Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

“Hostia, hostia, hostia, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, es lo que dijo un operario de Red Eléctrica justo antes de que el sistema colapsara hace un año. A las 12.32 horas del 28 de abril de 2025, España sufrió un gran apagón, lo que los expertos llamaron “cero energético”, que dejó sin suministro a 36 millones de personas de España y Portugal. La conclusión, tanto del Gobierno como de los diversos análisis que se han realizado, es que no hubo una única causa, sino que se produjo un fallo en cadena que el sistema no pudo contener. Pero aún quedan preguntas sin respuesta; la primera, quiénes fueron los responsables directos.

Al mediodía de aquel lunes, la tensión del sistema eléctrico ibérico cayó súbitamente a cero. En cuestión de segundos, millones de hogares, empresas e infraestructuras críticas se quedaron sin suministro. El apagón afectó a prácticamente toda la península ibérica y obligó a paralizar transporte, industria y servicios digitales, y el suministro no se recuperó por completo hasta la madrugada del día siguiente. La recuperación fue progresiva, pero tuvo un impacto económico casi inmediato. Según el informe de Entso-e (Asociación Europea de Operadores de Redes de Transporte de Electricidad), este suceso es el “incidente más grave en el sistema eléctrico de Europa en los últimos 20 años”.

En todo este tiempo, la principal incógnita ha sido qué provocó exactamente ese colapso. Hoy, el consenso técnico apunta a un fallo multifactorial. El informe del comité de análisis publicado por el Gobierno descartó un ciberataque o un evento excepcional, y señala a una combinación de factores: oscilaciones en la generación eléctrica, especialmente en plantas fotovoltaicas del suroeste, y una sobretensión de energía reactiva (aquella que ocupa capacidad en la red pero no se consume) que no fue absorbida a tiempo.

Una red al límite antes del colapso

Sin embargo, según los muchos informes que se han publicado durante este último año, el problema no estuvo tanto en la cantidad de energía generada, sino en la estabilidad del sistema. Las energías renovables, como la solar y la eólica, aportaban electricidad, pero no cuentan por sí mismas con la capacidad de estabilizar la red en situaciones críticas. Para ello, son necesarias otras centrales convencionales, como de gas, hidráulicas o nucleares, que son capaces de reaccionar en cuestión de segundos.

Y ese fue el punto crítico de aquel día. Solo había diez centrales de respaldo operativas. Una de ellas sufrió una avería y no fue sustituida a tiempo. Ese hueco, en un momento de aumento de tensión en la red, desencadenó un efecto dominó que terminó por provocar el “cero energético”. Es decir, que España tenía mecanismos para evitar el colapso, pero falló la ejecución.

Además, a esto se le han sumado en las últimas semanas nuevos elementos. Como los audios filtrados de conversaciones entre técnicos de Red Eléctrica y operadoras eléctricas, algunas de meses antes y otras del momento en el que se produjo el apagón. En las grabaciones anteriores, los técnicos del sistema ya alertaron que había problemas en la red. “En algún momento nos la damos igual, seguro”, se escucha en una de ellas, lo que apunta a que los riesgos no eran del todo desconocidos.

Choque de versiones

El cruce de acusaciones entre las principales empresas del sector ha contribuido a aumentar la sensación de falta de claridad. Un choque que ha llegado también a la comisión de investigación del Congreso sobre el apagón, que comenzó el pasado 18 de abril y donde las principales eléctricas han defendido sus posiciones, apuntando a fallos en la gestión del sistema por parte de Red Eléctrica.

Endesa sostuvo que el operador rechazó analizar varios episodios de sobretensión que se sucedieron semanas antes del incidente, ya que consideró que no eran relevantes. Su consejero delegado, José Boga, afirmó que entre enero y febrero de 2025 “las señales de inestabilidad del sistema ya eran tremendas”. Por su parte, Iberdrola defendió que el proceso abierto debe centrarse en el análisis técnico y no en la atribución apresurada de culpas. Es decir, que ninguna compañía ha asumido responsabilidad directa por lo ocurrido.

Pero, aunque ninguna compañía haya asumido responsabilidades por lo ocurrido, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sí que ha señalado a las empresas. El regulador ha abierto expedientes sancionadores a varias de las principales energéticas del país, entre ellas Endesa, Naturgy, Iberdrola, Red Eléctrica de España y Repsol. En un comunicado de prensa, la CNMC dejó claro que estas sanciones se deben a “diversos indicios de incumplimiento”, pero que en ningún caso “implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas”.

El organismo, además, investiga posibles infracciones graves en la operación y coordinación del sistema eléctrico. Aunque el proceso se encuentra todavía en fase inicial, podría derivar en sanciones millonarias y en cambios regulatorios de calado. De hecho, la CNMC tiene un plazo de 18 meses para resolver los expedientes, por lo que no se señalizará a los responsables del apagón hasta finales de 2026 o principios de 2027.

Coste económico y ajustes en el sistema

Y esas casi 12 horas sin suministro también tuvieron un impacto económico. Sectores como la industria, el transporte y el comercio sufrieron pérdidas inmediatas, aunque el coste más grande ha sido estructural. Para reducir el riesgo de un nuevo colapso, el sistema eléctrico ha incrementado el uso de centrales de gas como respaldo. Si el día del apagón funcionaban siete centrales, ahora se activan alrededor de 25 diarias. Un refuerzo que ha tenido un sobrecoste de, según las estimaciones del sector, entre 600 y 1.500 millones de euros anuales.

Un incremento que pone en duda el equilibrio entre la transición energética y la seguridad del sistema. España es uno de los países europeos con mayor penetración de energías renovables, pero con prácticamente nada de almacenamiento instalado, y el apagón evidenció las limitaciones de un modelo que todavía depende de tecnologías convencionales para garantizar la estabilidad en momentos críticos.

Como respuesta, el Gobierno y la CNMC han empezado a introducir cambios para reforzar la seguridad del sistema eléctrico. Las medidas se centran, sobre todo, en mejorar el control de la tensión (uno de los puntos críticos durante el colapso) y en actualizar las reglas de funcionamiento de la red. El objetivo es que más tecnologías, incluidas las renovables y los sistemas de almacenamiento, puedan ayudar a mantener el equilibrio del sistema en momentos de tensión y reducir así el riesgo de que se repita un fallo similar.

Preguntas abiertas un año después del apagón

Un año después, algunas incógnitas siguen abiertas. ¿Se podrían haber activado antes los mecanismos de seguridad? ¿Se ignoraron las señales previas de alerta? ¿Hubo errores de coordinación entre los operadores y las empresas? Y, sobre todo, ¿está hoy el sistema mejor preparado para evitar un nuevo colapso?

El apagón del 28 de abril de 2025 se ha convertido en un caso de estudio para evitar más riesgos en medio de la transición energética que vive España. Mientras avanzan las investigaciones y se dirimen posibles sanciones, el sistema eléctrico opera ahora con mayor cautela, pero también con más costes.