La Unión Europa da el primer paso para consolidar centros de deportación fuera de sus fronteras

La Unión Europea ha acordado endurecer los retornos de migrantes a quienes se les deniegue el asilo y ha abierto la puerta a consolidar centros de deportación fuera de su territorio, un cambio que modifica la respuesta comunitaria a las expulsiones y da cobertura legal a modelos como el pactado por Italia con Albania, según ha recogido Europa Press.

El pacto político alcanzado este lunes entre el Parlamento Europeo y el Consejo prevé detenciones de hasta 24 meses para repatriados que no cooperen o cuando las autoridades aprecien riesgo de fuga, con una posible ampliación de seis meses más si sigue existiendo una perspectiva razonable de expulsión, según la agencia de comunicación.

El acuerdo ha llegado después de salvar el desacuerdo sobre la fecha de aplicación de la norma. La Eurocámara quería adelantarla al próximo enero y los Veintisiete reclamaban un margen de 12 meses desde su entrada en vigor.

Al final de cerca de tres horas de negociación, los colegisladores han convenido que la mayor parte de las disposiciones se aplicarán en un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor. Algunas medidas, entre ellas el aval a la externalización de los centros de deportación y el refuerzo del papel de Frontex, entrarán en aplicación en cuanto el reglamento se publique en el Diario Oficial de la UE, según Europa Press.

La política de retornos de la UE pasará por que los solicitantes de asilo cooperen para agilizar su expulsión

El reglamento aún necesita el visto bueno formal del Parlamento Europeo y de los Estados miembros en los próximos meses para poder entrar en vigor. La nueva norma sustituirá a una directiva adoptada hace casi dos décadas.

El texto obliga a los solicitantes de asilo a cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión si la petición es rechazada. También permite aplicar los nuevos plazos de detención a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, aunque presenta esa medida como un último recurso y no fija límites inferiores a los 24 meses generales.

Las causas de la detención y su duración deberán quedar recogidas en la legislación nacional, y serán las autoridades judiciales las que decidan sobre cada caso. Los Estados miembros conservarán la facultad de ofrecer alternativas, como comparecencias periódicas, la obligación de comunicar un domicilio fijo o el pago de una garantía financiera.

El nuevo reglamento incorpora además la Orden Europea de Retorno, un formulario común con los elementos esenciales de la decisión de devolución. Su objetivo es facilitar el reconocimiento mutuo de esas decisiones entre Estados miembros.

El Consejo ha advertido en un comunicado de que ese reconocimiento mutuo seguirá siendo voluntario por ahora. Tres años después de la entrada en vigor del reglamento, la Comisión podrá presentar una propuesta legislativa para hacerlo obligatorio.

Fuentes de la negociación han confirmado a Europa Press que también ha decaído el artículo 37 de la propuesta. Ese precepto contemplaba la cooperación administrativa con “entidades no reconocidas” y, en la práctica, allanaba la colaboración con el régimen talibán para identificar y readmitir a afganos llegados a la UE.

La externalización de deportaciones divide al Parlamento y a las ONG

La parte más sensible del acuerdo consolida los centros de deportación en terceros países para mantener fuera del territorio de la Unión a quienes no obtengan asilo mientras se tramita su expulsión definitiva al país de origen o de tránsito. El nuevo encaje legal respalda acuerdos negociados por uno o varios Estados miembros o incluso por la propia Unión.

El modelo toma como referencia el esquema pactado por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su salida. La norma sí excluye a los menores no acompañados como posibles destinatarios de esos traslados. Esos centros podrán funcionar como destino final o como espacios de tránsito para facilitar el retorno a otro tercer país. Hasta ahora, ese tipo de fórmulas no eran compatibles con el Derecho comunitario.

El presidente de la comisión parlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior, Javier Zarzalejos, ha defendido en un comunicado recogido por Europa Press que “desde hoy, la Unión Europea tiene una política migratoria más seria, ordenada y creíble”. El eurodiputado del Partido Popular Europeo ha añadido que apuesta por una gestión “vinculada al mercado laboral” de la migración.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha sostenido en un comunicado recogido por Europa Press que “una política efectiva de migración y asilo debe ir acompañada de una política de retorno creíble”. Metsola ha afirmado que el acuerdo “hará que el retorno de los migrantes sin derecho a permanecer en la UE sea más rápido y más coherente en toda Europa”.

Las críticas han llegado desde organizaciones humanitarias y parte de la izquierda parlamentaria. La directora de política en la UE del Comité Internacional de Rescate, Marta Welander, ha alertado que el resultado será “una legislación plagada de peligrosos vacíos” y ha denunciado que los gobiernos han reforzado los poderes de deportación sin salvaguardias suficientes para evitar detenciones ilegales, abusos de poder y violaciones de los derechos humanos.

La eurodiputada de Los Verdes Mélissa Camara ha calificado el pacto de “vergüenza” y ha atribuido su aprobación a una mayoría formada entre el PPE y la ultraderecha. En declaraciones recogidas por Europa Press, Camara ha denunciado que la legalización de centros de retorno fuera de la Unión, la autorización para detener a menores y las visitas domiciliarias inspiradas en prácticas del ICE componen “el arsenal legal al servicio de una ideología xenófoba”.