La UCO no ve indicios sospechosos en la cátedra de Begoña Gómez, pero pone el foco en adjudicaciones “premeditadas” para la puesta en marcha del software

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha determinado en un informe de 317 páginas que la cátedra codirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) fue constituida siguiendo los procedimientos estipulados por la universidad. Sin embargo, el documento, que ya obra en poder del juez Juan Carlos Peinado, da relevancia a los mecanismos empleados en la adjudicación del desarrollo de un software, señalando posibles irregularidades en la contratación de las empresas responsables.

La investigación, que ha cubierto desde 2019 hasta 2024, identifica en particular que Begoña Gómez recibió desde febrero de 2020 hasta noviembre de 2022 un total de 17.037 euros, a los que se suman 10.157 euros en octubre de 2021, 5.090 euros en diciembre de 2022, y cuatro pagos de 9.605 euros entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023, además de una transferencia de 170 euros en julio de 2023, sumando en total 42.059 euros procedentes de la UCM o su Fundación. Estos movimientos han sido verificados en la cuenta de Gómez por la UCO en el marco de la instrucción judicial.

El contenido completo del informe, al que ha tenido acceso Infobae, también abarca el análisis de una plataforma destinada a la medición del impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de la propia Gómez. La UCO ha dejado constancia de que, en lo relativo a la cátedra, esta “se nutre de diferentes colaboradores, todo ello acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común”. En paralelo, la información bancaria “concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales” de la codirectora implicada.

Qué irregularidades señala la UCO en la contratación del software

No obstante, el informe sitúa el foco en la forma en que dos empresas, Deloitte Consulting y Making Science Group, resultaron adjudicatarias para el desarrollo de la citada plataforma. De acuerdo con la UCO, la contratación de Deloitte, que figuraba como patrocinadora, se instrumentó mediante dos expedientes que únicamente sirvieron de “marco administrativo para dar apariencia de legalidad”, actuando fuera de los procedimientos acordes a la normativa vigente. Los investigadores sostienen que las adjudicaciones a Deloitte fueron “premeditadas” y la consultora llegó a iniciar funciones con antelación a la formalización de los contratos.

Según la UCO, los pagos a Deloitte respondieron a un contrato menor y a un procedimiento abierto simplificado, pero la prestación real de los servicios “no guardó relación con los plazos formales de ejecución” y las especificaciones del contrato “se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio”. El informe indica que se habrían realizado solicitudes de oferta “de forma simulada o en unas condiciones que limitaron la concurrencia de otros licitadores y en beneficio de Deloitte”, lo que originó “discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados”.

En cuanto a la empresa Making Science Group, la contratación se produjo “sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto”. La UCO relata que, tras detectarse esta situación y haberse prestado ya el servicio, el correspondiente pago se autorizó para evitar lo que el informe denomina un “enriquecimiento injusto” por parte de la Universidad Complutense.

No se cumplen los protocolos de la UCM con el software

Respecto a la propiedad intelectual relacionada con el software, el informe señala que el equipo gestor del proyecto no siguió los protocolos requeridos por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual. De igual forma, en cuanto al registro de la marca y la creación del dominio público de la plataforma, la UCO no dispone de pruebas que demuestren el cumplimiento del protocolo interno por parte de los responsables, entre ellos Begoña Gómez. Ambos procesos se financiaron con fondos privados de origen confirmado en “la esfera personal” de Gómez.

La UCO identifica una “vinculación” de Begoña Gómez con el desarrollo del software al haber participado “en talleres promocionales de la herramienta”, añadiendo que la plataforma es de “carácter gratuito” y que colaboradores han declarado que su propiedad recae en la UCM.

En la vertiente financiera, la unidad de la Guardia Civil ha examinado un total de 37 ingresos por valor de 196.353 euros de la Fundación Instituto de Empresa, así como un cheque de 8.800 euros a nombre de Gómez, emitido por el grupo empresarial Inmark, organizaciones con las que la investigada también mantuvo relaciones profesionales.

El informe dedica especial atención a los movimientos detectados en cuentas vinculadas a la sociedad Transforma TSC, antes administrada por Gómez. Se registra que una de esas cuentas se abrió en diciembre de 2023 y se canceló en febrero de 2024, con una única entrada y salida de seis euros; mientras que la segunda sumó 26 movimientos entre abril y noviembre de 2024 y cuatro abonos: dos de 600 euros procedentes de cuentas propias y dos de 6.687,85 euros el 14 de marzo, remitidos por la sociedad Innovación Hexagonal, de la que se identifica personal usuario de la plataforma.

La UCO aprecia “analogías” entre Transforma TSC —ya inactiva y con vida operativa de noviembre de 2023 a junio de 2024— y la citada plataforma, si bien no ha encontrado “elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra” y confirma que, en cualquier caso, “efectivamente llegó a mantener una actividad comercial” en ese breve periodo, según sostiene en las conclusiones de su informe dirigido al juez Peinado.