El asesinato de Lyhanna revoluciona Francia y revela los fallos de la justicia: el país acumula 70.000 denuncias de abusos a menores

El cuerpo de Lyhanna Rameau, de 11 años, fue encontrado el pasado jueves 4 de junio en una granja abandonada de la Occitania francesa. La niña había desaparecido el viernes anterior con el padre de dos compañeras suyas del colegio, Jérôme Barella. El hombre, de 41 años, aseguraba haberla dejado en la piscina municipal, pero la realidad era otra: había asesinado a la menor y enterrado su cadáver.

El caso ha revolucionado Francia, no por lo escatológico del suceso, sino por la falta de actuación del sistema judicial. Barella acumulaba varias denuncias por abusos a menores desde el año 2017 y ninguna sirvió para pararle los pies a tiempo. El pasado domingo, miles de personas salieron a las calles de la pequeña localidad de Fleurance, donde vivía la niña, en una marcha silenciosa en recuerdo de Lyhanna. Las protestas se replicaron el lunes en París, donde la población pidió la dimisión del ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que por el momento descarta abandonar su puesto. “La cuestión de mi permanencia (en el gobierno) solo se plantearía si no estuviera asumiendo mi responsabilidad”, declaró.

“Está claro que hay un fallo y que no podemos ignorar que han salido a la luz las carencias”, admitió el presidente de la República, Emmanuel Macron. El Gobierno galo insiste en que el problema no es la falta de medios, sino la falta de priorización de ciertos casos urgentes. Así, han pedido a todos los fiscales generales revisar en detalle las 70.000 denuncias relacionadas con menores que acumula el país.

El “gran fracaso” de la justicia francesa

La primera denuncia contra Jérôme Barella llegó en 2017, cuando una mujer lo acusó de mantener relaciones sexuales con su hija de 17 años. El hombre, que por aquel entonces tenía 30 años, salió sin cargos de la investigación después de que la menor asegurase que se trataba de encuentros consentidos.

En 2021, llegó un segundo aviso: el instituto en el que trabajaba lo despidió por conducta inapropiada después de la denuncia de una alumna. Un año después, otro caso le señaló como presunto violador de una menor de siete años en el año 2020. El caso se archivó por falta de pruebas. Meses antes del asesinato de Lyhanna, en agosto de 2025, otra madre aseguró que su hija de 12 años había sido violada en casa de Barella. El sospechoso nunca fue interrogado por estos hechos.

El pasado 29 de mayo, Barella recogió a Lyhanna en su coche después del colegio y, según su versión de los hechos, la dejó en la piscina municipal. Lo cierto es que la niña nunca llegó a este recinto, que permanecía cerrado el viernes de su desaparición. Tras una intensa semana de búsqueda, el cuerpo de la pequeña fue hallado el jueves 4 de junio en una granja abandonada a las afueras de la comuna de Puycasquier (sur de Francia) y Barella fue detenido como el principal sospechoso. La autopsia todavía no ha permitido identificar la causa de muerte ni si la niña fue agredida sexualmente.

El ministro Darmanin se presentó ante los medios el pasado viernes para pedir disculpas por lo que calificó como un “gran fracaso” en el manejo de denuncias contra sospechosos y ha prometido decir “toda la verdad” al pueblo francés.

70.000 denuncias pendientes de revisión

El Gobierno galo ha instado a los fiscales a reexaminar las 70.000 denuncias legales por supuestos delitos contra menores. “¿Es el caso Lyhanna un fracaso aislado? ¿O es que, de manera más sistémica, existen muchos más casos como este?“, preguntó Darmanin.

Los fiscales generales tendrán hasta el próximo 14 de julio, Día Nacional de Francia, para inventariar “la totalidad de las denuncias que están en su conocimiento en las fiscalías en las que se haya abierto una investigación que no haya dado lugar a una instrucción judicial o a una clasificación y en las que no se hayan realizado manifiestamente actos de investigación”, expresó Darmanin.

La tarea se presenta como prácticamente imposible para el sistema judicial francés. En una carta dirigida al ministro de Justicia, el presidente de uno de los sindicatos de magistrados, Ludovic Friat, afirmó que los profesionales judiciales no podían responder a la exigencia de Darmanin con “cuatro veces menos fiscales que el promedio europeo”. El Gobierno, sin embargo, considera que el problema no es la falta de recursos, pues el presupuesto para la justicia ha aumentado un 48,5% desde 2017. Este dinero, sin embargo, se destina principalmente al sistema penitenciario.

Mientras, las denuncias por abusos de menores siguen sin respuesta. Un informe de la Comisión independiente sobre el incesto y la violencia sexual contra los niños (Ciivise, por sus siglas en francés) evidenció que cada año 160.000 niños son víctimas de agresión sexual en Francia, pero solo una de cada 100 denuncias acaba en condena.