Más de 14.000 cerdos al año en un pueblo de 103 habitantes: ecologistas se oponen a la ampliación de una macrogranja porcina en Cuenca

En la pedanía conquense de La Ventosa, en el término municipal de Villas de la Ventosa, viven 103 personas. En esta pequeña localidad situada en la comarca de La Alcarria, sin embargo, los vecinos no se encuentran solos: en las inmediaciones se ubica una macrogranja porcina que en la actualidad tiene una capacidad de 2.496 plazas de cebo.

Esta cifra podría multiplicarse en más del doble pronto. Desde la asociación de movimientos vecinales Pueblos Vivos Cuenca denuncian que la empresa ha iniciado la tramitación administrativa para ampliar esta macrogranja hasta las 6.000 cabezas, lo que supondría producir cerca de 14.400 cerdos al año. De llevarse a cabo, habría 58 animales por cada vecino.

Esta instalación se ubica, según señalan desde la asociación, a menos de 3 kilómetros del núcleo de La Ventosa y a distancias similares de otras localidades cercanas, como Villarejo del Espartal y Villanueva de Guadamejud. “Podría suponer afecciones en términos de calidad del aire y olores”, denuncia Pueblos Vivos Cuenca.

Cinco piscinas olímpicas de purines

Según el proyecto presentado, la macrogranja funciona bajo un modelo de integración. La gran empresa integradora subcontrata el engorde de sus animales a un ganadero particular, que es el que posee las instalaciones y el que debe hacerse cargo de los residuos generados.

El propio estudio de impacto ambiental, que ha sido consultado por Infobae, indica que la producción generará 12,9 millones de litros de purines al año. Esto, según destacan desde Pueblos Vivos Cuenca, es el equivalente aproximado a 5 piscinas olímpicas. La ampliación contempla la construcción de una nueva balsa de almacenamiento de purines con capacidad de 2.020 metros cúbicos, que se sumará a la ya existente de 2.180.

Estos residuos posteriormente serían aplicados en terrenos agrícolas, como señala el propio documento del proyecto básico de Autorización Ambiental Integrada: “La gestión de los purines se lleva a cabo valorizándolos como fertilizante agrícola, empleando este en fincas de la zona, generalmente destinadas al cultivo de oleaginosas y cereales”. Desde Pueblos Vivos Cuenca, sin embargo, señalan que esto “conlleva riesgos de contaminación por nitratos en suelos y aguas subterráneas”.

Además, “según los datos del SINAC-Ministerio de Sanidad en la última analítica del 10 de febrero se registraron 36 mg/l de nitratos en el agua del grifo”, mientras que “el límite para que deje de ser potable es 50″. La asociación, en base al proyecto MCC-Spain del Instituto de Salud Carlos III, señala que existen “vínculos entre la ingesta de nitratos y tumores de próstata agresivos, incluso por debajo del límite legal”.

Además de los purines, el documento “reconoce la emisión de gases contaminantes como amoniaco, metano, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, así como la generación de olores derivados tanto de los animales como del almacenamiento y manejo de purines”, emisiones “clasificadas dentro de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera”.

24 millones de litros de agua anuales

Junto a los olores y los contaminantes, Pueblos Vivos Cuenca denuncia el elevado consumo de agua que necesita esta actividad: 24 millones de litros al año que se abastecerán mediante una captación propia de agua subterránea, lo que representa casi cinco veces el consumo de los habitantes de La Ventosa. Esto “evidencia una elevada demanda hídrica en un entorno rural donde el agua es un recurso limitado”.

Actualmente, la tramitación para esta ampliación se encuentra pendiente de envío a información pública. Después será posible presentar alegaciones al proyecto en la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha.

Pueblos Vivos Cuenca reclama que se tenga en cuenta “el efecto acumulativo de las explotaciones ya existentes, como la macrogranja avícola a escasos 600 metros del núcleo urbano, y que el nivel actual de nitratos es ya bastante elevado”. Así, reclama a la Junta de Castilla-La Mancha que “frene este modelo que daña el medio natural y la calidad de vida en el medio rural”.