Un informe de Letonia advierte de la “guerra legal” que Rusia prepara contra Europa a través de campañas de desinformación o batallas judiciales

Las autoridades de Letonia han publicado un informe en el que advierten de que Rusia ha intensificado una guerra jurídica a escala internacional con el fin de debilitar a los países occidentales e influir sobre sus políticas. El documento, elaborado por la Oficina de Protección de la Constitución (SAB), el servicio de inteligencia letona, detalla que durante el último año las instituciones rusas han revisado y actualizado sus planes para emplear mecanismos legales, leyes y procedimientos judiciales como herramientas de presión política y diplomática.

El objetivo de esta estrategia es desincentivar las políticas contrarias a los intereses de Rusia y condicionar la agenda internacional a través de acciones legales directas contra líderes y funcionarios occidentales, así como mediante demandas ante tribunales internacionales. A esta “guerra legal” le suma las habitualmente señaladas campañas de desinformación con implicación del Kremlin.

El informe subraya que Rusia busca consolidar una posición jurídica común con estados aliados o neutrales, y que estudia con detenimiento el precedente iraní en demandas contra países occidentales en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, especialmente en casos relacionados con sanciones y fondos congelados. El objetivo, según el SAB, es transferir esos aprendizajes a la estrategia rusa y mejorar su capacidad de influencia en organismos internacionales.

Nuevas tácticas de presión y propaganda jurídica

El documento de inteligencia letona describe un abanico de medidas implementadas por Rusia para reforzar su capacidad de guerra jurídica. Entre ellas figuran programas de formación para árbitros y especialistas legales tanto en territorio ruso como en países aliados, la centralización del monitoreo y la organización de litigios internacionales, y el aumento del personal dedicado a estas tareas. Además, Moscú ha intensificado la cooperación con países que mantienen una postura favorable o neutral, como Bielorrusia, y promueve el diálogo coordinado con agrupaciones como BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái.

Según el SAB, la presión jurídica se extiende a la presentación de acciones legales contra funcionarios responsables de sanciones, el uso de sentencias internacionales para fines propagandísticos y el impulso de litigios contra países occidentales en tribunales y arbitrajes internacionales. Otro aspecto relevante es la elaboración de un registro de jueces favorables a los intereses rusos y la promoción de magistrados propios en foros internacionales. El informe señala también campañas para desacreditar a la Corte Penal Internacional.

Demandas a los Estados bálticos y riesgo de escalada

Entre las iniciativas más destacadas, el SAB menciona la intención de Rusia de presentar una demanda contra los Estados bálticos ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU, alegando supuesta discriminación hacia la población rusoparlante. El informe subraya que, más allá del resultado judicial, la mera presentación de la demanda serviría para amplificar mensajes de propaganda y aumentar la presión sobre estas repúblicas, con el potencial de justificar acciones diplomáticas o incluso más agresivas.

La inteligencia letona advierte de que el régimen ruso percibe una confrontación directa con Occidente en todos los planos, incluida la esfera legal. Señala que, a finales de mayo de 2026, el presidente ruso firmó una ley que permite enviar tropas al extranjero para proteger a ciudadanos rusos sometidos a procesos judiciales, lo que constituye, para Letonia, un nuevo instrumento de presión psicológica sobre las autoridades occidentales.