La regularización de migrantes que viven en España, presentada este martes, no es el único proceso de gran magnitud abierto en nuestro país para modificar la situación administrativa de miles de personas. El Gobierno de Pedro Sánchez también avanza en la conocida como ‘ley de nietos’, que concederá la nacionalidad española a hijos y nietos de nacionales exiliados. Estamos hablando de 1,2 millones de solicitudes que han llegado a embajadas y consulados de todo el mundo, especialmente de Suramérica. Para agilizar todo este proceso, la Secretaría de Estado de Justicia ha adjudicado a la empresa Neoris España SL un contrato para la prestación de “servicios de desarrollo, mantenimiento y soporte a usuarios de los sistemas de Nacionalidad”.
Neoris fue fundada hace más de dos décadas por el gigante mexicano CEMEX, especialista en materiales de construcción. Pero en el año 2022, el fondo Advent International se convirtió en accionista mayoritario, aunque en junio de 2025 EPAM Systems, firma estadounidense, anunció que compraba la consultora tecnológica Neoris. Su filial española, Neoris España se ha hecho con este contrato tras presentar la oferta económica más ventajosa para las arcas públicas: 1.703.955 euros. Neoris ha conseguido el contrato en detrimento de otras firmas españolas tan importantes como el gigante Indra (participado por el propio Ejecutivo español) y Grupo Oesía, una multinacional española de ingeniería centrada en líneas de negocios de defensa y digitalización. De hecho, esta compañía es uno de los suministradores tecnológicos de referencia de sistemas militares clave, desde el caza de combate Eurofighter, pasando por las fragatas F-110 o los misiles Patriot.
Justicia ofreció el contrato a una treintena de empresas que suelen trabajar con el ministerio, aunque finalmente solo 13 pasaron la criba final. Neoris España presentó una oferta un 18,75% inferior a la media de las ofertas admitidas, por lo que generó dudas en la Mesa de Contratación de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Al final, esta empresa pudo superar las reticencias porque su oferta, a pesar de ser anormalmente baja, respetaba las categorías de convenio de los perfiles solicitados y establecía condiciones salariales para cada uno de los perfiles propuestos que igualan a lo establecido en el convenio colectivo vigente para ‘empresas de consultoría, tecnologías de la información y estudios de mercado y de la opinión pública’. Neoris superó a Indra porque su oferta económica fue mejor. En el caso de Oesía, esta hizo sus cálculos y declinó su participación en la licitación.
En España se puede acceder a la nacionalidad española por tres vías principales: por residencia, que es el procedimiento de naturalización al que acuden más extranjeros; por carta de naturaleza, esto es, aquella se otorga discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto; y nacionalidad por opción, donde entra el supuesto de hijos y nietos de españoles emigrantes hasta 1978. Esta última vía, conocida como ‘ley de nietos’, es la que quiere agilizar el Gobierno con este contrato. Un contrato que pertenece a un acuerdo marco de 125 millones de euros firmado en julio de 2022 y que tiene tres lotes.
Aluvión de solicitudes
El lote 1 es en el que se enmarca este tipo de trabajo: “el desarrollo y mantenimiento de sistemas de información, y las oficinas de Gestión de Programas y Proyectos”. El aluvión de solicitudes que han llegado a las degelaciones diplomáticas de España en el extranjero ha sido tan importante desde que la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que Justicia se ha visto obligada a reforzar su tramitación. Los últimos datos oficiales ofrecidos en septiembre del año pasado revelan que el Gobierno de España ha concedido hasta el momento 237.145 nacionalidades.
En septiembre se habían presentado 876.321 solicitudes, aunque en el último mes de plazo el flujo de peticiones se disparó hasta los 1,2 millones. La mayoría han llegado a Argentina, Cuba, Brasil, México y EEUU. El proceso de nacionalización es largo, ya que acaba con la entrega del pasaporte a los beneficiados. Un pasaporte que les permitirá votar en las próximas elecciones generales.
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