
El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado un Real Decreto-ley que contempla ayudas para los afectados por las últimas borrascas que han afectado al país durante semanas. El paquete incluye más de 7.000 millones de euros, que recibirán tanto los municipios que deban acometer reparaciones de infraestructuras como los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas por las inundaciones.
La medida llega después de que la semana pasada también se aprobase la declaración de zona de emergencia de los municipios afectados por las fuertes precipitaciones, cuyos daños se cuantifican en miles de millones de euros, especialmente en Andalucía y Extremadura.
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“Queremos lanzar un mensaje de esperanza a todas las personas que han visto que su vida se ha alterado por estas borrascas para decirles que el Gobierno va a movilizar todos los recursos que sean necesarios para reconstruir los pueblos y las infraestructuras dañadas”, ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. “Seguiremos acompañando a los afectados cuando desaparezcan las cámaras”.

Ayudas a vecinos, ayuntamientos, agricultores...
“El objetivo no es solamente paliar los daños, sino impulsar la reconstrucción de las infraestructuras que han quedado afectadas”, ha explicado Montero, que ha añadido que los recursos movilizados van a permitir “cubrir los daños generados en los municipios, compensar a más de 12.400 personas desalojadas por estos fenómenos, así como mitigar el impacto que han sufrido las viviendas, los comercios, el sector agrícola y pesquero por las fuertes lluvias y por las crecidas de los ríos”.
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Así, en primer lugar, se aprueban ayudas para familias y hogares que persiguen “cuadruplicar el importe de las indemnizaciones que establece la ley por daños personales y materiales en viviendas y enseres, así como en establecimiento industriales, mercantiles o de servicios”. Estas, además, estarán exentas de tributación en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades.
Las más de 12.400 personas que tuvieron que ser desalojadas por el riesgo de inundaciones o las anegaciones de zonas de sus municipios también recibirán ayudas directas: 150 euros por persona y día.

Para los ayuntamientos se movilizarán 2.000 millones de euros en concepto de transferencia, no de préstamo. Además, Montero ha señalado que se permitirá la utilización del superávit del año 2025 y que se flexibilizará la regla de gastos para comunidades autónomas y corporaciones locales para que no se computen estas partidas presupuestarias y que no compitan con el gasto ordinario. Las ayudas aprobadas contemplan también un plan de empleo financiado con 50 millones que irá dirigido a los ayuntamientos afectados.
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El Real Decreto-ley también recoge medidas fiscales y de Seguridad Sociales: exención del pago del IBI y reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas para el 2026 cuando se afecten inmuebles dañados (si ya se ha efectuado el pago, los contribuyentes podrán solicitar su devolución). También la reducción de módulo del IRPF y del Régimen Simplificado del IVA para explotaciones y actividades agrarias de la zona afectada. “Esto supondrá un ahorro de 350 millones de euros para los contribuyentes”, ha señalado Montero, que ha añadido una prestación del cese de actividad hasta el 31 de mayo para los autónomos afectados, las exenciones a empresas en ERTE por causa mayor y el aplazamiento en las cuotas de Seguridad Social.
En la agricultura, uno de los sectores más afectados por las lluvias de las borrascas de estas semanas, se activan más de 2.100 millones de euros de ayudas directas para titulares de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Agrarias de las zonas afectadas.
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Además, se incluyen ayudas por 10 millones de euros para armadores de buques de pesca cuyo puerto base esté en las provincias de Málaga, Cádiz y Huelva por el amarre de la flota. También se reduce de 35 a 5 el número de jornadas cotizadas (peonadas) para cobrar el subsidio por desempleo o la renta agraria para trabajadores eventuales agrarios.
Por último, el plan de ayudas incluye 600 millones para reparación de caminos rurales o infraestructuras asociadas, 163 millones para la reparación de estructuras viarias y ferroviarias de titularidad estatal por parte del Ministerio de Transporte y 120 millones para la hostelería y el comercio minorista, así como líneas de financiación ICO de 100 millones para daños agrarios y para las indemnizaciones correspondientes al consorcio de seguros.
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Montero señala la importancia de combatir el cambio climático
Igual que señalaron la semana pasado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, y Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuando se aprobó la declaración de zona de emergencia, Montero también ha apuntado la importancia de movilizarse frente al cambio climático para evitar estos eventos climáticos tan virulentos.
Así, la ministra de Hacienda ha hecho un llamamiento para que salga adelante el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática: “Todas estas situaciones vienen provocadas por una realidad que nadie puede ya poner en duda, como es este fenómenos tan cercano del cambio climático. Por tanto, instamos a los partidos políticos, sobre todo al Partido Popular, a que suscriban este Pacto para permitirnos intervenir y que no tengamos que hacer frente a las consecuencias de las situaciones a las que hoy estamos intentando dar respuesta”.
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