náuseas, vómitos. O sea, ha sido asqueroso total”, señala, añadiendo que “esa planta me está machacando mi pueblo”. Ante esta situación y el desconocimiento sobre lo que los vecinos del municipio estaban respirando, el alcalde interpuso en el mes de septiembre una denuncia ante la Fiscalía por posibles perjuicios medioambientales. “Estoy esperando a que me contesten”.

Desde hace un par de meses, Camuñas explica que los olores han cesado, no sabe si porque han cerrado la planta o porque “se han quedado sin materia prima”. “La cosa es que ha parado y Dios lo quiera que siga así y que no vuelva a funcionar”, señala, aunque con temor a que la actividad regrese y con ella los olores. “Yo toco madera. Como empiece otra vez a funcionar, ya en el verano no sabemos ni lo que vamos a tener que hacer. No hay quien viva, o sea, es un olor nauseabundo”.

Esos mismos olores son los que temen en San Antonio de Requena (Valencia), donde Acció Ecologista-Agró denuncia que un proyecto de biogás contempla acoger 171.000 toneladas de purines anuales, produciéndose después 107.000 toneladas de fertilizante sólido y 41.000 de líquido. “Los propios números revelan que aquí lo importante no es el gas. Es un macrocentro comarcal de gestión y transformación de purines con una capa de marketing verde”. El Ayuntamiento ha elaborado dos informes técnicos desfavorables.

De llevarse a cabo, la instalación se ubicaría en el ‘Paisaje de relevancia regional PRR 28 viñedos’ de Utiel-Requena, lo que denuncian que afectaría a la actividad vitivinícola y el turismo rural. “Si es una experiencia sensorial, ¿cómo vas a ir a las bodegas para tener esos malos olores? Esas rutas enoturísticas y la reputación de los vinos de la zona, especialmente si se comercializa bajo sellos de calidad, como es la denominación de origen, se van a ver afectados sí o sí, eso está claro”, denuncia a este medio Ana María Sánchez, portavoz de la asociación.

Nitratos y contaminación: otras oposiciones al biogás

El subproducto que queda tras la producción del biogás es el digestato, que Muñoz explica que puede utilizarse como biofertilizante (previa higienización) porque es rico en nutrientes, lo que permite sustituir parcialmente los fertilizantes químicos, que tienen un “altísimo coste y un altísimo impacto ambiental”; así, beneficiaría a los agricultores. Sin embargo, para ello es necesario que no se aplique en cantidades excesivas ni sin una gestión adecuada, pues el nitrógeno que contiene (principalmente en forma de amonio, al principio) puede transformarse en nitratos y contribuir a la contaminación de las aguas subterráneas.

“Al final, si las cosas se hacen bien, no hay problema de olores, no hay problemas de contaminación de aguas, pero la administración pública tiene que estar garantizando que las cosas se hacen bien, que se tratan bien los digestatos”, explica el catedrático.

Desde las asociaciones que denuncian los proyectos en Huelves y San Antonio de Requena, señalan que se oponen a la utilización de estos productos por el riesgo de que, sin un buen tratamiento, contaminen los suelos y los acuíferos. “Hay zonas en toda Castilla-La Mancha que se han declarado vulnerables a nitratos, cuyo origen es la agricultura y también la ganadería intensiva. El digestato que se genera a partir de los residuos de la macroplanta de biogás también es contaminante”, defiende Ana Muñoz.

A esto suman la posible contaminación por metano y otros gases por una producción y manejo inadecuados, el aumento en la movilización de camiones —para lo que se necesita combustible fósil, lo que impide la meta de lograr la descarbonización, especialmente si hay una gran distancia entre el punto de generación de los residuos y el de su aprovechamiento— y los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad. En el caso de la posible planta que denuncian desde Acció Ecologista Agró, la asociación señala que se necesitarían más de 2.300.000 litros de agua anuales en un entorno en el que existe sobreexplotación de este recurso. “El proyecto no acredita disponibilidad suficiente de agua ni garantiza que las demandas hídricas no comprometan el abastecimiento urbano ni otros usos preferentes”.

Muchas plantas de biogás y muy grandes

Desde las asociaciones denunciantes indican que hay un boom a nivel nacional de los proyectos de biogás. Pueblos Vivos Cuenca señala que solo en Castilla-La Mancha hay 71, algunos en zonas muy cercanas a otros, lo que hace pensar que varios no saldrán adelante.

