La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de impedir que Estados Unidos utilice las bases militares de Rota y Morón para atacar a Irán ha provocado críticas desde la oposición, que considera que la medida puede deteriorar la relación estratégica con Washington. El Ejecutivo sostiene, por el contrario, que el convenio bilateral que regula la presencia militar estadounidense en territorio español establece que cualquier uso operativo de estas instalaciones requiere autorización expresa del Gobierno y debe ajustarse al derecho internacional.
La polémica ha sido presentada en el debate político como una decisión excepcional, pero la hemeroteca demuestra que no es la primera vez que España veta el uso de sus bases para una operación militar estadounidense. Hace cuarenta años, en un contexto geopolítico muy distinto pero con un dilema comparable sobre la mesa, el Gobierno de Felipe González adoptó una decisión similar.
El veto español de 1986
El precedente se remonta a abril de 1986, cuando la administración del presidente estadounidense Ronald Reagan decidió lanzar una operación militar contra Libia tras el atentado perpetrado contra una discoteca frecuentada por militares estadounidenses en Berlín Occidental. Washington atribuyó la responsabilidad del ataque al régimen del líder libio Muammar Gaddafi, al que acusaba desde hacía años de promover acciones terroristas contra intereses occidentales.
La respuesta estadounidense fue una operación aérea contra varios objetivos militares y gubernamentales en Trípoli y Bengasi. La ofensiva, bautizada como Operation El Dorado Canyon, fue ejecutada durante la madrugada del 15 de abril de 1986 mediante un complejo dispositivo militar que combinó bombarderos F-111 desplegados en bases británicas con aviones embarcados en portaaviones estadounidenses situados en el Mediterráneo.
España ocupaba entonces una posición relevante dentro del entramado militar estadounidense en el sur de Europa. Las bases de Rota y Morón constituían dos enclaves logísticos clave para las operaciones norteamericanas en el Mediterráneo occidental, lo que hacía especialmente valioso su eventual apoyo para la operación. Washington solicitó a varios aliados europeos facilidades para la misión, pero la respuesta del Gobierno español fue negativa.
El Ejecutivo de Felipe González decidió no autorizar ni el uso de las bases españolas ni el sobrevuelo del espacio aéreo nacional por parte de los bombarderos estadounidenses que debían participar en el ataque. Aquella decisión obligó a modificar la planificación original de la operación. Los F-111 que despegaron desde el Reino Unido tuvieron que rodear la península ibérica para alcanzar el Mediterráneo central, una ruta considerablemente más larga que incrementó la complejidad logística de la misión. El desvío obligó a organizar varias operaciones de repostaje en vuelo y añadió miles de kilómetros al recorrido previsto, lo que convirtió la misión en una de las operaciones de combate más largas ejecutadas hasta entonces por la aviación estadounidense en Europa.
El delicado equilibrio tras el referéndum de la OTAN
La decisión del Gobierno socialista no puede entenderse sin el contexto político que atravesaba España en aquel momento. Apenas un mes antes del bombardeo de Libia, el país había celebrado el Referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN, una consulta histórica que debía decidir la continuidad del país en la Alianza Atlántica tras años de intenso debate político.
El referéndum se resolvió con la victoria del “sí”, pero el resultado fue relativamente ajustado y la campaña estuvo marcada por una gran movilización social contra la presencia militar estadounidense en territorio español. Durante años, amplios sectores de la sociedad española habían mostrado reticencias hacia la integración plena en la estructura militar de la OTAN y hacia el papel de las bases norteamericanas instaladas en el país desde la Guerra Fría.
El Gobierno de González defendía la permanencia en la Alianza Atlántica, pero lo hacía intentando mantener un cierto margen de autonomía en política exterior que permitiera gestionar ese clima interno. La negativa a facilitar las bases para el bombardeo de Libia se interpretó en ese contexto como una decisión destinada a preservar ese equilibrio político. España seguía siendo un aliado estratégico de Estados Unidos, pero el Ejecutivo quiso dejar claro que el uso de instalaciones militares en territorio español no era automático y que dependía de una decisión soberana del Gobierno.
El contraste con la guerra de Irak
La posición española respecto al uso de sus bases militares sería muy distinta años después durante el mandato de José María Aznar. En 2003, el Gobierno español respaldó la invasión de Irak liderada por Estados Unidos y el Reino Unido, una decisión que situó a España entre los principales aliados de Washington en aquella intervención.
En ese contexto, las bases militares estadounidenses en territorio español desempeñaron funciones logísticas dentro del despliegue de la coalición internacional. El alineamiento del Ejecutivo con la estrategia estadounidense generó una intensa contestación social en España y dio lugar a una de las mayores movilizaciones ciudadanas desde la transición.
Un año después, el 11 de marzo de 2004, se produjeron los atentados perpetrados por células yihadistas vinculadas al entorno de Al Qaeda en Atocha, Madrid. Diversos análisis posteriores señalaron que la participación española en la guerra de Irak formaba parte del contexto geopolítico utilizado por los terroristas para justificar el ataque, aunque los especialistas subrayan que la relación entre ambos acontecimientos no puede establecerse de forma directa ni automática.
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