
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que su gobierno permitirá a los estudiantes desplazados a la capital utilizar la tarjeta de transporte personal, pese a no estar empadronados. La decisión se ha anunciado el mismo día que entran en vigor las restricciones para los no residentes, que limitarán el uso de los abonos de transporte mensuales a aquellos inscritos en algún municipio de la Comunidad de Madrid.
“El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice. Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos”, ha argumentado Ayuso antes de un desayuno informativo.
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Sin embargo, la presidenta ha prometido que se promoverán convenios con las comunidades autónomas “para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva”. Estos acuerdos ya existen con Castilla-La Mancha y Castilla y León, pues algunos de sus territorios entran dentro de las zonas tarifarias del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).
Migrantes y trabajadores extracomunitarios no podrán usar el abono transporte

La decisión de limitar el abono transporte a residentes de la Comunidad de Madrid está en vigor desde el año 2011, según el Ejecutivo regional, pero se ha esperado 15 años para aplicarla “por la implantación progresiva de la tarjeta sin contacto, limitaciones tecnológicas e integración del sistema, la pandemia de COVID-19 y la alteración de la demanda”, ha explicado Ayuso este lunes.
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La medida limita la adquisición y uso de la Tarjeta Transporte Personal a aquellas personas empadronadas en alguno de los municipios de la Comunidad de Madrid, el único título que permite beneficiarse de los abonos mensuales y el uso de los servicios de metro, bus y cercanías sin costes adicionales.
La iniciativa tendrá como excepción a los estudiantes desplazados, pero los convenios tardarán tiempo en establecerse. El resto de colectivos afectados, como los migrantes en situación irregular o los trabajadores que residen en otras comunidades autónomas y se desplazan a diario a la capital, deberán utilizar otros billetes para utilizar el transporte público de la Comunidad de Madrid.
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Justamente, la prohibición se introduce en pleno proceso de regularización extraordinaria de migrantes, para quienes el simple certificado de la tarjeta de transportes regional es suficiente para demostrar arraigo. Este requisito ha provocado colapsos en la Oficina de Gestión del Consorcio Regional de Transportes de Madrid durante la primavera.
La administración regional defiende que el veto solo afectará a un 3,4% de los usuarios y no tendrá carácter retroactivo, por lo que quienes ya lo tienen podrán seguir usándolo en las mismas condiciones. Sin embargo, no podrán renovar ni obtener de nuevo la tarjeta, tampoco en caso de extravío.
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Más Madrid ha criticado duramente la prohibición y ha acusado al Gobierno de Ayuso de “usar la burocracia para excluir y hacer la vida más difícil”. Por su parte, el PSOE madrileño ha considerado que la prohibición responde a una “prioridad nacional” pero “solo para los madrileños”.
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