Según la agrupación Stop Ganadería Industrial C-LM, 40 de estas plantas tendrían una capacidad mayor a las 150.000 toneladas, de las cuales 21 sobrepasarían las 200.000 y, de estas, tres superarían las 300.000. En el siguiente mapa elaborado por la agrupación puede consultarse su ubicación y su estado.

También en la comarca de la Plana de Utiel-Requena denuncian la misma situación. “Actualmente hemos identificado al menos cuatro proyectos de plantas de biogás en un radio de 50 kilómetros. Si tenemos en cuenta la distancia entre los pueblos donde se pretenden instalar las industrias, se ve a simple vista la trama devastadora que se pretende alcanzar con esta nueva fiebre del biogás”, explica la portavoz de Acció Ecologista-Agró.

La magnitud de los proyectos es otro de los aspectos que ha despertado la oposición de asociaciones y vecinos. “Yo creo que el proyecto de Huelves está parado porque es de cajón que no hay residuos suficientes en la zona”, señala Ana Muñoz. “No son proyectos verdaderamente rentables ni buenos para la población, sino que son auténticos pelotazos de la energía”.

“En Alemania, las que hay suelen ser pequeñas y están asociadas a la economía local. La propia cooperativa de ganaderos y agricultores está unida y monta ella misma su propia planta de biogás. Esa planta de biogás está dimensionada para los residuos que generan ellos y ejerce una función adecuada para lo que se ha diseñado, que es para reaprovechar esos recursos orgánicos”, indica la portavoz de Pueblos Vivos Cuenca.

Una transición energética justa, ordenada y participativa

La transición energética es necesaria y posible, y los los proyectos de biogás y biometano son una herramienta para acercarnos a ella. Así lo explican desde Ecologistas en Acción en un documento que permite evaluar si los proyectos son sostenibles o insostenibles: “Consideramos positivos aquellos que nos permiten caminar hacia la reducción de las emisiones y una gestión sostenible de residuos y energías renovables. Para ello, es preciso diferenciarlos de los que significan más contaminación y problemas”.

La cuestión es utilizar la tecnología necesaria para evitar malos olores, tratar los productos y subproductos correctamente para que no haya contaminación e impedir “monstruos insostenibles” dependientes de la ganadería intensiva, así como la proliferación desmesurada en una región sin que los vecinos que viven allí tengan beneficios reales.

Los proyectos sostenibles ayudarían a una gestión centralizada de los residuos y a fijar población mediante la creación de trabajo en la zona, como defiende Muñoz, al igual que permitirían generar suministro eléctrico para los municipios. La cuestión es que algunas de estas plantas, tal y como están proyectadas, no llevarían estos beneficios a la población del entorno.

“El sacrificio que implica para 12 puestos de trabajo no merece la pena. Resulta insuficiente para justificar esa alteración del régimen del suelo rústico y la transformación irreversible del territorio que va a sufrir”, afirma Sánchez.

Estos municipios, además, aseguran que no quieren convertirse en una “comarca de sacrificio”, en una zona en la que proliferen estas infraestructuras sin un beneficio directo y real para la población que tendrá que convivir con ellas. “El suministro energético directo para el municipio no se ve por ningún lado. La reducción del coste energético para el vecindario o las empresas locales ni se ve. La mejora de infraestructuras de uso comunitario, tampoco. El retorno relevante para la administración local o el ayuntamiento, tampoco. Entonces, claro, ¿qué beneficios tiene la población? Son difusos, indirectos, no están garantizados y, sobre todo, lo que buscan es su beneficio económico, olvidando el beneficio social que tiene que haber para la ciudadanía”, explica la portavoz de Acció Ecologista-Agró con respecto al proyecto de San Antonio de Requena.

Y es que, desde esta asociación, que está integrada en la Coordinadora por la Ubicación de las Energías Renovables del País Valenciano, señalan que esta transición “no está siendo nada justa”: “La factura de transición desmesurada la estamos pagando el mundo rural”, explica, haciendo referencia a la proliferación de plantas eólicas, fotovoltaicas y ahora también de biometano y biogás en estas regiones. “Al aprovecharse de ese declive demográfico, de esa España rural vaciada, se está permitiendo la instalación de esas plantas renovables en suelo no urbanizable de especial protección, incluyendo algunas partes de la zona de la Red Natura”.

Así, reclaman que la implantación de las energías renovables, tan necesarias en un contexto actual de aceleración del cambio climático, se haga “de manera ordenada, planificada, desde las instituciones públicas, con la participación de los municipios y de la ciudadanía que habitamos en el territorio, que muchas veces no nos tienen en cuenta”.