Familias de Torrent, en Valencia, celebran la reapertura del caso de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei: “Hemos sufrido mucho”

Después de dos años de sentirse “totalmente ignoradas”, las familias que denunciaron abusos sexuales en el colegio El Vedat de Torrent, en Valencia, recibieron a mediados de abril una noticia que les devolvió la esperanza: la Audiencia Provincial decidió reabrir la investigación sobre las presuntas agresiones en este centro vinculado al Opus Dei al detectar indicios de posibles hechos delictivos. Los jueces consideraron que la investigación anterior fue insuficiente y que no se escuchó adecuadamente a los menores, además de que destacaron la importancia de abordar el caso con especialistas, ya que involucra a niños de muy corta edad, de entre 4 y 7 años. La decisión ha supuesto un respiro para las familias.

“Para nosotros esto es un alivio, un descanso, porque hasta ahora nos habíamos encontrado con negativas constantes por parte del Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent. Rechazó que los niños y los padres pudieran declarar y aseguró que no había indicios suficientes para identificar al responsable”, explica a Infobae E.O.V., una de las madres cuyos hijos han sido presuntamente abusados en este centro. Y, aunque las familias celebran esta decisión, advierten que el proceso aún depende de que el juzgado cumpla lo ordenado.

Así, la Audiencia Provincial ha citado como investigados a dos trabajadores señalados por los niños y ha solicitado que se tome testimonio a los menores a los que no se exploró, además de convocar a sus padres, algo que las familias venían reclamando desde el inicio. También ha pedido al colegio la documentación relacionada con las investigaciones internas iniciadas tras las denuncias, así como los expedientes de los empleados señalados.

“Esperamos que al menos esto sirva para que nadie vuelva a apagar la voz de los niños, porque a las familias nos han hecho mucho daño en estos dos años que llevamos peleando recursos. Creemos que el juzgado de Torrent ha hecho obstrucción a la justicia, porque han sucedido hechos muy graves. No todo vale por cubrir la reputación de un colegio”, añade la madre.

Las familias sostienen que el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrent ha dificultado el avance de la causa porque existe un conflicto de intereses. Señalan que el juez Gonzalo Sancho Cerda, decano de Torrent, mantiene una vinculación directa con el Opus Dei: ocupa un cargo en una asociación ligada a esta organización y su hijo es exalumno de El Vedat. Según las familias, esta relación pone en duda la imparcialidad del proceso y explicaría la falta de impulso en la investigación.

Tocamientos, exhibicionismo y felaciones

Las investigaciones de este caso comenzaron en marzo de 2024, después de que las familias relataran que sus hijos habían sufrido tocamientos, episodios de exhibicionismo e incluso felaciones que implicaban a un profesor de este colegio de educación segregada que pertenece a Fomento de Centros de Enseñanza.

Las primeras señales de alarma surgieron cuando varios niños empezaron a describir comportamientos sexualizados entre alumnos, que incluían tocamientos y felaciones. El hijo menor de E.O.V., con apenas cinco años, fue el primero en contar a sus padres que un compañero realizaba felaciones a otros niños bajo la mesa del comedor. A partir de esa confesión, las familias comenzaron a hablar entre ellas y a descubrir relatos similares.

Uno de los padres relató que su hijo también describió un episodio parecido, aunque esta vez involucraba a un profesor. Al plantear la situación al colegio, “se limitaron a decirle que eso era imposible, que habría sido una pesadilla del niño”, recuerda indignada.

Ante la falta de explicaciones, las familias recopilaron más testimonios. Los relatos apuntaban a un hombre cuya descripción coincidía con la de varios trabajadores del centro. “Son niños de cinco años relatando hechos muy graves pero, aunque sean muy pequeños y se les escapen detalles como los nombres, no quiere decir que se lo estén inventando”, añade esta madre.

La situación cambió cuando algunos alumnos mayores señalaron a un profesor de valenciano como posible responsable. Solo entonces, “debido al revuelo que había causado el caso”, el colegio decidió suspenderlo y apartarlo de sus funciones.

Las familias insisten en que ahora, tras la decisión de la Audiencia Provincial de Valencia, confían en que el proceso judicial avance hasta el final y que todas las voces sean escuchadas. Aspiran a que la reapertura del caso marque un punto de inflexión que permita esclarecer los hechos y garantice que ninguna denuncia quede sin respuesta.