Eliminar el riesgo de pobreza en España tiene precio (y en Andalucía es 14 veces mayor que en el País Vasco)

¿Es posible acabar con la pobreza? Debería ser el objetivo de cualquier sociedad. Si nos vamos a España, hay un precio para hacerlo: 24.000 millones de euros, el equivalente al 1,8% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Este sería el coste de llevar la renta de todos los ciudadanos españoles por debajo del umbral de la pobreza hasta el nivel mínimo considerado digno. Así lo concluye el estudio Análisis de la exclusión social y económica en España y sus territorios, publicado recientemente por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la Fundación Ramón Areces, bajo la dirección de la economista Carmen Herrero, con la participación de Antonio Villar y Carlos Albert.

La cifra surge del cálculo del denominado gap de riesgo de pobreza: la suma del dinero necesario para elevar los ingresos de cada persona en situación de precariedad hasta el umbral del 60% de la mediana de la renta nacional, que en 2023 se situó en 10.990 euros por unidad de consumo al año. Todas las cifras del estudio se expresan en euros constantes de 2023, lo que permite comparar los datos a lo largo del periodo analizado, que abarca de 2015 a 2023.

El trabajo, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), analiza la pobreza desde tres ángulos: su incidencia —cuántas personas la padecen—, su intensidad —cuán lejos están del umbral— y la desigualdad entre quienes la sufren. En 2023, el 20,2% de la población española vivía por debajo de ese umbral, casi dos puntos menos que en 2015, cuando la tasa era del 22,1%.

El estudio del Ivie también cuantifica el coste de erradicar la forma más severa de exclusión: llevar a todas las personas en situación de pobreza extrema —aquellas con ingresos inferiores al 40% de la mediana— hasta ese segundo umbral costaría unos 8.800 millones de euros anuales, el 0,7% del PIB. Aproximadamente un 41% de quienes se encuentran en riesgo de pobreza están también en riesgo de exclusión, y ese colectivo concentra el 39% del coste total de erradicar la pobreza.

De Andalucía al País Vasco: el peso desigual según el territorio

El esfuerzo económico necesario varía de forma drástica entre comunidades autónomas. En Andalucía, la región con mayor tasa de riesgo de pobreza del país —el 30,5% en 2023—, el coste de eliminar esa situación equivale al 3,9% de su PIB regional, unos 6.665 millones de euros. En el extremo opuesto, el País Vasco, con una tasa del 10,2%, necesitaría destinar solo el 0,6% de su PIB a ese fin, unos 462 millones de euros. Es decir, para lograr el mismo objtivo los andaluces necesitarian 14 catorce veces más dinero.Entre ambos extremos se sitúan comunidades como Murcia (3,3%), Canarias (3,0%) o Castilla-La Mancha (2,7%), mientras que Madrid (0,8%), Aragón (1,0%) y Cataluña (1,2%) registran los costes relativos más bajos junto al País Vasco.

Esas diferencias no responden únicamente al tamaño de la población en riesgo de pobreza. El estudio del Ivie advierte de que las regiones con menor tasa de incidencia no son necesariamente las que presentan mejores condiciones de vida para sus pobres. La renta media de las personas en riesgo de pobreza en Navarra, por ejemplo, se sitúa entre las más bajas del país pese a que la comunidad foral tiene una de las tasas de incidencia más reducidas.

El porcentaje del PIB destinado a erradicar la pobreza disminuyó en la mayoría de comunidades entre 2015 y 2019, pero volvió a aumentar entre 2019 y 2023, tanto a nivel nacional como en la mayor parte del territorio. Ese repunte coincide con el periodo de recuperación pospandemia, en el que los umbrales de pobreza también subieron al crecer la renta mediana.

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza

Tener empleo no garantiza escapar de la pobreza. Según el informe, aproximadamente un tercio de las personas en riesgo de pobreza están ocupadas, una proporción que no ha variado de forma sustancial a lo largo del periodo analizado. La situación es especialmente aguda entre quienes cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En una familia media de dos adultos y dos hijos con un solo salario mínimo, la renta por unidad de consumo cae por debajo del umbral de pobreza. En Andalucía, el 20% de los trabajadores con empleo sigue en riesgo de pobreza; en Extremadura, el 16%.

La brecha territorial también se refleja en el índice de desigualdad entre los pobres. El Índice de Gini aplicado a la población en riesgo de pobreza cayó de 27,4 en 2015 a 22,3 en 2023 a escala nacional, lo que indica que las rentas dentro de ese colectivo se han homogeneizado. La mejora fue especialmente pronunciada en Canarias (más de 15 puntos), Cataluña y Castilla-La Mancha (9 puntos) y Madrid y el País Vasco (8 puntos). En sentido contrario, Navarra, Cantabria y Castilla y León registraron aumentos de la desigualdad interna entre sus pobres.

El estudio también mide la pobreza con el indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), utilizado por Eurostat para el seguimiento de los objetivos sociales de la Unión Europea (UE). Bajo ese criterio multidimensional, que incorpora la carencia material severa y la baja intensidad laboral además de la renta, la tasa española asciende al 26,5% en 2023, más de seis puntos por encima de la tasa de riesgo de pobreza estricta. España se sitúa así por detrás de países como Grecia e Italia en ese indicador, aunque por encima de la media comunitaria del 21,3%.

Las mujeres han empeorado su posición relativa a lo largo del periodo: si en 2015 partían de una situación ligeramente mejor que los hombres, en 2023 presentan mayor incidencia en todos los componentes del AROPE. Los jóvenes menores de 18 años siguen siendo el grupo más afectado, con una tasa de riesgo de pobreza del 28,9% en 2023, frente al 18,3% de los mayores de 65 años.