La Audiencia Nacional decide juzgar a Jordi Pujol desde su casa a pesar de su estado de salud

Este lunes, tras 11 años de espera, ha comenzado el juicio por el ‘caso Pujol’. Sin embargo, antes de dar comienzo las alegaciones previas de todas las partes, se ha llevado a cabo una vista a puerta cerrada en la que se ha decidido juzgar a Jordi Pujol padre, a pesar de su delicado estado de salud. El magistrado ha advertido que si en algún momento cambia su situación, se podrá parar el juicio.

El expresidente de Cataluña tiene un diagnóstico neurocognitivo mayor, de tipo Alzhéimer y vascular y, según el informe forense solicitado por la Audiencia Nacional, no se encuentra “en condiciones físicas ni cognitivas para comparecer en un juicio, ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”. Sin embargo, el juez ha decidido mantenerle en el juicio.

Aunque estaba previsto su inicio a las 10:00, por problemas técnicos la vista no ha comenzado hasta pasadas las 10:50. En ella, el expresidente “ha contestado bien”, según han matizado fuentes judiciales a El Periódico, en una comparecencia que ha durado apenas unos 15 minutos.

Los siete hijos de Jordi Pujol acusados

Según el guión, el litigio se va a alargar hasta el próximo mes de mayo, en 41 sesiones por las que tendrán que pasar 254 testigos. Junto a Pujol, están acusados sus siete hijos y otros 11 acusados, la mayoría empresarios a quienes la Fiscalía acusa de haber pagado las comisiones con las que la familia engordó su patrimonio en Andorra o de colaborar con las operaciones de blanqueo de los fondos.

La Fiscalía pide para los Pujol penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel -9 para el expresident-, a los que acusa, según los casos, de delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad en documento mercantil, contra la Hacienda pública y frustración en la ejecución.

Fraude fiscal, blanqueo de capitales y delitos societarios

El juicio se centra en una acusación de fraude fiscal, blanqueo de capitales y delitos societarios que habría permitido a los miembros del clan ocultar fortunas en el extranjero durante décadas.

La instrucción, que se prolongó durante más de trece años, ha reunido documentación bancaria, movimientos de sociedades opacas y declaraciones fiscales que apuntan a la existencia de cuentas no declaradas en países como Andorra y Suiza, así como a operaciones financieras con un evidente fin de ocultamiento patrimonial. El objetivo del proceso judicial es determinar si estos fondos fueron obtenidos de manera ilícita y si se utilizaron mecanismos deliberados para evadir al fisco español.

En el juicio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado tendrán que demostrar que Jordi Pujol y sus hijos conocían la procedencia y la existencia de esos bienes ocultos, así como que adoptaron medidas conscientes para mantenerlos al margen de Hacienda. La acusación argumenta que la familia se benefició de su posición política para canalizar inversiones y rentas privadas mediante sociedades instrumentales, lo que configuraría un entramado de enriquecimiento ilícito. Además, los fiscales deberán acreditar la continuidad y la intencionalidad de las conductas, así como la coordinación de todos los implicados para consolidar el entramado financiero opaco.