El SEPE abre un expediente disciplinario a un funcionario en Mérida por atender a usuarios sin cita previa

Que la burocracia es farragosa, tediosa y extensa es ampliamente conocido. Lo que se desconocía hasta la fecha son las consecuencias por parte de la Administración por tratar de aligerar esa carga que suponen los sucesivos trámites. Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Mérida, Extremadura, se enfrenta a un expediente disciplinario por atender a ciudadanos sin cita previa y facilitar certificados de prestaciones cuando la oficina tenía huecos o ya había despachado a los usuarios citados, un caso que ha activado una protesta ciudadana y ha reabierto el debate sobre el colapso de la atención presencial.

La concentración convocada este miércoles ante la oficina de Mérida ha reunido a decenas de personas, según ha publicado El Periódico de Extremadura, después de que el trabajador denunciara que la plantilla ha pasado de ocho o nueve empleados a cuatro y que algunos usuarios deben desplazarse más de 100 kilómetros para encontrar una cita disponible.

Según ha recogido la Agencia EFE, la dirección del SEPE ha abierto el procedimiento por una supuesta falta grave ligada a la atención de usuarios sin reserva previa y a la expedición de documentos necesarios para tramitar ayudas sociales. Nieto sostiene que esas actuaciones se producían solo cuando ya había atendido a las personas con cita o cuando quedaban huecos libres en la agenda diaria. En su relato a la cadena COPE, el empleado ha defendido que actuaba sin perjudicar la atención ordinaria y con un criterio de servicio público. “Cuando la oficina está vacía, intento asesorar. Para muchos, su único sustento es el subsidio”, ha dicho Juan Carlos Nieto en la radio.

El funcionario del SEPE, expedientado por atender sin cita previa y porque “no se ajusta a las directrices establecidas”

El pliego de cargos que se le atribuyen, según ha recogido la COPE, consiste en desobediencia a los superiores por “no cumplir unas supuestas órdenes, unas instrucciones de que no se atienda a nadie sin cita previa”. Además, también se reprocha a Juan Carlos Nieto emitir certificados de prestaciones “con conocimiento de que ello no se ajusta a las directrices establecidas”.

Nieto, de 56 años, acumula casi cuatro décadas en la Administración y afirma en diversos medios que nunca había vivido una situación similar. En declaraciones recogidas por El País, el administrativo ha explicado: “Llevo casi 37 años trabajando en la administración y nunca había vivido una situación así”. El funcionario vincula el expediente a un problema estructural del servicio y asegura que hace unos años la demora para obtener cita era de dos o tres días y que ahora algunos trámites pueden tardar semanas.

La situación se ha agravado con la reducción de personal en la oficina de Mérida y con la implantación del distrito único en la provincia de Badajoz. Ese modelo obliga a algunos usuarios a acudir a oficinas alejadas de su lugar de residencia para completar gestiones básicas.

El Ministerio de Trabajo se escuda en la confidencialidad para no publicar los “múltiples motivos” del expediente de Juan Carlos

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trasladado a varios medios que el expediente “no se sustenta en la cuestión planteada, es decir, en la atención a personas usuarias sin cita previa”. Según el departamento, concurren “múltiples motivos” que no pueden hacerse públicos por confidencialidad y respeto a las garantías del procedimiento.

Trabajo también ha indicado que el expediente parte de la Inspección de Servicios y que será la Subdirección general de Recursos y Organización la que determine si se han cometido las presuntas irregularidades. El ministerio sostiene además que en la oficina de Mérida no se están produciendo retrasos ni en las citas ni en el reconocimiento de prestaciones. Esta versión choca con la que mantiene el trabajador.

Según El Periódico de Extremadura, Nieto respondió que el pliego de cargos recoge precisamente la atención sin cita y la emisión de certificados como base del procedimiento, y rechazó además una posible acusación de negligencia por no reclamar documentos que, a su juicio, ya obran en poder de la Administración. La defensa del funcionario se apoya también en el impacto social de los retrasos.

El funcionario expedientado podría enfrentarse a suspensión de empleo y sueldo y a un traslado forzoso

Mientras se resuelve el expediente, el caso ha sumado respaldo sindical y social. Según medios de ámbito estatal y local, Campamento Dignidad y el Sindicato 25 de Marzo son los sindicatos que convocaron la concentración ante las dependencias del SEPE en Mérida, además de sumar apoyos de USO, Comisiones Obreras y trabajadores del Servicio Extremeño de Empleo.

En la protesta, según El Periódico de Extremadura, Nieto salió durante su media hora legal de descanso, agradeció el apoyo recibido y resumió su posición con una frase: “No es caridad, es hacer mi trabajo”. También puso como ejemplo que, desde la apertura de la oficina a las nueve de la mañana, el centro había estado “prácticamente todo el rato vacía”, con dos funcionarios disponibles. Si la falta grave prospera, podría enfrentarse a una suspensión de empleo y sueldo o a un traslado forzoso a otra localidad. El procedimiento sigue abierto y la decisión final corresponderá, según ha indicado el Ministerio de Trabajo a El País, a la Subdirección general de Recursos y Organización.