
En el sur de la provincia de Cuenca, en el término municipal de San Clemente, el Grupo Avícola Rujamar S. L. plantea construir una macrogranja con capacidad para casi un millón de gallinas (810.000 ponedoras y 187.500 de recría) para producir cerca de 235 millones de huevos al año.
El pasado viernes 10 de abril, la Junta de Castilla-La Mancha publicó en su Boletín Oficial la resolución por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada para el proyecto, lo que acerca un paso más a la materialización de la infraestructura. Este visto bueno por parte del Gobierno autonómico ha llenado de “indignación” y “estupefacción” a STOP Macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo.
La plataforma vecinal, junto con las organizaciones que conforman Stop Ganadería Industrial —entre las que se encuentran Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra o Greenpeace—, ha expresado su firme rechazo al proyecto. Según las asociaciones, si se llevase a cabo su construcción, “sería la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a la emisión de amoniaco, un gas tóxico con graves efectos sobre el medio ambiente y la salud pública”.
Con una superficie de más de 38.800 metros cuadrados, con ocho naves para puesta y recría, se convertiría en la explotación avícola industrial “más grande de España” y en “una de las más grandes de Europa”.
“Las casas que están cerca son de gente mayor”
Llanos Ortiz, portavoz de STOP Macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo, explica a Infobae que la primera vez que se presentó este proyecto fue en 2018: “Ya entonces recibió muchísima reticencia por parte de grupos ecologistas y de los vecinos, sobre todo porque hay algunos que viven muy cerca, a menos de 500 metros de donde estaría ubicada”.

En ese momento, el proyecto tenía una capacidad de un millón y medio de gallinas. “Debido a la alta presión y a otras circunstancias económicas, se paralizó en el 2022″, señala. Sin embargo, el año anterior se presentó una nueva propuesta, esta vez con un millón de cabezas. Pese a esta versión algo reducida, Ortiz habla de “una proporción descomunal”.
Luís Ferreirim, responsable de Agricultura y Ganadería de Greenpeace España, explica a Infobae que esto podría sentar un precedente, motivo por el que trabajan en la revisión del real decreto que ordena las granjas avícolas, que no establece una limitación al tamaño. “Si hoy permitimos esta de un millón, mañana podemos permitir una de tres”.
A parte del tamaño, otro de los motivos de esta oposición es la ubicación en la que se instalaría la infraestructura. Se prevé en el paraje Hoya Cabrera, dentro del término municipal de San Clemente, y cerca de zonas habitadas de Casas de Los Pinos, Los Estesos, Casas Roldán y Ventas de Alcolea (esta última, pedanía de Villarrobledo, pertenece a la provincia de Albacete).
“Las quejas no se limitan solo a lo medioambiental y al bienestar animal, que también, sino al componente social. Nos duele especialmente como vecinos de esta zona”, destaca Ortiz. “Las pocas casas que están ya muy cerca, a pocos metros, son de gente mayor que están con un estado de ansiedad tal que llevan un tiempo que ni siquiera quieren seguir viviendo ahí, es que les están destrozando la vida”.
La sobreexplotación y contaminación del acuífero
A esto se suma la afectación al acuífero Rus-Valdelobos, que desde las asociaciones destacan que ya enfrenta una situación deficiente en cuanto a sobreexplotación y contaminación por sulfatos, “perjudiciales para la salud en concentraciones muy altas”. De este dependería la instalación. ”Poner de repente una explotación que requiere una cantidad ingente de agua es una aberración, sin más", denuncia Ortiz.

“Esta es una zona que está declarada como de sequía prolongada”, añade a este medio Ferreirim. “Esto incrementaría la presión sobre estos acuíferos, tanto en extracción de agua como en cuanto a la calidad. Cuanta menos agua haya, más concentrados están esos contaminantes. Por ejemplo, vemos que hay algunos pueblos alrededor que incluso están con concentraciones de nitratos, que no son saludables”.
Tanto la portavoz de la asociación vecinal como Ferreirim también muestran preocupación por la reciente epidemia de gripe aviar que ha afectado a nuestro país y que ha llevado a “un nuevo récord de sacrificios de aves”, explica el responsable de Agricultura y Ganadería Greenpeace.
“Es inadmisible que en un escenario de crisis climática y de agua, y después de un año en que fueron sacrificados millones de aves de corral debido a la gripe aviar, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que supuestamente apoya la transición ecológica, dé luz verde a un proyecto de dimensiones faraónicas”, señalan las organizaciones.
El proyecto se ubicaría a unos 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, “con el riesgo de contagio procedente de aves silvestres”. En ese contexto, Ortiz y Ferreirim añaden que la concentración de aves en una sola instalación obligaría al sacrificio de todas ellas en caso de detectarse un foco de la enfermedad.
“Las macrogranjas son una auténtica bomba de relojería e incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos”, denuncian las asociaciones en un comunicado.
“Duele mucho ver que, en vez de hacer una transición hacia un modelo realmente sostenible que esté dentro de los límites planetarios, sigamos poniendo sobre la mesa este tipo de modelos de explotaciones que tienen un impacto ambiental tremendo, pero también a nivel de bienestar animal, que las personas cada vez son más sensibles a ello”, añade Ferreirim.
La vulnerabilidad de la España vaciada
En estos momentos, cuando ya se ha concedido la Autorización Ambiental Integrada, todavía está abierto el plazo de participación pública para presentar alegaciones a la solicitud de concesión de agua, algo que las organizaciones han explicado que harán y que también han criticado. “Han dado luz verde al proyecto sin tener garantizado un suministro de agua viable”, explican desde Stop macrogranja gallinas en San Clemente, Casa de los Pinos y Villarrobledo.
“Es tremendamente frustrante ver cómo se castiga, una vez más, a los entornos rurales más vulnerables, los mismos que sufren mayor riesgo de despoblación”, denuncian las organizaciones, que piden la suspensión del proyecto de forma inmediata.
Ortiz coincide en declaraciones a Infobae en estas palabras, ya que las emisiones o la cantidad de polvo que moverían los camiones para trasladar los productos de la explotación, según señalan, empeoraría considerablemente su calidad de vida y vulneraría su “derecho a vivir en un entorno saludable”. “Sería inviable para los pocos que quedamos seguir viviendo aquí”.
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