Los entresijos del acuerdo PP-Vox en Extremadura ya dejan entrever que habrá bronca entre los socios de investidura. Uno de los puntos que ha generado controversia, a pocos días de firmarse, es el que afecta a las ayudas a las ONG. El texto especifica que se cortarán las ayudas a aquellas organizaciones que “fomenten” la inmigración irregular. “Eso es colaborar con mafias”, ha apuntado este lunes el secretario general del PP, Miguel Tellado.
¿Qué organizaciones entran en este cupo? ¿entraría, por ejemplo, Cáritas Diocesana, que tiene actualmente un convenio con la Junta? Según Vox, sí: “No se puede aceptar que el dinero de los contribuyentes vaya a promover la inmigración masiva e ilegal”, subrayó en una entrevista para El País, Carlos Hernández Quero, el diputado de Vox incorporado en el equipo negociador.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha querido desmentir las palabras de sus socios, dejando claro que la situación de esta organización, así como otras que ya operan en España como Open Arms, deberá decidirse por la vía judicial. “Eso tiene que acreditarse con sentencia. Si una ONG es condenada por colaborar con la inmigración irregular, quedará excluida de las ayudas. Organizaciones como Cáritas pueden estar completamente tranquilas, no les va a afectar”, ha matizado Tellado.
La “prioridad nacional”, otro punto de fricción
Los populares también han querido matizar otro de los puntos controvertidos del acuerdo, que es el que hace referencia al concepto de “prioridad nacional” para obtener las ayudas sociales autonómicas. Vox ha asegurado que este punto prioriza a los españoles nacionales por encima de los nacionales extranjeros, un punto que, de ser cierto, iría en contra de la Ley de Extranjería. La propia Isabel Díaz Ayuso cargó con la interpretación de los de Abascal señalando que esto sería ilegal.
Desde Vox quitan peso a que este principio pueda chocar con la ley porque, indican, el PP se comprometió en su acuerdo a instar al Gobierno central a modificar la ley de Extranjería.
El PP ha corregido estas palabras y ha recordado que lo firmado fue el criterio de prioridad en el “arraigo”, que en ningún caso “es obligatorio” ni tendría que beneficiar solo al origen español de la persona. En todo caso, han apuntado fuentes del PP, se trata de un criterio más, “como puede ser el económico” que ya ha sido incorporado a otros acuerdos autonómicos como el de Aragón en 2022 o Baleares en 2023.
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