El Supremo anula la condena a una teniente coronel que contrató a la profesora de inglés de su hijo y a su hermana en el hospital Gómez Ulla

El Tribunal Supremo ha absuelto a una teniente coronel médico del Cuerpo Militar de Sanidad que había sido condenada por la contratación de la profesora de inglés de su hijo y por favorecer a su propia hermana en un proceso de selección de personal en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. La Sala de lo Militar estima el recurso presentado por la mando, revoca la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central y concluye que no concurren los elementos necesarios para mantener las condenas impuestas por un delito contra el patrimonio en el ámbito militar y otro de extralimitación en el ejercicio del mando.

La resolución pone fin a un procedimiento que ha examinado diversas contrataciones realizadas durante la etapa en la que la acusada dirigía la Jefatura de Recursos Humanos del centro hospitalario militar. La oficial, actualmente en situación de reserva, había sido condenada a cinco meses de prisión por simular necesidades de servicio para obtener crédito presupuestario destinado a una contratación que los tribunales consideraron sobredimensionada y a otros seis meses por abusar de su cargo para favorecer a su hermana en una convocatoria pública.

El Supremo revisa ahora esa sentencia y concluye que los hechos no permiten sostener las condenas impuestas por el Tribunal Militar Central, al considerar que no ha quedado acreditada la comisión de los delitos atribuidos a la acusada.

La contratación de la profesora de inglés de su hijo

Uno de los episodios analizados por los tribunales gira en torno a la contratación de una mujer que había sido profesora de inglés del hijo de la teniente coronel. Según los hechos declarados probados, la trabajadora fue nombrada personal estatutario eventual para desempeñar funciones administrativas relacionadas con el control presupuestario del personal temporal del hospital, conocido internamente como “el cupo”, así como para elaborar la memoria anual del centro. La contratación se produjo después de que ambas hubieran hablado de ello en el domicilio de la militar.

La empleada contaba con formación en Administración y Dirección de Empresas, pero desarrolló su trabajo en unas condiciones que llamaron la atención durante la investigación. Compatibilizaba esa actividad con otro empleo como autónoma, trabajaba mediante teletrabajo cuando esa modalidad prácticamente no existía en el hospital y acudía físicamente al centro apenas unos días al año para reunirse con la responsable de Recursos Humanos. Varias trabajadoras de la propia jefatura declararon incluso que ni siquiera la conocían.

Además, carecía de ordenador corporativo, correo electrónico institucional y acceso a las aplicaciones informáticas necesarias para obtener directamente los datos con los que elaboraba los controles presupuestarios. Era la propia teniente coronel quien le facilitaba la información para que trabajara desde su domicilio mediante hojas de cálculo.

La cuestión clave para los tribunales fue determinar si la contratación a jornada completa respondía a necesidades reales del servicio o si suponía una utilización indebida de recursos públicos. El Tribunal Militar Central entendió que las tareas encomendadas podían haberse desarrollado con una dedicación significativamente menor y apreció la existencia de un delito.

Sin embargo, el Supremo discrepa de esa valoración y considera que no ha quedado acreditado que la acusada simulase necesidades inexistentes ni que solicitara crédito presupuestario para una atención supuesta, requisitos exigidos para la aplicación del tipo penal por el que fue condenada.

Entre los elementos analizados por la sentencia figuran la relación previa entre ambas, la forma en que se gestó la contratación y las peculiares condiciones en las que se desarrolló el trabajo. No obstante, la Sala concluye que esos indicios no bastan por sí solos para fundamentar una condena penal.

La empleada percibió más de 60.000 euros brutos entre 2017 y 2020, incluyendo complementos de nocturnidad pese a que no realizaba turnos nocturnos. No obstante, el Supremo deja sin efecto la responsabilidad penal y las consecuencias económicas derivadas de la condena impuesta en primera instancia.

Una plaza diseñada para su hermana

La segunda condena se refiere al proceso mediante el cual fue contratada la hermana de la acusada para trabajar en la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel creada durante la crisis del ébola. La hermana de la teniente coronel, licenciada en Ciencias Biológicas, fue incorporada inicialmente para desempeñar funciones relacionadas con la bioseguridad. Antes de la convocatoria, la responsable de Recursos Humanos había hablado con la dirección del hospital sobre la conveniencia de contratar a una persona experta en esa materia y mencionó expresamente a su hermana.

Posteriormente se convocó una plaza con una serie de requisitos específicos. La sentencia considera probado que tres de ellos fueron incorporados a petición de la propia teniente coronel: un determinado nivel de inglés, disponibilidad horaria y una jornada de lunes a domingo. Los magistrados destacan que la militar sabía que esas exigencias suponían una barrera para otros posibles aspirantes y que, al mismo tiempo, su hermana cumplía todos esos requisitos.

Aunque formalmente la selección fue realizada por una comisión en la que la acusada no participó, el Tribunal Militar Central entendió que la responsable de Recursos Humanos utilizó su posición para influir decisivamente en el diseño de la convocatoria. Esa actuación fue considerada un abuso grave de autoridad constitutivo de un delito de extralimitación en el ejercicio del mando.

El Supremo, sin embargo, concluye que no ha quedado acreditado que la acusada utilizara ilícitamente su cargo para favorecer a su hermana y considera insuficientes los elementos valorados por la sentencia recurrida para mantener una condena penal por este delito.

El Supremo rechaza todos los argumentos de la defensa

En su recurso, la teniente coronel sostuvo que las necesidades de servicio eran reales, que la contratación de la profesora de inglés estaba justificada y que las funciones desarrolladas exigían una dedicación completa. También negó haber favorecido a su hermana y defendió que los requisitos de la convocatoria respondían a las necesidades objetivas de un puesto especialmente sensible dentro de la unidad creada para afrontar riesgos biológicos.

La Sala de lo Militar considera finalmente que las pruebas practicadas no permiten acreditar de forma suficiente los delitos apreciados por el Tribunal Militar Central. La sentencia entiende que no ha quedado demostrada ni la simulación de necesidades de servicio en la contratación de la profesora de inglés ni la existencia de un abuso grave de autoridad en el proceso de selección de su hermana.

Con ello, el Alto Tribunal estima el recurso de casación, revoca la condena impuesta a la antigua responsable de Recursos Humanos del Gómez Ulla, anula las penas de prisión acordadas por la jurisdicción militar y dicta una sentencia absolutoria.