Unas “obras mal planificadas” en el Hospital Gómez Ulla de Madrid y la complicación para atender cesáreas urgentes

La cesárea de emergencia es uno de los protocolos más delicados dentro de los partos. En apenas unos minutos, hay que proceder a realizar la operación para reducir al máximo los riesgos en torno a las mujeres parturientas y los recién nacidos. El momento requiere una respuesta rápida y eficaz que, tal y como denuncian varios sanitarios de la Comunidad de Madrid, no parece estar garantizada en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla del barrio de Aluche.

El centro concertado, con la particularidad de tener competencias divididas entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, ha recibido durante las últimas semanas varias críticas por una reforma arquitectónica que ha puesto en tela de juicio la eficacia de algunos procesos sanitarios de su Urgencia.

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El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT), que tiene presencia en el hospital madrileño, reitera desde hace semanas las complicaciones a las que se enfrentan las pacientes y los sanitarios. Al sentirse desoídos en sus reclamaciones, aseguran que “se continúa poniendo en riesgo la salud de las parturientas y sus hijos, por la inacción ante sus denuncias”.

Desde el pasado mes de diciembre, la sección sindical acusa a la Dirección General del centro por unas “obras mal planificadas” que han puesto trabas a trámites urgentes de gestión. “Unas obras mal planificadas dentro del área quirúrgica dificultan de forma importante el traslado de las parturientas hacia el quirófano de cesáreas, en caso de requerirlo”, asegura CGT.

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“El circuito alternativo habilitado para trasladar a las mujeres que necesitan una cesárea urgente obliga al personal de paritorios a perder un tiempo de oro en una situación de riesgo vital. Al verse obligados a cruzar, para llegar al quirófano de cesáreas, tanto un pasillo destinado al tránsito del público en general, situado en la primera planta, como la sala de espera de familiares de la zona de urgencias ginecológicas”, insisten los trabajadores. El sindicato puso en conocimiento de la Comunidad de Madrid la situación porque “la inmensa mayoría de las pacientes atendidos en esta unidad proceden de la sanidad pública madrileña”.

Conflicto entre Comunidad de Madrid y oposición

Desde que las obras finalizaron, desde CGT han notificado varios momentos de tensión fruto de esta reforma: “Provoca no solo múltiples e inesperadas interrupciones en el traslado de esas mujeres, sino lo que es más grave, multiplica de forma considerable su duración”, arguyen. El contexto, afirman, es un multiplicador de estrés en los sanitarios del hospital, dadas “las consecuencias profesionales y penales a que se exponen por el retraso en la realización de una cesárea urgente”.

Desde la Consejería de Sanidad y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las explicaciones se han dado mediante una respuesta en la que aseguran que las responsabilidades gestoras en materia de “instalación, funcionamiento, modificaciones serán “ejercidas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa”.

El escrito del Gobierno asegura que “el circuito se ha diseñado y analizado con los profesionales responsables de la atención de estas pacientes, para garantizar en todo momento la seguridad del paciente” y que “se han llevado a cabo cesáreas, y no se ha notificado ningún evento adverso”.

Desde la oposición critican a la Consejería de Sanidad por esa respuesta. Marta Carmona, portavoz de Sanidad de Más Madrid y diputada en la Asamblea de la Comunidad, tilda de “incomprensible” que el equipo de gobierno se “desentienda del riesgo que supone para las pacientes de ese hospital, que son pacientes del SERMAS, aunque el hospital pertenezca al Ministerio de Defensa”.

“En una cesárea emergente (por un prolapso de cordón, o por un desprendimiento de placenta) hay que sacar al bebé en menos de 15 minutos, tiempo en el cual necesitas repasar la anestesia de la paciente o dormirla del todo, prepararla para la cirugía, preparar el quirófano... No puedes pasar ni uno de esos valiosísimos minutos sorteando a otros pacientes en una sala de espera. Retrasos en esas cesáreas pueden suponer desde la muerte de dos personas a secuelas gravísimas de por vida. Si un hospital no tiene condiciones para atender partos, tendrá que cerrar el paritorio y derivarlos a uno que sí tenga capacidad. Lo que no es aceptable es desentenderse”, zanja Carmona.