Las claves del nuevo decreto que regula las bajas médicas de la Guardia Civil: desde las mejoras sanitarias a los “recortes de derechos laborales”

Este viernes 6 de febrero, el BOE ha hecho público el Real Decreto 67/2026, de 4 de febrero, por el que se regula la gestión de la incapacidad temporal del personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Un hecho histórico, ya que es la primera vez que las bajas estarán reguladas por un decreto único, y que, aunque viene acompañado de varias mejoras, desde las asociaciones de la Guardia Civil critican ante lo que consideran “recortes de derechos laborales”.

Entre las novedades más destacadas, figura el reconocimiento del derecho a percibir el 100% del salario durante las bajas por interrupción del embarazo, voluntaria o no, y por menstruación incapacitante, una medida que busca equiparar el régimen del Cuerpo al sistema general de la Seguridad Social y reforzar la protección laboral y sanitaria de las mujeres guardias civiles.

Además, desarrolla la estructura, la composición y las funciones de la sanidad del Instituto Armado en la gestión de las bajas médicas y fija una nueva clasificación en función de su duración: muy corta (de 1 a 4 días), corta (de 5 a 30 días), media (de 31 a 60 días) y larga duración (más de 60 días).

Eliminación de los cuatro días anuales de indisposición

Sin embargo, desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), una de sus principales quejas se centra en la eliminación definitiva de los cuatro días anuales de indisposición, de los que hasta ahora disfrutaban, y que consideran “una clara discriminación y un retroceso en derechos respecto al resto de funcionarios públicos”.

A partir del 25 de febrero de 2026, 20 días después de la entrada en vigor del Decreto, cualquier dolencia leve obligará al personal a solicitar la baja médica desde el primer día, con la consiguiente pérdida de productividad y del complemento retributivo de los incentivos al rendimiento diseñado para premiar el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria en el servicio.

“Si no conseguimos frenar esta pérdida, en cuanto entre en vigor la norma, se pierden los indispuestos; ya no tendremos cuatro días al año donde no se pierde productividad”, advierte Eugenio Nemiña, secretario jurídico de AUGC. La asociación denuncia que esta medida obligará a acudir al médico por cualquier malestar leve, lo que “prolongará las ausencias y generará más trámites innecesarios”, al tiempo que incrementará la carga burocrática y la saturación de los servicios sanitarios.

“Faltan más de 40 médicos”

Un punto, que a primera vista es positivo, es que el decreto refuerza notablemente los mecanismos de control de las bajas, otorgando un papel central a la Sanidad de la Guardia Civil, que podrá ordenar reconocimientos médicos, emitir informes obligatorios de seguimiento y proponer altas médicas, incluso parciales, para facilitar la reincorporación progresiva al servicio. En los procesos de larga duración se amplían los plazos para la entrega de partes de confirmación y se autoriza su remisión por correo electrónico, una mejora administrativa que AUGC reconoce como “positiva”.

Sin embargo, la asociación cuestiona la viabilidad real del sistema ante la falta de medios humanos. “Se incrementan los controles de baja, o eso dice la norma, porque mientras no incrementen el número de médicos, no creo que puedan llevarlo a efecto”, señala Nemiña, recordando que “faltan más de 40 médicos” en el servicio sanitario del Cuerpo.

Otro de los aspectos más polémicos es la obligación de comunicar los tratamientos psiquiátricos y psicofarmacológicos incluso cuando no exista baja médica. Desde la asociación consideran que esta exigencia supone una “invasión de la intimidad” y alertan de posibles vulneraciones del derecho a la privacidad.

Retrasos en la atención médica adecuada

A ello se suma la nueva regulación de las recaídas, que establece que, si el alta ha sido emitida por la Sanidad de la Guardia Civil, una nueva baja solo tendrá efectos si es confirmada por este mismo servicio. “Esto es insostenible”, denuncia Nemiña, al entender que limita la capacidad de actuación de la sanidad pública y puede retrasar la atención médica adecuada al personal afectado.

El texto también regula la pérdida de determinados complementos retributivos cuando se produzcan cambios de residencia por motivos médicos, salvo en los casos de bajas derivadas de acto de servicio o embarazo de riesgo, así como la suspensión de la compatibilidad para desempeñar otras actividades laborales durante el periodo de incapacidad temporal.

No obstante, AUGC destaca como un logro propio la retirada de un punto especialmente perjudicial del proyecto inicial, que preveía la pérdida automática de ciertos complementos por desplazamientos temporales superiores a siete días, aunque no se cambiara oficialmente de residencia. Entre sus victorias también destacan el hecho de haber conseguido que la propia Guardia Civil no pueda obligar a ningún agente a entregar toda la documentación médica que tenga en su poder “que pueda ser determinante para mantener su situación de baja temporal”.