La Generalitat Valenciana continúa la senda de la Administración central y se sienta en la mesa a negociar con los sindicatos la reducción de jornada, hasta las 35 horas semanales, a partir del 1 de enero de 2027. Este viernes, el conseller José Antonio Rovira ha presidido la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatuto y laboral, donde se ha instado a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito.
Con esta decisión del gobierno autonómico, encabezado por el popular Juanfran Pérez Llorca -sucesor de Carlos Mazón- la Comunidad de Madrid se queda sola como la administración con las jornadas más extensas para sus funcionarios, siendo la media en las distintas secciones de 37,5 horas. Para proseguir con la reducción, se deberán formar las mesas de negociación sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública.
Según adelantó la Administración autonómica, llevan meses trabajando sobre informes para determinar el coste económico de esta reducción de jornada. En este sentido, desde Hacienda han destacado que cualquier paso que se dé en este sentido “será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos”.
Además, la Agencia Tributaria de la Generalitat ha señalado que el crédito presupuestario tiene un carácter limitado y deben cumplir con la regla de gasto establecida por el Gobierno central y la Unión Europea, que fija, para 2026, un límite de crecimiento del gasto del 3,5%; siendo 3,4% para 2027 y 3,2% para 2028. El incremento este 2026 se debe principalmente a los acuerdos salariales estatales, que supone un aumento estimado del 6,5%.
CSIF pide respetar el acuerdo
El principal sindicato presente en la Mesa General, CSIF, reiteró la necesidad de respetar el acuerdo de legislatura, que prevé la implementación de la medida antes de mayo de 2027. Durante la última reunión, la organización expresó su conformidad con el calendario establecido, ya que se ajusta a los plazos pactados.
El sindicato también solicitó que se convoque cuanto antes la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Legislatura para revisar el grado de cumplimiento de lo acordado. Además, pidió que el compromiso de aplicar la medida a partir del 1 de enero de 2027 se traslade rápidamente a las distintas mesas sectoriales, con el objetivo de garantizar su ejecución en todos los ámbitos conforme a sus particularidades.
En el encuentro de este sábado también se puso de relieve la disposición del Consell para abordar la brecha salarial en los sectores de la Generalitat. Se trató la asignación de fondos del Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos, correspondiente a los ejercicios 2025 y 2026.
El presupuesto contempla un total de 14 millones de euros para este programa, que se repartirán a razón de siete millones en 2025 y otros siete millones en 2026. De acuerdo con el número de trabajadores en cada sector, la distribución será de hasta 5,58 millones de euros para Sanidad, hasta 4,15 millones para Educación, hasta 520.000 euros para Justicia y hasta 3,75 millones para Función Pública.
Madrid, las jornadas más largas
Antes de Valencia, la Junta de Andalucía fue la primera en reducir el horario de sus funcionarios, en 2017, beneficiando a más de 270.000 empleados públicos. Al año siguiente también se sumó a esta reducción Extremadura, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco en 2019. Por el contrario, la Comunidad de Madrid mantiene el calendario de 37,5 horas a la semana.
La comparativa con los trabajadores del sector privado es más diferenciada. Actualmente, un empleado del privado cuenta con una jornada completa de entre 37,5 a 40 horas a la semana. Durante 2025, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó negociar con los principales sindicatos y la patronal CEOE una reducción de la jornada para todos los trabajadores por cuenta ajena, pero las diferencias con Antonio Garamendi (CEOE) impidieron llegar a un acuerdo.
En septiembre de 2025, el proyecto de ley del Gobierno para la reducción de la jornada llegó al Congreso de los Diputados, pero no pasó la votación por los votos negativos de PP, Vox y Junts per Catalunya. El partido catalán alegó en aquel entonces que el coste de reducir la jornada manteniendo los sueldos no sería asumible para las pequeñas y medianas empresas que representan más del 99% del tejido empresarial del país.
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