El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado este martes que en el plazo de un año se asignarán 505 millones de euros al Plan de Integración y Ciudadanía, destinado a facilitar la integración de personas migrantes, además de que se pondrá en marcha una Agencia Estatal de Movilidad Humana con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficiencia en la gestión, ya que hasta ahora los recursos han permanecido “dispersos”.
Durante la presentación del plan y la campaña institucional ‘¿De dónde vienen? Vienen de hacer país’, de hacer país’, Sánchez también ha afirmado que la regularización extraordinaria de migrantes ha recibido más de un millón de solicitudes, lo que demuestra que “era una medida necesaria”, ha añadido en el mismo día en que termina el plazo para presentar las solicitudes para acogerse al proceso. “No hay integración posible sin regularidad. La exclusión no protege a nadie”, ya que no otorga “prioridad nacional a nadie”, sino que hace más vulnerable a quien llega y más difícil la tarea a la sociedad que acoge, ha señalado el mandatario en su intervención.
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Este mecanismo permitirá a miles de personas migrantes acceder a permisos de residencia y trabajo, si bien las organizaciones sociales que han brindado apoyo en la tramitación de la documentación han advertido sobre las dificultades administrativas y consulares a las que se han enfrentado muchos solicitantes desde que el Gobierno puso en marcha la medida a mediados de abril. Estas entidades también han cuestionado el tiempo disponible para participar en el proceso, al considerarlo insuficiente, por ello impulsaron una proposición no de ley en el Congreso para solicitar una prórroga, aunque la propuesta no fue aprobada.
En la apertura del acto, en el que intervinieron representantes de la patronal, sindicatos y personas migrantes con experiencia en procesos de regularización, Sánchez compartió el caso de Diana, una ciudadana peruana que pasó tres años en España sin documentación, separada de sus hijos y empleada como interna sin contrato ni derechos laborales. La situación de esta mujer cambió a raíz de la regularización impulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2005, el último proceso de este tipo antes del actual.
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De ahí la importancia, ha destacado Sánchez, de reconocer derechos a personas como Diana, que ya forman parte de la sociedad y contribuyen al país.
Programas de prevención de los discursos de odio
Respecto al plan de integración, que contempla 16 medidas, Sánchez ha explicado que se estructurará en cuatro ejes de actuación. Entre las principales iniciativas figuran la regularización extraordinaria, una Estrategia de Movilidad Laboral orientada a crear vías legales y seguras para la migración, y la puesta en marcha de la nueva agencia estatal.
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En el segundo eje, se prevé una inversión de 185 millones de euros para facilitar el acceso al empleo en sectores con alta demanda y ofrecer más de 100.000 plazas de Formación Profesional adaptadas a las necesidades del mercado laboral. El tercer eje, enfocado en la convivencia, contará con casi 30 millones de euros para programas dirigidos al aprendizaje de los idiomas cooficiales y la prevención de los discursos de odio.
El cuarto eje tendrá una dotación superior a 260 millones de euros para fortalecer los servicios públicos y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas migrantes.
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(Con información de EFE y Europa Press)
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