Abogados Cristianos sigue con su lucha incesante contra la resignificación del Valle de Cuelgamuros —antes Valle de los Caídos—. Este miércoles, la organización ultra ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por “presuntas irregularidades en la adjudicación” de un contrato público vinculado a las actuaciones en el mausoleo donde permanecen los restos de más de 30.000 personas que fueron víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos.
El régimen decidió hacer un monumento de “reconciliación” y para ello trasladó los restos de miles de personas fusiladas y arrojadas a fosas comunes por el bando franquista, en muchos casos, sin avisar siquiera a los familiares. Ahora, el Gobierno pretende musealizar el recinto con el proyecto ganador del concurso internacional, el de ‘La base y la cruz’, pero Abogados Cristianos está decidido a poner palos en las ruedas del desarrollo del proyecto. En esta ocasión, la denuncia —que no es la primera y previsiblemente no será la última— se dirige contra los miembros de la Junta de Contratación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, así como contra los responsables de las empresas implicadas, por posibles delitos de prevaricación y fraude en contratos públicos.
La organización ha detallado que el contrato investigado, por importe superior a 345.000 euros, tenía como objeto la realización de análisis genéticos y la identificación de restos procedentes de las criptas del Valle. Según denuncian, “este contrato fue adjudicado a la empresa CITOGEN SL a pesar de que no había presentado la oferta más económica, aun cuando el único criterio de adjudicación publicado era el precio”. “Existía una propuesta casi 10.000 euros más barata que fue descartada sin que se haya hecho pública ninguna justificación técnica que explique esta decisión”, ha señalado en un comunicado.
Asimismo, la organización sostiene de que “la empresa adjudicataria atravesaba una situación económica muy delicada en el momento de la adjudicación, con pérdidas, problemas de liquidez y antecedentes concursales” y, a pesar de ello, fue seleccionada para ejecutar un contrato de elevada cuantía financiado con dinero público. Abogados Cristianos ha añadido que “apenas 35 días después de la adjudicación del contrato, el 100% de la empresa fue vendido a una sociedad del sector financiero”. “Un cambio de control que, según la denuncia, no consta que haya sido debidamente comunicado ni justificado en el expediente público”, ha subrayado.
¿Cómo se llevó a cabo la licitación?
El proceso de licitación se inició con la recepción de cuatro propuestas distintas. Entre las ofertas económicas presentadas, la de Citogen S.L. ascendió a 258.975 euros sin impuestos; la empresa resultó adjudicataria frente a la más costosa, que alcanzó los 310.500 euros, y a la opción más económica, presupuestada en 249.210 euros. No obstante, el importe definitivo del contrato se fijó finalmente en 345.000 euros, teniendo en cuenta parámetros adicionales requeridos en el procedimiento administrativo.
El contrato incluye un apartado específico dedicado al análisis puntual de muestras biológicas de posibles familiares, lo que podría permitir un mayor nivel de precisión en las tareas de identificación, según consignó el Boletín Oficial del Estado. Este enfoque amplía el espectro de trabajo más allá del estudio de los restos esqueléticos encontrados, incorporando la posible verificación genética directa con descendientes o personas vinculadas con los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
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