La jueza de instrucción acuerda abrir juicio oral contra Mónica Oltra tras el rechazo de la Audiencia de Valencia de que se archivara la causa

La plaza número 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha decretado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell y exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y los otros 12 acusados por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por la Administración autonómica. La decisión viene una semana después de que la Audiencia Provincial de Valencia rechazara el archivo de la causa.

En total son 13 acusados, con diferentes delitos para cada uno dependiendo la implicación, pero que incluyen prevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores. La decisión ha sido tomada después de que la propia jueza pidiera el archivo de la causa y que la acusación particular y de las entidades Vox y la asociación Gobierna-te presentarán un recurso contra esta decisión.

En su escrito, la Audiencia indicaba que “si existe probabilidad de que los hechos puedan ser apreciados como subsumibles en una conducta, por acción u omisión, valorable razonablemente por las partes acusadoras como delictiva, aun cuando el magistrado instructor no comparta tal valoración, no puede negar a las acusaciones, que han formulado escrito de acusación (…) la apertura del juicio oral, porque es lo que procede en derecho”.

El caso contra Mónica Oltra

El procedimiento contra Oltra se inició tras la denuncia de que funcionarios de la Conselleria de Igualdad, que entonces dirigía Oltra, habrían manipulado o no tramitado adecuadamente la denuncia de la menor tutelada tras los abusos de su exmarido, que fue condenado por esos hechos. En los primeros momentos de la investigación, en 2022, el TSJCV acordó la imputación de Oltra y de otros altos cargos, sobre la base de la posibilidad de que existieran indicios de encubrimiento, lo que motivó una intensa polémica política y mediática e incluso la dimisión de Oltra de todos sus cargos.

Durante todo su recorrido, el proceso ha experimentado una serie de altibajos: en junio de 2025 el juez de instrucción denegó la apertura de juicio oral y acordó el archivo provisional de la causa, siguiendo el criterio del Ministerio Fiscal, que no encontró hechos constitutivos de infracción penal, lo que dejaba sin efecto el procesamiento ordenado por instancias anteriores. Esa decisión de archivo fue confirmada en diciembre de 2025 al desestimar los recursos de las acusaciones populares, que reclamaban continuar con la investigación.

Sin embargo, tanto la víctima como las acusaciones populares, entre ellas partidos políticos como Vox y otras asociaciones, recurrieron esas decisiones de archivo y exigieron que la causa siguiera adelante, argumentando que sí existían indicios suficientes para un juicio. El recurso de la víctima incluso señalaba un cambio radical en el criterio del instructor y solicitaba que se practicaran nuevas diligencias e incluso que comparecieran testigos clave para esclarecer por qué la menor fue presentada esposada en el juicio contra el exmarido.

Frente a esto, la defensa de Oltra sostuvo en febrero de 2026 que no existen indicios racionales de criminalidad que justifiquen el procesamiento, defendiendo que las resoluciones anteriores estaban ajustadas a derecho y que las acusaciones no habían aportado hechos concretos que sustentasen la apertura de juicio oral.