
A muchas supervivientes de abusos sexuales en la Iglesia católica, como Paula Alonso-Pimentel, les resulta difícil confiar en que la misma institución que durante décadas “mantuvo silencio, encubrió casos de forma sistemática y obstaculizó la búsqueda de justicia", cumpla realmente con el protocolo de reparación e indemnización firmado este 30 de marzo junto al Gobierno y el Defensor del Pueblo. Lo que sí tiene claro es que la Iglesia católica ha acabado “cediendo” al acuerdo por la presión que han ejercido las asociaciones de víctimas de pederastia, que llevan años luchando para ser reconocidas y reparadas, tanto a nivel económico como psicológico, para que se sepa toda la verdad y que nunca más vuelva a ocurrir.
“Creo que el acuerdo firmado está bien, pero tengo como un fondo de desconfianza porque el camino ha sido muy duro y hemos sufrido mucho hasta llegar aquí. La Iglesia solo ha puesto palos en la rueda y ha incumplido promesas una y otra vez. Ahora veremos cómo se recorre este camino”, cuenta a Infobae Paula, que asegura haberse sentido muy revictimizada en todo este proceso.
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En su caso, sufrió abusos sexuales por un marista cuando tenía ocho años en un colegio de Valladolid al que asistía a catequesis. Ocurrió en 1974 y el horror duró un curso completo. Al año siguiente, relata, el religioso falleció, de forma que nunca afrontó consecuencias por su delito y, en cambio, las secuelas del abuso, tanto en el plano psicológico como social, siguen presentes en la vida de esta superviviente.

“Me dijo que era una pecadora”
Paula recuerda perfectamente cómo el marista le dijo el primer día que la vio que “era una pecadora”. Al preguntarle por qué, otro religioso que presenciaba la escena le respondió entre risas: “¿Acaso no te sabes la oración del ‘yo pecador’? Como me digas que no, eres una pecadora, te mato”, mientras el otro le levantaba la falda. “Hay muchos cómplices”, asegura.
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Al principio, Paula no recordaba lo que había pasado y durante un tiempo no fue consciente de la gravedad de lo sucedido. Su mente bloqueó los recuerdos hasta que cumplió 11 años, edad a la que empezó a comprender lo que había ocurrido. “Me sentí como una puta. Pensé que yo tenía la culpa, que lo había provocado, y me daba una vergüenza horrible, así que no se lo conté a nadie”, relata al otro lado del teléfono.
No fue hasta los 20 años cuando se atrevió a contarlo a tres personas de su entorno, todas vinculadas a un entorno muy católico, y ninguna le ofreció apoyo. Ante esa reacción, prefirió no volver a mencionarlo y guardó silencio durante otros 20 años más. Paula asegura que, aunque los supervivientes de abusos sexuales tratan de olvidar lo ocurrido, “esos recuerdos no desaparecen nunca y, cuanto más se intentan tapar, regresan con más fuerza”.
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Las “víctimas ocultas” de la pederastia en la Iglesia
Son muchas las niñas, adolescentes y mujeres adultas que, como Paula, aseguran sentirse “invisibilizadas” tras los abusos sufridos, y es que el género también influye en esta percepción, ya que el tabú en torno al sexo y las dificultades para romper el silencio pesan especialmente sobre las mujeres. Sus historias tienden a quedar en un segundo plano porque la mayoría de las víctimas de pederastia eclesiástica en España han sido niños —siete de cada diez, según la Asociación Betania—, aunque en la edad adulta la proporción se invierte. La prevalencia de abusos a varones en las estadísticas responde a que la mayoría de los colegios religiosos eran segregados y la mayoría de los perpetradores eran hombres.
Esta realidad, junto al temor de muchas mujeres a no ser creídas o ser señaladas si denuncian, tal y como ocurre con las víctimas de violencia de género, contribuye a su invisibilidad. “El tabú del sexo con las mujeres es mayor”, resume Paula.
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Aunque esta superviviente mantiene reservas sobre cómo funcionará el nuevo protocolo entre el Gobierno y la Iglesia, confía en que su puesta en marcha anime a más personas a contar su experiencia y a solicitar reparación, ya que la existencia de un mecanismo respaldado oficialmente puede ofrecer mayor seguridad a aquellas personas que aún no han dado el paso.

Quién puede recurrir al nuevo mecanismo
Esta vía de reparación, que comienza a funcionar a partir del 15 de abril, está pensada para los casos en los que la justicia ya no puede actuar, ya sea porque el delito ha prescrito o porque el agresor ha fallecido.
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El proceso comenzará cuando la víctima presente su solicitud al Ministerio de la Presidencia, que la trasladará a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo. Después de analizar el caso y escuchar a todas las partes, esta unidad puede proponer una reparación simbólica, restaurativa, espiritual y/o económica en un plazo de hasta tres meses. La propuesta pasará luego a la comisión asesora de la Iglesia, que dispone de dos meses para evaluarla.
Si no hay acuerdo entre las partes, el caso será revisado por una comisión mixta con representantes de todas las instituciones y asociaciones de víctimas y, si persiste el desacuerdo, la decisión final recaerá en el Defensor del Pueblo.
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El protocolo desarrolla así el acuerdo que el Ejecutivo y la Iglesia suscribieron el pasado 8 de enero después de un arduo proceso de negociación que se prolongó durante dos años.
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