Prohibir a los ‘fondos buitre’ comprar viviendas y frenar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos, a debate en el Congreso

La vivienda será la protagonista en el Pleno del Congreso que se celebrará mañana martes y en el que se debatirá sobre prohibir la compra de casas a personas jurídicas, empresas y fondos buitre y sobre reforzar mecanismos de control para evitar la adjudicación ‘a dedo’ de pisos protegidos.

En concreto, el Pleno del Congreso debatirá una proposición no de ley de Sumar que plantea prohibir la compra de viviendas por parte de empresas, personas jurídicas y fondos de inversión, conocidos como ‘fondos buitre’. La iniciativa también incluye la petición de derogar el régimen legal de las socimis, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, una de las principales vías de inversión en el mercado residencial español.

No es la primera vez que Sumar impulsa una medida de este tipo. En noviembre de 2025 ya registró una proposición de ley con el mismo objetivo, pero fue rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria, mientras que el PSOE y el PNV se abstuvieron.

Ahora, Sumar vuelve a la carga con una proposición no de ley, que aunque no tiene carácter vinculante, busca reabrir el debate político sobre el acceso a la vivienda. Esto se produce después de que, a principios de este año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la posibilidad de prohibir a grandes inversores la compra de viviendas unifamiliares, una propuesta que recibió el respaldo de Vox en España.

Este giro ha sido utilizado por Sumar para reforzar su estrategia política y volver a situar la cuestión en la agenda del Congreso.

Derogación de las socimis

Además del veto a la compra de vivienda por parte de grandes fondos, la iniciativa reclama la derogación urgente de la ley que regula las socimis, aprobada en 2009. Estas sociedades tributan actualmente al 1% en el impuesto de sociedades, un régimen fiscal que Sumar considera privilegiado.

El grupo sostiene que este marco legal ha favorecido la entrada de grandes fondos internacionales en el mercado inmobiliario español, lo que, a su juicio, ha contribuido a la presión sobre los precios de la vivienda y a la expulsión de residentes de determinados barrios.

Sumar señala directamente a fondos como Blackstone o Cerberus, a los que acusa de concentrar grandes carteras de viviendas en España y de operar con fines especulativos. Según su argumentación, este modelo de inversión estaría debilitando el acceso a una vivienda digna y favoreciendo dinámicas de encarecimiento del mercado.

Evitar “corruptelas”

El Pleno del Congreso también debatirá mañana martes una proposición no de ley del PSOE que busca reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida. La iniciativa también plantea blindar de forma permanente este tipo de inmuebles para evitar su uso especulativo y posibles irregularidades en los procesos de asignación.

Los socialistas justifican su propuesta en varios casos de presuntas irregularidades detectadas en gobiernos municipales del PP en ciudades como Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Según el texto, estos episodios han contribuido a “erosionar la confianza ciudadana” en los sistemas de adjudicación de vivienda protegida.

El PSOE insiste en que estos procedimientos deben regirse por criterios claros, objetivos y transparentes, que garanticen la concurrencia pública y eviten cualquier tipo de arbitrariedad en la asignación de viviendas.

Prioridad a los registros públicos de demandantes

La iniciativa propone que las adjudicaciones de vivienda protegida se realicen dando prioridad a las personas inscritas en registros públicos de demandantes. Además, plantea que el orden de esos registros sea el criterio determinante para acceder a una vivienda, reduciendo así el margen de discrecionalidad administrativa.

El objetivo, según los socialistas, es reforzar la seguridad jurídica del proceso y garantizar que el acceso a la vivienda protegida se base en reglas verificables y homogéneas en todo el territorio.

Vivienda protegida “para vivir, no para especular”

Otro de los ejes centrales de la propuesta es el blindaje del carácter permanente de la vivienda protegida. El PSOE plantea que los inmuebles construidos o adquiridos con ayudas públicas, beneficios fiscales o sobre suelo público mantengan de forma indefinida su condición de protección.

De esta forma, las viviendas no podrían perder su régimen protegido mientras el suelo conserve esa calificación urbanística, evitando así su salida al mercado libre. La iniciativa también subraya que la vivienda protegida debe destinarse exclusivamente a residencia habitual, impidiendo su uso con fines especulativos o de inversión.

Solo se contemplarían excepciones limitadas, como alojamientos temporales o de emergencia, siempre bajo autorización expresa de las administraciones competentes.

El texto del PSOE incluye además una batería de medidas orientadas a reforzar la supervisión del parque público de vivienda. Entre ellas, la creación de registros públicos de demandantes, la elaboración de un inventario actualizado de vivienda protegida y la identificación del suelo público con potencial residencial.

La iniciativa también propone auditar las adjudicaciones y ventas de suelo público realizadas en los últimos tres años, con el objetivo de detectar posibles irregularidades y corregirlas. También plantea el impulso de nuevos mecanismos de control institucional para mejorar la vigilancia sobre todo el sistema de vivienda protegida.