Los mutualistas deberán aportar al menos 2.716 euros anuales para integrarse en el RETA, pide UPTA

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta para facilitar el paso de los mutualistas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin generar desequilibrios en el sistema público de pensiones.

La organización considera que cualquier futura pasarela entre las mutualidades alternativas y el RETA debe basarse en criterios de “justicia contributiva”, sostenibilidad financiera y equidad respecto a los millones de autónomos que han cotizado durante décadas en el sistema público.

Según plantea UPTA, los mutualistas que quieran incorporarse al RETA con reconocimiento de derechos de jubilación deberían acreditar una aportación equivalente mínima de 2.716,56 euros anuales. La cifra se calcula aplicando un coeficiente reductor del 0,77 sobre la cuota mínima actual de autónomos, situada en torno a los 294 euros mensuales.

De esta forma, la organización estima que la aportación exigible a un mutualista se situaría en 226,38 euros al mes. En una carrera profesional de 37 años, esto supondría una contribución acumulada superior a los 100.500 euros, cantidad que, según UPTA, permitiría equiparar el esfuerzo contributivo necesario para acceder al 100% de la pensión pública de jubilación.

Evitar agravios comparativos

La asociación insiste en que esta cuantía debe convertirse en la referencia mínima económica para articular el acceso de los mutualistas al RETA. El objetivo, subrayan, es evitar agravios comparativos con quienes han sostenido el sistema público de protección social mediante sus cotizaciones durante toda su vida laboral.

UPTA también propone una fórmula para aquellos mutualistas que dispongan de fondos acumulados superiores a la cantidad mínima exigida. En estos casos, la organización plantea que el exceso pueda transferirse voluntariamente al sistema público para mejorar la futura base reguladora de jubilación.

Eso sí, la propuesta establece límites para garantizar la sostenibilidad del modelo. Según UPTA, el reconocimiento adicional debería tener como tope máximo el equivalente al doble de la pensión mínima contributiva, manteniendo así una proporcionalidad entre las aportaciones realizadas y las prestaciones futuras.

Miles de profesionales quieren abandonar las mutualidades

La propuesta llega después de la reunión mantenida entre UPTA y la comisión de trabajo encargada de estudiar la futura pasarela entre mutualidades y RETA, un debate que ha cobrado fuerza en los últimos meses ante el malestar creciente de numerosos profesionales adscritos a sistemas alternativos.

El presidente de UPTA España, Eduardo Abad, aseguró que la organización mantiene una posición “clara” sobre esta cuestión. “Queremos que todos los profesionales mutualistas que lo deseen puedan pasar a cotizar en el RETA en las mismas condiciones que el resto de trabajadores autónomos”, afirmó.

Abad reconoció además que existe un elevado número de mutualistas interesados en abandonar sus actuales sistemas de previsión y trasladar sus aportaciones económicas al sistema público de autónomos. Según explicó, muchos profesionales consideran insuficientes las coberturas ofrecidas por algunas mutualidades alternativas.

“El sistema debe ofrecer soluciones a miles de profesionales atrapados en mutualidades insuficientes, pero sin generar privilegios ni desequilibrios respecto a los autónomos que han cotizado toda su vida en el RETA”, subrayó Eduardo Abad.

La organización subraya, no obstante, que cualquier reforma debe llevarse a cabo desde el consenso institucional y con garantías de seguridad jurídica. Para UPTA, el diseño de la pasarela no puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema público ni generar privilegios injustificados.

El debate sobre el futuro de las mutualidades alternativas se ha convertido en uno de los asuntos más sensibles dentro del colectivo de profesionales autónomos.

Mientras miles de mutualistas reclaman una vía de integración en el sistema público, las organizaciones del sector insisten en que cualquier transición debe garantizar igualdad de trato y estabilidad para el conjunto del sistema de pensiones.