La Unión Europea obligará a los países en desarrollo a readmitir a migrantes deportados para poder comercializar con el bloque

Comercio a cambio de control migratorio. Esa ha sido la reforma que han impulsado este viernes los ministros de Comercio de la Unión Europea con la que se condicionarán las preferencias comerciales que permiten a los países en desarrollo exportar a la UE con aranceles muy bajos o nulos a que estos cooperen en el control migratorio y la readmisión de personas deportadas a partir de enero de 2027.

El acuerdo fue cerrado en diciembre de 2025 por el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo y, con la adopción por parte de los Estados miembro, se contempla el procedimiento que garantiza su entrada en vigor a tiempo. En 2023 se frustró un primer intento del acuerdo, por la negativa de varios eurodiputados, pero, con el nuevo Parlamento, se ha reactivado la propuesta con “criterios más estrictos”.

De este modo, la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) permitirá a la UE retirar las ventajas arancelarias a un país determinado si no coopera con la Unión Europea en “la readmisión de sus nacionales”. Además, la Comisión Europea será la encargada de supervisar el cumplimiento de las obligaciones de readmisión y quién tendrá la potestad de actuar, aunque tendrá que informar con transparencia al Parlamento y al Consejo de las eventuales decisiones que se tomen.

La Comisión ha adelantado algunos de los criterios que figuran en la norma para congelar las rebajas arancelarias, entre los que destacan que se deba iniciar un procedimiento de evaluación vinculante con el país tercero “de al menos doce meses” antes de tomar ninguna medida. También se prevé un periodo de transición de dos años desde la entrada en vigor de la reforma del SPG antes de que la “condicionalidad de readmisión” sea aplicable a los países menos desarrollados.

La revisión del marco comercial con los países en desarrollo endurecerá las exigencias en materia de Derechos Humanos y medio ambiente, además de otorgar al programa una mejor supervisión y transparencia. En esta línea, Bruselas aumentará la lista de convenios internacionales sobre Derechos Humanos, medio ambiente y condiciones laborales que deberán ser respetados por los participantes del programa y se crea un procedimiento de urgencia para la retirada rápida de las preferencias en caso de incumplimiento.

Salvaguardas para el arroz, textil y etanol

El nuevo marco de preferencias comerciales -aún no aprobado- incluye otras modificaciones como salvaguardas específicas a las importaciones de arroz, textiles y etanol. En el sector textil, considerado “sensible”, el mecanismo se activará de manera automática si se supera el umbral de importaciones fijado para un determinado país tercero exportador.

Por su parte, Grecia, Italia y España, que representan el 85% de la producción de arroz de la UE, han criticado en un escrito el mecanismo considerándolo insuficiente para garantizar la protección de este cultivo: “Hemos mostrado flexibilidad en la búsqueda de un compromiso, pero la combinación de una revisión anual de los umbrales y un aumento del 45% haría prácticamente imposible la activación de esta salvaguarda”.

En cuanto a las importaciones de textiles y etanol, el acuerdo delimita salvaguardas para los países pertenecientes al Sistema de Preferencias Generalizadas, que solo se aplicarán si el valor de estas importaciones procedentes del país afectado superara el 6% del valor total de las importaciones de la UE del producto afectado y el 47% de las importaciones de todos los beneficiarios del SPG.