Los españoles marcan menos la casilla de apoyo social a la Iglesia en su declaración de la renta, y aún así cada vez recauda más

A pesar de que la secularización se está consolidando cada vez más como una tendencia estructural en la sociedad española, el informe ‘Laicidad en cifras’ de 2026, elaborado por la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, muestra un contraste bastante llamativo en el terreno fiscal. Al parecer, aunque el número de ciudadanos que marcan la casilla de apoyo directo a la institución en su declaración de la renta (IRPF) se encuentra en mínimos, la Iglesia católica recibe más dinero público que nunca.

Según los datos fiscales, en 1998, el 36,6 % de los contribuyentes españoles decidía marcar de forma exclusiva la opción religiosa. Sin embargo, por encima de los intentos de la institución religiosa, esta cifra se ha reducido paulatinamente hasta llegar a un marginal 10,3 % en el año 2022. Entonces, ¿cómo es esto posible? A esta cuestión se suma la opción combinada, es decir, aquellos ciudadanos que deciden marcar simultáneamente la casilla de la Iglesia y la de otros fines de interés social, destinando un 0,7 % de cuota íntegra del IRPF a cada uno.

El estudio ha observado que con esta alternativa ha habido un claro aumento pasando de un 10,3 % en 1999 a un 21,3 % en 2022. Pero aun así, estos datos no terminan de compensar la caída de la casilla exclusiva “lo que se traduce en una disminución global del apoyo explícito a la Iglesia católica”, determina el informe. Y es que el apoyo total a la casilla eclesiástica ha descendido de manera progresiva, situándose en apenas un 31,6 % de los contribuyentes exclusivos y combinados.

Menos personas, pero más dinero: ¿dónde está el truco?

Pese a esta evidente pérdida de apoyo explícito entre la población ciudadana, la recaudación de la Iglesia católica ha roto todos sus techos históricos. Si en 1998 la institución ingresaba 97,2 millones de euros a través de este mecanismo fiscal, para el ejercicio de 2022 la asignación se disparó hasta alcanzar los enormes 333,7 millones de euros.

Para entender la raíz de esta aparente paradoja matemática es imprescindible rescatar las conclusiones del informe de laicidad de 2025. El informe señala que la evidente relación inversa entre un menor número de contribuyentes y un mayor volumen económico demuestra que el importe total se sostiene por las personas con altos niveles de renta. Es decir, menos ciudadanos marcan la casilla, pero los que lo hacen declaran ingresos mucho más elevados.

Asimismo, el estudio incide en el coste de oportunidad para las arcas públicas. La Iglesia es la única entidad privada que recibe dinero directo del IRPF, un privilegio amparado en los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979. Ese 0,7 % supone un importe millonario que “se deja de ingresar en la caja común, hecho que impacta en toda la ciudadanía, ya que implica menos recursos disponibles en los presupuestos generales”.

La financiación fiscal solo cubre el 25% de los gastos eclesiásticos en España

Frente a las críticas generadas por los acuerdos estatales, las instituciones eclesiásticas defienden la legitimidad de su modelo de autofinanciación, el cual ha evolucionado fuertemente a lo largo de la historia. Tras la pérdida de su patrimonio en el siglo XIX por procesos como la desamortización de Mendizábal, el Estado asumió legalmente el mantenimiento del culto y del clero (como se plasmó en el Concordato de 1851 o, posteriormente, durante la dictadura franquista).

Sin embargo, según los datos oficiales de transparencia publicados por la Archidiócesis de Madrid, en la actualidad “la Iglesia no tiene ninguna asignación en los presupuestos generales del Estado desde el año 2007”. Tras la reforma acordada en 2006, se eliminó la exención del IVA y la dotación directa, pasando a depender exclusivamente del 0,7 % de aquellos contribuyentes que marcan la casilla.

No obstante, la Archidiócesis subraya que lo recaudado mediante el IRPF es totalmente insuficiente. A nivel nacional, el dinero que llega por la vía de la casilla en la Declaración de la Renta “cubre tan solo el 25 % de sus gastos”. El 75 % restante, indispensable para el sostenimiento de templos, sacerdotes jubilados, seminarios y prisiones, sale íntegramente de donativos y colectas voluntarias.

El sistema funciona con una caja de redistribución: el dinero fiscal lo recibe la Conferencia Episcopal y se “reparte solidariamente entre la 69 diócesis españolas”, permitiendo que los territorios con menos recursos reciban más capital. Finalmente, la Iglesia defiende su retorno social alegando que “en torno al 65 % del dinero de Cáritas procede de un modo u otro de la Iglesia”, sosteniendo una red que beneficia a más de cinco millones de personas vulnerables.