El rescate a Air Europa se cuela en el juicio del ‘caso mascarillas’ con el rastro del dinero en efectivo y versiones enfrentadas sobre lo ocurrido antes de la ayuda

Las primeras sesiones del juicio por el ‘caso Koldo’ han dado un vuelco al guion. Lo que nació como un rastro de contratos de mascarillas ha terminado desbordando el ámbito sanitario para poner bajo la lupa una de las maniobras financieras más polémicas de la pandemia: el salvavidas público a Air Europa. Las comparecencias en el Tribunal Supremo, encabezadas por el testimonio del exCEO de Globalia Javier Hidalgo, han escenificado un choque de trenes entre el relato de la acusación y la coraza de la compañía, con la sombra del comisionista Víctor de Aldama proyectándose sobre cada contradicción.

La vista oral comienza a dibujar una tesis inquietante: los 475 millones de euros concedidos a la aerolínea en noviembre de 2020 no serían un compartimento estanco, sino que, según la investigación, habrían transitado por la misma red de influencias que nutrió el negocio de los suministros médicos. En este tablero, el papel de Aldama es el de una “bisagra” indispensable entre los intereses del despacho y los despachos del poder.

El rastro del efectivo

El momento de mayor tensión procesal llegó de la mano de Leonor González Pano, expareja de Aldama. Su testimonio ha introducido un elemento que enturbia la defensa de Globalia: la confesión de que el empresario recogió 500.000 euros en metálico en el propio domicilio del dueño de la aerolínea. Según la testigo, Aldama no iba solo; le acompañaba Koldo García, entonces mano derecha del ministro José Luis Ábalos. El calendario no es baladí: la supuesta entrega de dinero se habría producido en los días previos a la luz verde del rescate.

Para la Fiscalía, esta escena sería la pieza que encaja en su hipótesis central. Se trataría de una estructura de intermediación que monetizaba el acceso directo a la Administración. Esta tesis no solo descansa en testimonios; tiene su anclaje en el auto del Supremo, que disecciona un modus operandi donde se habría instrumentalizado el Ministerio de Transportes para favorecer a intereses privados.

El instructor pone como ejemplo la nota de prensa de agosto de 2020, que anticipaba el apoyo del Gobierno a la aerolínea. Aquello no fue un simple comunicado, sino un “activo estratégico” que calmó a los acreedores y blindó a la compañía en su momento más vulnerable. A cambio, el juez sospecha de contraprestaciones en especie, incluyendo el disfrute de una vivienda vacacional costeada con fondos de la trama.

La defensa de Globalia

Frente al asedio judicial, Javier Hidalgo se ha parapetado en una estrategia de estricta legalidad. Su comparecencia fue un ejercicio de contención: negó cualquier irregularidad, calificó de ficticia la entrega del medio millón de euros y redujo el rescate a una operación de supervivencia económica estrictamente fiscalizada por la SEPI.

Hidalgo no pudo negar la vinculación con Aldama —existía un contrato de asesoría previo a la crisis—, pero se esforzó por diluir su peso específico. Lo definió como un mero “canal de comunicación” con los ministerios, un mensajero que, en palabras del empresario, a menudo adornaba la realidad con un optimismo excesivo. Para la defensa, el rescate no fue fruto de un favor político, sino el desenlace inevitable de una asfixia financiera provocada por el parón global del turismo.

El exCEO también trató de desactivar la carga de la prueba sobre la citada nota de prensa veraniega, asegurando que su única referencia válida fue la documentación oficial de septiembre, y despachó la figura de Koldo García como alguien periférico, sin voz ni voto en las decisiones de calado.

Un pulso por la verdad

El juicio ha dejado claro que la batalla no se libra solo por la existencia de pagos, sino por la naturaleza del poder que ejercía Aldama. Donde la acusación ve a un conseguidor con capacidad para torcer voluntades públicas, la defensa presenta a un asesor irrelevante.

Sin embargo, el hecho de que un consultor externo se sentara en mesas de negociación con distintos ministerios y la SEPI es una realidad que el propio Hidalgo ha tenido que admitir, alimentando una controversia que difícilmente se cerrará con evasivas. El proceso avanza ahora por un terreno minado de versiones encontradas que, más allá del ‘caso mascarillas’, amenazan con desvelar las costuras de las decisiones estratégicas tomadas en el epicentro de la mayor crisis económica de nuestra historia reciente.