No había otra opción. El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha tenido que firmar un contrato con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para poder tramitar antes de que acabara el plazo todas las solicitudes que se han recibido en el consulado español en La Habana para tramitar los expedientes de nacionalidad que avala la Ley de Memoria Democrática, aprobada a finales de 2022 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La también llamada ‘ley de nietos’ permite obtener la nacionalidad española a todos aquellos que nacieron fuera de nuestro país con algún padre o abuelo español que hubiera renunciado a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.
El plazo para presentar las solicitudes finalizó en octubre de 2025. Por eso, en enero de ese año Exteriores tuvo que adjudicar este contrato al Grupo Palco, al ser la única empresa autorizada por el Gobierno cubano para poder realizar este trabajo. “El Consulado General de La Habana requiere un refuerzo sustancial por la gran cantidad de expedientes que gestionar por la Ley de Memoria Democrática y el resto de trámites consulares”, explica a Infobae un portavoz de Exteriores. España ha desembolsado 1.131.295 euros para que Cuba facilite al consulado “fuerza de trabajo”. Y es que el consulado “solo podrá disfrutar de los servicios de fuerza de trabajo de cualquier ciudadano cubano y extranjero residente permanente en el país, una vez se haya establecido previamente la relación de trabajo del personal que prestará el servicio con el Grupo Palco”, señala el contrato al que ha tenido acceso este diario. El contrato dura cuatro años.
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Es decir, el consulado no podía seleccionar el personal que necesitaba para poder tramitar las solicitudes de nacionalidad que han llegado, sino que ha sido el Grupo Palco quien ha facilitado ese personal. Un total de 87 auxiliares de oficinas y auxiliares de servicios que han realizado jornadas de 137 horas semanales. Los salarios fijados oscilan entre los 3.706 y 3.630 pesos cubanos al mes (al cambio entre 133 y 135 euros), aunque la empresa estatal ha recibido entre 205 y 210 euros mensuales por cada empleado. En el contrato firmado, Exteriores se comprometió a pagar al Grupo Palco “el doble de la cuantía correspondiente al sueldo mensual que devenga cuando el empleado” trabajase en festivo.
El Grupo Palco nació para organizar congresos, ferias y exposiciones en Cuba hace 45 años, aunque luego a diversificado sus actividades creando diez filiales: Conex (organización de eventos), Cubija (arrendamiento inmobiliario), Emsula (contratación de fuerza de trabajo), Implus (transportación), Artise (servicios técnicos e informáticos), Inverco (construcción), Transpak (servicios aduanales y transitarios), Divse (restauración y ventas minoristas), Merbi (importación) y Cariflor (floristería). Palco no solo es conocida por organizar ferias, también está considerada la mayor inmobiliaria estatal.
2,3 millones de solicitudes
La verdad es que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática ha provocado un fenómeno sin precedentes en los consulados españoles. En apenas dos años, 2,3 millones de descendientes de exiliados y emigrantes se han acogido a la norma que permite recuperar la nacionalidad. La cifra multiplica por más de cuatro la registrada en 2007 con la anterior ley, lo que ha desbordado la capacidad de gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, contratando refuerzos de personal en aquellas legaciones con más demanda. Más de un millón de solicitudes están en tramitación. Las denegaciones representan un porcentaje mínimo, menos del 2%.
Cerca de un millón de solicitudes se han presentado en Argentina, donde el consulado de Buenos Aires acumula alrededor de 645.000 expedientes, seguido por el de Córdoba, con 125.000. Les siguen La Habana en Cuba (350.000), Ciudad de México (165.000), Sao Paulo en Brasil (150.000), Miami en EEUU (120.000) y Caracas en Venezuela (40.000). Las cifras superan con creces la capacidad operativa de unas oficinas que, en muchos casos, arrastran desde hace años problemas de personal, por lo que muchas solicitudes pueden tardar años en resolverse. Exteriores ha tenido que destinar una partida de 115 millones de euros para renovar la red consular.
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