
Los funcionarios catalanes pueden tener problemas para cobrar su salario. Así lo ha manifestado este lunes la consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, al advertir qué consecuencias tendría el bloqueo de los presupuestos catalanes. Si el proyecto de ley no supera este viernes el debate de totalidad en el Parlament, el Govern podría afrontar serias dificultades financieras, hasta el punto de comprometer el pago de las nóminas de los funcionarios.
Romero ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa en la que ha presentado la liquidación del presupuesto de 2025. Desde allí ha apelado directamente a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), formación que ha registrado una enmienda a la totalidad al proyecto, para que permita al menos que las cuentas continúen su tramitación parlamentaria.
“Pedimos responsabilidad”, ha señalado la consellera en declaraciones recogidas por Efe. Ha insistido en que el presupuesto es imprescindible para garantizar el funcionamiento normal de la administración catalana en los próximos meses.
La Generalitat sigue con las cuentas de 2023
El Govern se encuentra actualmente gestionando sus recursos con los presupuestos prorrogados de 2023, una situación que limita de forma significativa la capacidad de actuación de la Generalitat. A ello se suma que el Ejecutivo tampoco dispone en estos momentos de un nuevo suplemento de crédito que amplíe el margen financiero de los distintos departamentos.
Romero ha explicado que, si el Govern llega al 24 de abril sin haber aprobado las nuevas cuentas, la situación será “difícil”. En ese escenario, la Generalitat se vería obligada a reordenar sus prioridades presupuestarias.
Según ha detallado, los departamentos tendrían que dejar de impulsar determinadas políticas o actuaciones para concentrar los recursos disponibles en garantizar los compromisos básicos de la administración, entre ellos el pago de las nóminas de los empleados públicos. Ha subrayado que este no es el escenario que contempla el Ejecutivo, pero ha querido dejar claro el alcance de las consecuencias que podría tener el bloqueo político de los presupuestos.
Pese a la tensión política de los últimos días, Romero se ha mostrado optimista respecto a la actitud que finalmente adoptará ERC. Aunque los republicanos han presentado una enmienda a la totalidad, la consellera cree que aún existe margen para el acuerdo. A su juicio, el proyecto de presupuestos presentado por el Govern ofrece espacio suficiente para introducir modificaciones durante su tramitación parlamentaria.
Romero ha recordado que todavía quedan varios días para la votación y que, en política presupuestaria, no es extraño que las negociaciones se mantengan abiertas hasta el último momento. “Quedan cinco días y muchas horas”, ha señalado, confiando en que el debate del viernes no suponga el final del proceso sino el inicio de una negociación más detallada con ERC sobre el contenido de las cuentas. La aprobación del presupuesto requiere del apoyo de los republicanos después de que el Govern alcanzara ya un acuerdo con los Comuns.
El riesgo de perder hasta 1.500 millones de euros
Uno de los argumentos que el Ejecutivo catalán está poniendo sobre la mesa para defender la aprobación de las cuentas es el impacto económico que tendría su bloqueo. Romero ha advertido de que Cataluña podría perder hasta 1.500 millones de euros si el presupuesto para 2026 no sale adelante. Esta cifra corresponde a recursos que el Govern prevé incorporar a las nuevas cuentas y que difícilmente podrían ejecutarse con el actual marco presupuestario.
La consellera ha explicado que el objetivo del nuevo presupuesto es incrementar el gasto público en 9.126 millones de euros respecto a las cuentas vigentes, una ampliación que permitiría reforzar políticas públicas y responder a nuevos retos económicos. Si el proyecto no prospera, la Generalitat tendría que recurrir nuevamente a la fórmula de los suplementos de crédito para intentar recuperar parte de esos recursos.
Durante 2025 el Ejecutivo ya aprobó tres suplementos de crédito por un valor total de 3.937 millones de euros con el objetivo de paliar las limitaciones derivadas de la prórroga presupuestaria. Romero ha recordado además que el primer suplemento de crédito del año pasado se aprobó ya en febrero, una muestra de las tensiones de tesorería que arrastra la administración catalana cuando trabaja sin unas cuentas actualizadas.
El traspaso del IRPF, uno de los puntos de fricción
Entre las principales demandas de ERC se encuentra la exigencia de que el Gobierno central dé garantías sobre el traspaso del IRPF a Cataluña. Los republicanos reclaman un gesto político que blinde ese proceso, mientras que el Govern considera que el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat ya supone una garantía suficiente.
Romero ha recordado que ese pacto establece el compromiso de ambas administraciones para trabajar en las modificaciones legislativas necesarias que permitan a Cataluña gestionar el impuesto sobre la renta. El objetivo, según ha explicado, es que la Hacienda catalana vaya asumiendo progresivamente nuevas competencias y “coja músculo” para incorporar la gestión del IRPF.
“No hay mejor garantía que esta”, ha defendido la consellera, que considera que retrasar la aprobación del presupuesto hasta el mes de junio sería demasiado tarde para garantizar la estabilidad financiera de la Generalitat.
Más allá del debate político interno, el Govern también ha defendido la necesidad de aprobar las cuentas para afrontar un escenario internacional marcado por la incertidumbre. Romero ha señalado que el impacto económico de la guerra en Oriente Medio obliga a las administraciones a disponer de herramientas presupuestarias suficientes para responder con rapidez y ambición a posibles efectos económicos.
En este sentido, ha insistido en que disponer de unos presupuestos actualizados permitiría a la Generalitat desplegar políticas económicas más sólidas en un momento especialmente complejo.
La consellera también ha subrayado que la aprobación de las cuentas enviaría un mensaje de estabilidad institucional hacia el exterior. Según ha recordado, factores como la estabilidad presupuestaria también son tenidos en cuenta por las agencias de calificación crediticia a la hora de evaluar la solvencia financiera de una administración.
El Govern descarta un escenario sin presupuesto
Pese a todas las advertencias, Romero ha insistido en que el Ejecutivo catalán sigue confiando en que el presupuesto de 2026 salga adelante. “Me cuesta pensar que no tengamos presupuesto”, ha afirmado, recordando los meses de diálogo y las relaciones de confianza construidas con ERC durante las negociaciones previas.
El Govern espera que en los próximos días se intensifiquen los contactos políticos para desbloquear la situación y permitir que el proyecto de ley continúe su recorrido parlamentario. Para Romero, el mensaje es claro: la aprobación de los presupuestos no es solo una cuestión política, sino una necesidad para garantizar el funcionamiento de la administración y la estabilidad económica de Cataluña.
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