La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a un hombre a pagar 27.500 euros a una empresa transportista por no pagar la mercancía de pescado entregada. El tribunal ha rechazado el recurso de apelación de Florencio, quien aseguraba no tener relación comercial con la empresa demandante y decía ser víctima de una suplantación de identidad.
La reclamación se basó en tres facturas emitidas en julio de 2014, por importes de 544,50 euros, 16.431,64 euros y 15.236,40 euros, correspondientes a entregas de mercancía de pescado en Huelva e Isla Cristina.
El fallo ha destacado el valor probatorio de las facturas, la documentación aportada por las empresas transportistas Transpeco y Transfrío, y un informe de detective privado que identificó a Florencio como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva. El tribunal ha concluido que la deuda ha quedado suficientemente acreditada y ha rechazado los argumentos del demandado sobre una supuesta estafa porque en ningún momento presentó pruebas materiales ni denuncia formal por suplantación de identidad.
Dijo que nunca había estado en Huelva, pero era pescadero allí
La historia comenzó hace más de una década, en julio de 2014, cuando una empresa emitió tres facturas a nombre de un cliente por la compra y entrega de pescado en Huelva e Isla Cristina por una valor de 32.212,14 euros. Según la empresa, los pedidos se hicieron por teléfono y el cliente dio sus datos, que luego aparecieron en las facturas. Las empresas de transporte TRANSPECO y TRANSFRIO confirmaron que la mercancía se entregó en los lugares indicados.
El problema surgió cuando Florencio negó cualquier relación con la compra, afirmó que nunca estuvo en Huelva y dijo que todo era parte de una estafa de terceros porque no figuraba su firma en la factura. En 2015 hubo un primer intento de juicio en Ayamonte, pero se archivó porque no encontraron al demandado. La empresa contrató entonces a una detective privada, cuyo informe situó a Florencio en San Roque y acreditó su anterior actividad como pescadero en la Plaza de Abastos del Carmen de Huelva.
Con esos datos, la demanda civil se reactivó en San Roque en 2018. El proceso quedó suspendido durante un tiempo por la alegación de prejudicialidad penal ante una posible usurpación de identidad, pero nunca se aportó denuncia ni se inició causa penal.
La sentencia de la Audiencia Provincial confirma la valoración de la prueba efectuada en primera instancia y subraya que, tras más de diez años desde la emisión de las facturas, la deuda permanece pendiente y la responsabilidad recae sobre el demandado. Contra esta resolución cabe recurso extraordinario, aunque no consta que se haya presentado.
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