El alga asiática ‘Rugulopterix okamurae’ pone al límite a las costas del sur de España: Andalucía declara de fuerza mayor la invasión de esta especie exótica

El alga exótica invasora Rugulopterix okamurae, conocida como alga asiática, lleva años poniendo al límite a las costas españolas, especialmente a las zonas de Andalucía, el sur del Levante y otras áreas del Mediterráneo occidental. Desde su primera detección en España en 2015, en el entorno del estrecho de Gibraltar, la expansión de esta especie originaria del Pacífico ha sido rápida, tanto hacia el oeste como hacia el este.

Los costes asociados a su gestión han obligado esta semana a la Junta de Andalucía a aprobar la declaración de fuerza mayor y extrema necesidad para la situación generada por la llevada masiva a las costas andaluzas de los arribazones del alga asiática.

Esta medida, aprobada el miércoles en el Consejo de Gobierno, permitirá aplicar la exención del impuesto estatal sobre el depósito de residuos en vertedero. De esta manera, se aliviará la presión económica que experimentan los municipios costeros que se están enfrentando a este fenómeno ambiental excepcional.

Un alga exótica con gran carácter invasor

La Rugulopterix okamurae es originaria especialmente de las costas de Japón, China y Corea. Su comportamiento de gran carácter invasivo “se caracteriza por productividades y biomasas desmesuradas y sin precedentes, superando ampliamente a las especies autóctonas y a otras alóctonas, hasta el punto de ocupar en la actualidad gran parte de la costas de Andalucía”, señala la Junta en un comunicado.

Ante esta situación, esta alga fue incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y fue considerada como especie preocupante para la Unión Europea. La Rugulopterix okamurae, además de contar con una expansión descontrolada, a medio plazo es inviable de erradicar, así como de restaurar los ecosistemas a su estado previo, según la evidencia científica actual.

La especie también tiene ya carácter invasor en Marruecos, Francia, Portugal continental y las islas Azores, lo que demuestra el peligro que enfrenta para los hábitats que coloniza y los circundantes.

Consecuencias en la pesca, el turismo y los ecosistemas

Tal y como señalan desde la Junta de Andalucía y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, las consecuencias de esta invasión son múltiples y especialmente graves. En primer lugar, para la pesca: el agua dificulta las artes tradicionales y los trabajos de arrastre, ya que los pescadores deben retirar la biomasa acumulada y reparar los aparejos, lo que aumenta los costes y la pérdida de rentabilidad.

Para el turismo también es sustancialmente negativo: la acumulación masiva de algas genera problemas de salubridad, malos olores y lixiviados derivados de su fermentación y putrefacción. Esto repercute en el medio ambiente, el paisaje y el sector turístico.

Además, la Rugulopteryx okamurae desplaza a especies autóctonas a medida que su densidad aumenta, puesto que forma mantos compactos que modifican el hábitat y reducen la biodiversidad. Así, coloniza rápidamente fondos rocosos y praderas marinas como las de Posidonia oceanica, clave en el Mediterráneo.

Las medidas en Andalucía frente a la invasión

En la actualidad, las cinco provincias costeras de Andalucía se enfrentan a la intensa presión de esta especie invasora, especialmente Cádiz y la parte occidental de Málaga. Huelva, Granada y Almería tampoco son ajenas a su expansión.

“Localidades como Algeciras, Barbate, Conil, La Línea de la Concepción, Estepona, Marbella o Tarifa soportan una presión extraordinaria derivada de la necesidad constante de retirada de esta biomasa, cuyo crecimiento es incesante y descontrolado”, explican desde la Junta.

A medida que pasan los años, el volumen se incrementa. Por ejemplo, en Algeciras en 2024 se retiró tres veces más que en 2023 y en 2025 cinco veces más. Por su parte, Tarifa ha llegado a gestionar más de 11.000 toneladas en un solo verano y Marbella centenares en un solo día.

Ante esta situación, numerosos ayuntamientos han solicitado ayudas extraordinarias a las administraciones, reconociendo la insuficiencia de recursos municipales para afrontar los elevados costes asociados a la recogida, transporte y tratamiento de estos residuos. En la actualidad —debido a que la valorización de esta biomasa es muy limitada por su alto contenido en sales y arenas, su inestabilidad y la necesidad de inactivar los ejemplares retirados para evitar que continúe la invasión—, la única opción viable es su gestión como residuo y su depósito en vertederos.

Esto, sin embargo, conlleva la aplicación de un impuesto estatal de 30 euros por tonelada, lo que suponen cantidades de incluso seis cifras en algunos municipios. Con la declaración de fuerza mayor y extrema necesidad, se pretende “evitar una penalización económica injusta a los municipios, teniendo en cuenta la naturaleza imprevisible e inevitable del fenómeno, su carácter sobrevenido, la inexistencia de un sujeto responsable y la necesidad ineludible de actuar por razones de salud pública y protección ambiental”.