Abogados Cristianos recurre el acuerdo entre el Gobierno y la Archidiócesis de Madrid para resignificar el Valle de los Caídos

Abogados Cristianos se posiciona en contra de la Archidiócesis de Madrid y del propio Vaticano tras presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo entre el Gobierno y el organismo católico madrileño que sirvió de base para iniciar el proceso de “resignificación” del Valle de Cuelgamuros -antes Valle de los Caídos-.

La fundación ultracatólica ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo alcanzado en marzo de 2025 entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el arzobispo de Madrid, José Cobo. El pacto nació fruto de las anteriores conversaciones entre el Ejecutivo español y la Santa Sede en la que acordaron que la resignificación se llevaría a cabo sin la expulsión de los monjes benedictinos, un movimiento que el Gobierno de Pedro Sánchez daba prácticamente por hecho en un principio, pero que Cobo planteó como línea roja en su toma de posesión en 2023.

La organización de juristas ha denunciado que el documento “carece de validez jurídica ya que fue firmado por una autoridad eclesiástica sin competencia para ello”. Según Abogados Cristianos, aunque el arzobispo de Madrid podía actuar como interlocutor en las conversaciones con el Gobierno, “no tenía potestad” para firmar un acuerdo que afecte a la naturaleza sagrada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “una basílica pontificia cuya modificación requiere la intervención expresa de la Santa Sede”. No obstante, esta ya dio su visto bueno y, desde la publicación del proyecto ganador de “La base y la cruz” en noviembre de 2025, no se ha pronunciado al respecto. “No consta aval formal de la Santa Sede (el Secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, fue informado, pero no ratificó)”, apuntan en el texto que han presentado ante el tribunal.

Abogados Cristianos ha indicado que esta “falta de competencia” convierte el documento en un “acuerdo informal, sin rango normativo, no publicado en el Boletín Oficial del Estado y sin capacidad para producir efectos jurídicos válidos”. Y considera que, si el acuerdo es nulo, “todas las actuaciones administrativas que se apoyan en él deben decaer, incluido el concurso de ideas y cualquier proyecto derivado del mismo”.

Por todo ello, la fundación ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión cautelar del acuerdo entre el Ejecutivo y la Iglesia, así como de todas las actuaciones administrativas que traen causa del mismo, incluido el concurso de ideas y cualquier intervención material en el recinto, hasta que se resuelva el fondo del asunto.

El último intento

Este recurso ante la Audiencia Nacional no es el primer intento de la organización ultracatólica de paralizar cualquier tipo de remodelación del mausoleo que contiene la mayor fosa común de España y que fue edificado por la dictadura franquista para conmemorar su victoria durante la Guerra Civil. Llevaron a cabo una recogida de firmas para pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que tramitara el nombramiento del lugar como Bien de Interés Cultural (BIC).